Las concesiones mineras e hidroeléctricas del estado de Puebla no acatan la legalidad, pues ninguno de estos proyectos industriales fue consultado con las comunidades indígenas en donde se instalaron, principalmente en la Sierra Norte, según señaló el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación federal, Jaime Martínez Veloz, quien expuso que proyectos mineros como los de Zautla, Ixtacamaxtitlán o la hidroeléctrica de Olintla violan la Constitución al ser aprobados sin la autorización expresa de los habitantes y están generando responsabilidades que podrían tener consecuencias.
