Ya esto no será una planta extractora de oro de 300 hectáreas en mitad de Centroamérica. Dos décadas después de anunciado el proyecto, el Estado costarricense ha cerrado con candados la posibilidad legal de explotar el yacimiento y el conflicto está ahora en instancias internacionales: la compañía canadiense ha presentado este mes una demanda internacional por 94 millones de dólares, por las inversiones hechas en este pueblo abandonado con el nombre de Crucitas, en los bordes del cantón de San Carlos, provincia de Alajuela.
