En tanto organizaciones de Canadá y Québec, nos horroriza que la minera Infinito Gold, de Calgary, Canadá, haya decidido demandar al Gobierno de Costa Rica por mil millones de dólares, amparándose en el tratado de inversión bilateral Canadá-Costa Rica. Este es el último – y se podría decir más perturbador – intento de la gerencia de Infinito de intimidar al pueblo, al sistema judicial y al Gobierno de Costa Rica en relación a su decisión, en pleno derecho, de no aprobar la polémica mina de oro Crucitas próxima al río San Juan.
Se ha demostrado en encuestas que más del 75 por ciento de la población de Costa Rica rechaza la propuesta mina Crucitas. Algunas de las marchas de protesta más grandes en la historia del país han exigido el cumplimiento pleno con una prohibición de la minería a cielo abierto en todo el país, al igual que reparaciones de Infinito por los daños al medio ambiente que ocurrieron en contravención de la ley, y que la compañía se retire del país inmediatamente. En tres oportunidades, entre el 2010 y el 2013, la Corte Suprema de Costa Rica le negó a Infinito el permiso para seguir adelante con el proyecto.
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