En México, donde hay 34 millones de personas que dependen para el abasto de agua de acuíferos en camino a la extinción, hay inequidad en la distribución del recurso e impunidad hídrica, y las concesiones mineras –que cubren casi la mitad del territorio nacional– dejan acuíferos y cuerpos de agua contaminados, por lo que se requiere un nuevo modelo de gestión del líquido.
