Cada vez son más los pueblos y comunidades indígenas de México que ante la arbitrariedad de las autoridades estatales de negarles su derecho a la consulta antes de emprender proyectos de gran envergadura dentro de sus territorios, recurren a los tribunales y organismos de derechos humanos para reclamar que se ponga un alto a este tipo de actos. A manera de ejemplo se puede citar la comunidad rarámuri de Huetosachi, en el estado de Chihuahua; el pueblo cucapá en Baja California, y el pueblo wixárika, en el estado de Jalisco.
