En el juicio de apelación, celebrado en Turín el pasado día 3, el magnate suizo del amianto ha visto cómo su pena era incrementada de 16 años a que fue condenado en primera instancia a 18 años en esta nueva sentencia. Además, tendrá que pagar de forma inmediata a las víctimas o a sus familiares un importe por valor de 88 millones de euros, en concepto de indemnizaciones.
Esta pena se ha acercado a la máxima prevista para este tipo de delitos que es de 20 años, que era lo que pedía el ministerio fiscal. El pedir la máxima pena la justifica el fiscal diciendo que al leer de nuevo la sentencias del Tribunal Supremo en los casos más graves de desastres y muertes “me dí cuenta de que no había nada comparable con el desastre que se revive en el curso de este juicio”.