El extractivismo que sustenta el neodesarrollismo de los países dependientes marca por igual tanto las políticas de los gobiernos denominados «progresistas» (no se sabe muy bien por qué) como las de los llamados conservadores (si por conservadurismo se entiende la defensa por todos los medios del servilismo ante los intereses de la oligarquía local y de las empresas trasnacionales, así como a la política social e internacional que les dicta Washington).
La tierra arable uruguaya se llena así de plantaciones de eucaliptos, que alimentan las cada vez más numerosas fábricas productoras de pasta de papel a costa de la producción de alimentos, de los recursos hídricos, del ambiente y del propio turismo, fomentando la despoblación de las zonas rurales y del país mismo. Las estadísticas marcan un aumento grande del PIB pero, en realidad, lo que ganan menos de cinco grandes papeleras y apenas un puñado de terratenientes causa enormes daños a mediano y largo plazo al ambiente y a la economía y, en lo inmediato, condena a la sociedad a la falta de empleo.
Está claro que el caso Conga ha entrado a una nueva etapa, en la que se esperan decisiones importantes de los principales actores involucrados en el conflicto. Algunos hasta se animan a decir que estamos en un escenario post Conga.
El conflicto en torno a Mina Conga va durando ya lo que dura el Gobierno del Presidente Humala y se ha tumbado a dos primeros ministros con sus gabinetes. Ha costado, además, 5 muertos, decenas de heridos y más de una centena de denunciados y procesados, y el gobierno sigue sin saber bien qué hacer al respecto, salvo mantener el Estado de Emergencia en Cajamarca para impedir que la resistencia se manifieste abiertamente.
Algunas lecciones para el gobierno para evitar la violencia, priorizar el agua y garantizar los derechos de los pueblos