El Gobierno firmó la denominada “Convención de Minamata sobre mercurio”, referida a la prohibición de explotación de yacimientos mineros de este metal pesado, que en nuestro país está presente en condiciones críticas en ciudades como Arica, Copiapó, Chañaral y Puchuncavía, con efectos neurotóxicos y cancerígenos sobre la población. Los ambientalistas han cuestionado que el Ministerio de Minería expresara “letra chica” al momento de firmar esta convención, lo que fue interpretado como una defensa de las corporaciones canadienses presentes en Chile.
La Convención de Minamata sobre mercurio debe su nombre a la “enfermedad de Minamata”, que dañó o mató masivamente a personas y otras especies en Japón desde la década de 1950, en la ciudad de Minamata, donde la explotación de mercurio significó contaminar agua, suelo y aire con este metal pesado que actúa como neurotóxico y cancerígeno en el organismo. Desde ahí se configuró este instrumento jurídico internacional al alero de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya firmado por 87 países. En el Cono Sur de América ya está firmada por Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Venezuela, con excepción de Argentina y Brasil.
Aunque esta Convención prohíbe el desarrollo principal de minería de mercurio, cosa que en nuestro país no existe porque sólo se extrae mercurio como metal que se encuentra junto a otros minerales principales como el oro, el cobre o la plata, la acotación que hizo el Gobierno al momento de la firma es algo que motivó la reacción de agrupaciones de corte ambientalista.
En efecto, el subsecretario de Minería Francisco Orrego, declaró desde Japón que “Chile comparte que la prohibición de la minería primaria de mercurio constituía una decisión fundamental de esta Convención, pero como un caso excepcional y único en la minería primaria”. Esta declaración acotada del funcionario de Gobierno se debería en los hechos a la existencia de varias minas donde sí se extrae mercurio, pero como mineral secundario, asociado fundamentalmente a la extracción del oro. Importa decir que en 2012 salieron de Chile 47.500 toneladas de concentrado de oro.
La extracción de mercurio como mineral secundario se da en principalmente en los yacimientos de Mantos de Oro y de Maricunga, ambas de la empresa transnacional de capitales canadienses Kinross, acusada de haber contaminado con mercurio las napas subterráneas de la Quebrada de La Coipa, en Copiapó, región de Atacama. O también los yacimientos de El Peñón en la comuna de Antofagasta y de Florida en la comuna de Alhué, región Metropolitana, ambas de propiedad de la empresa Yamana, también de capitales canadienses.
Además, mientras la gran minería utiliza cianuro para separar al oro, la pequeña y mediana minería utiliza al mercurio para cumplir esta función, lo que ha creado un mercado cada vez más atractivo, que no estaría sujeto a las limitaciones de la Convención de Minamata. En esto se funda la suspicacia por la “letra chica” planteada por el director del Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca.
En esa línea, el ambientalista explicó que “en Chile se le quiere dar un enfoque hacia la preocupación que hay de los pequeños mineros artesanales que usan el Mercurio para el proceso de extracción del Oro, pero acá lo que no se quiere reconocer, ni decir es que los grandes productores de Mercurio, exportan Mercurio son las grandes mineras de Oro. Acá se da la situación al revés, los pequeños artesanales usan Mercurio para reducir y extraer el Oro, pero en la Gran Minería del Oro producen Mercurio”.
En consecuencia, la acotación dada por el Gobierno a la firma de esta Convención sobre el mercurio significaría, según los ambientalistas, una salvedad para no tocar con nuevas regulaciones a la Mega Minería de oro, particularmente en momentos en que se discute o se han judicializado proyectos como “Pascua Lama”, en la comuna de Alto del Carmen, y “Cerro Casales”, en la comuna de Tierra Amarilla, de propiedad de la minera Barrick Gold, también de capitales canadienses.