El estatal Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia (ANLA) suspendió hoy la licencia que tenía la multinacional estadounidense Drummond para cargar y descargar carbón, luego de que se denunciara que esa firma vertió accidentalmente en enero pasado carbón al mar.
El estatal Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia (ANLA) suspendió hoy la licencia que tenía la multinacional estadounidense Drummond para cargar y descargar carbón, luego de que se denunciara que esa firma vertió accidentalmente en enero pasado carbón al mar.
La directora de ANLA, Luz Helena Sarmiento, declaró que la firma minera reconoció que arrojó al mar al menos 500 toneladas de carbón, que pueden originar una emergencia ecológica en el puerto de Ciénaga y su zona de influencia en el mar Caribe.
«La ANLA impone mediante la resolución 123 del 6 de febrero de 2013 la medida preventiva de suspensión inmediata de la actividad de cargue de carbón. La decisión se toma luego de que la ANLA observara el inadecuado manejo por parte de la empresa sobre la contingencia ocurrida el pasado 13 de enero, donde vertieron 500 toneladas de carbón al mar», declaró a periodistas la directora de ese organismo estatal.
El hecho fue denunciado por un grupo de ambientalistas, que con fotografías ilustraron como fue arrojado el carbón sobre el mar Caribe para evitar que una embarcación que transportaba ese mineral se hundiera al parecer por el ingreso de agua.
«La empresa nos dijo que fueron vertidas 500 toneladas, la investigación nos dirá cuántas fueron en realidad. No va hacer fácil determinar los impactos», añadió la funcionaria.
Sarmiento aseguró que la multinacional no activó un plan de contingencia de acuerdo a lo establecido, ya que no informó de lo ocurrido a las autoridades locales.
La medida es temporal hasta que la Drummond presente un plan de contingencia para evitar una emergencia ecológica. La empresa afirmó que una vez ocurrió el hecho recogió el carbón vertido al mar.
«Hechos como los ocurridos no pueden volver a ocurrir, las empresas mineras deben saber que las normas están para cumplirse y que nosotros estamos para hacerlas cumplir», concluyó la funcionaria.
Por su lado, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar contra la Drummond para establecer si se cometió un delito ambiental durante el incidente ocurrido en enero pasado.