Viernes, 30 de Abril de 2010
Gloria Silvia Orellana, Redacción Diario Co Latino
La crisis en once centros penitenciarios está afectando directamente los procesos judiciales a escala nacional. La audiencia preliminar en el Juzgado Especializado de Instrucción que ventila el caso de asesinato al ambientalista Marcelo Rivera, fue suspendida esta mañana.
Los pobladores pertenecientes a la “Mesa Nacional frente a la Minería” de San Isidro, Cabañas, escucharon con decepción el atraso en el proceso que permitiría elevar la investigación a la fase de Vista Pública, contra seis de los siete imputados en el asesinato de Marcelo Rivera.
El ambientalista Marcelo Rivera fue secuestrado, torturado y asesinado en junio del año pasado, luego de una campaña de amenazas en su contra, por su lucha contra la explotación de la Pacific Rim, en la Mina El Dorado, y por oponerse al relleno sanitario del alcalde José Bautista, en San Isidro, Cabañas. Luis Francisco López, querellante en el caso, afirmó que “la suspensión de la audiencia se dio porque no todos los imputados estaban presentes para su intimación, así que el juzgado tendrá que reprogramar la audiencia dependiendo de su carga de trabajo”.
Asimismo, reiteró que el argumento principal como acusadores, es que ha faltado una investigación exhaustiva y profesional de los autores intelectuales del crimen cometido .
Miguel Rivera, hermano de Marcelo, afirmó: “sabemos y está documentado, que la gente que lo mató recibió dinero por hacerlo, entonces, quien pagó para ese crimen es el autor intelectual y no se ha investigado”.
Sobre las amenazas al movimiento social contra la minería en San Isidro, Cabañas, el abogado Luis Francisco López señaló que “el único que se beneficia con el exterminio del movimiento social contra la minería es la empresa Pacific Rim y por eso pediremos que se investiguen sus ganancias, así como las amenazas que surgen del pueblo mismo contra los ambientalistas”, sugirió.
Al asesinato de Marcelo Rivera se suman el de Ramiro Rivera Gómez y Dora Alicia Sorto (y su hijo nonato), que no se vislumbran aún a los culpables. Ante esta situación organizaciones sociales de Estados Unidos y Canadá han expresado su preocupación por la impunidad en el asesinato de estos ambientalistas.