Han salido a la luz pública las transcripciones de las escuchas telefónicas del exjefe de la seguridad de la empresa minera Tahoe Resources, Alberto Rodondo, derivado de una demanda civil en Canadá por víctimas sobrevivientes al tiroteo ocurrido el 27 de abril de 2013, afuera de la entrada del proyecto Escobal. Las transcripciones brindan evidencias contundentes sobre que Rotondo dirigió un ataque armado en contra de manifestante pacíficos, realizando acciones de encubrimiento de evidencias de dicho crimen, para posteriormente intentar huir del país. Las escuchas telefónicas salieron a la luz pública gracias a una investigación realizada por el Ministerio Público de Guatemala dos semanas antes de los hechos ocurridos, aparentemente relacionado hechos violentos anteriores. Las mismas que fueron originalmente presentadas ante una audiencia pública en mayo 2013 en Guatemala, cuando se levantaron cargos de asalto y encubrimiento en contra de Rotondo.
Siete guatemaltecos lesionados durante el ataque presentaron una demanda civil en contra de Tahoe Resources, con sede en Vancouver, Canadá, alegando que tiene responsabilidad por negligencia y agresiones en torno al ataque. Las primeras audiencias en la Corte Suprema de Columbia Británica, Canadá iniciaron el 8 de abril de 2015. Según la demanda presentada, Tahoe está acusado de haber autorizado expresamente el uso de fuerza excesiva por Rotondo y su personal de seguridad en contra de las personas heridas. Así mismo la Empresa fue negligente por haber fallado en prevenir el uso de la fuerza excesiva. Las transcripciones de las escuchas telefónicas han sido entregados como prueba en el caso.
En la transcripción número 4010, como parte de una conversación con el asesor de comunicaciones y seguridad, Alberto Rotondo explica que se pretende acabar las manifestaciones en contra de la mina con violencia: “Los corrí a balazos […] Traigan al cura Melgar pues, o a mujeres y niños para que se defiendan, ¿no eras el mero brincón? Así les dije a todos. Bueno hijue putas! […] Y les metí pero así […] En ningún momento yo voy a permitir, no voy a permitir que estos agarren confianza…”
En la transcripción número 4052, aparentemente hablando con uno de las guardias bajo su mando, Rotondo continúa: “Dicen que uno, tiene una, un balazo en la cara y… si le estalló en la cara, a balazos es que aprenden.”
En la misma transcripción, Rotondo ordena alterar la evidencia, mientras inventa otra versión de los eventos: “Limpien las armas pues […] Límpienlas bien, decimos ‘aquí no pasó nada.’ Grabaciones no hay ¿me entiendes? […] La versión es: que entraron y ellos nos atacaron. Y los hemos repelido no. […] Hay que decirle a la gente, es de que no se preocupe, que ellos vienen todos los días a agredirnos, con machetes y con piedras y la gente se ha defendido pues. Ahí están, allí están los escudos rotos. Pero quiebren dos más, para que vean de que nos atacaron.”
También parece que Rotondo coordinó con un oficial de la policía, con el nombre ‘Adilio’, conocido así por los vecinos de la zona, para asegurar que los guardias de seguridad y la policía contaran la misma versión de los eventos del 27 de abril. Activistas locales también sospechan que un individuo actuando bajo la dirección de Rotondo, referido en las escuchas como ‘El Moreno’, se había infiltrado en sus reuniones.
Finalmente, durante una llamada con su hijo en Lima, Pedro, Rotondo informa sobre sus planes para escapar: “Han habido problemas aquí en Guatemala y es mejor que me ausente un tiempo. ¿Si? […] Le saque la mierda a varios huevones aquí. Que se vayan al carajo. Entonces para evitarme un tema legal y esa onda.”
Justo después de esta última llamada, Alberto Rotondo fue capturado en el aeropuerto internacional de Guatemala y ligado a proceso por asalto y obstrucción de justicia. Seis campesinos y un estudiante fueron lesionados en el ataque. Todos son residentes de la municipalidad de San Rafael Las Flores donde está ubicada la mina Escobal. Al mismo tiempo existe un proceso penal en contra de Alberto Rotondo en Guatemala, pero este ha sido demorado varias veces por diferentes estrategias jurídicas desde el 2013 a la fecha.
El 1 de mayo de 2013, Tahoe Resources publicó un comunicado con el propósito de echar la culpa a otros, declarando que la violencia proviene de “actores ajenos” y son responsables de aumentar las tensiones alrededor de la mina, con “una manifestación de aproximadamente 20 personas armados con machetes se volvió hostil”.
En una entrevista realizada por la agencia de noticias canadiense ‘iPolitics’ con el Representante de Relaciones con Inversionistas de Tahoe Resources, Ira Gostin, después de la publicación de las escuchas telefónicas presentadas como evidencia durante la audiencia pública el 6 de mayo de 2013 en Guatemala, Gostin afirmó que las escuchas eran falsas y que las acusaciones contra Rotondo eran inventos, mientras que dichas pruebas indican lo contrario.
La empresa no publicó otra declaración pública sobre el hecho hasta el 10 de julio cuando reportó haber terminado su contrato con la firma de Rotondo. En comunicaciones posteriores el Consejo Ético del Fondo de Pensiones Noruego publicó en su informe anual de 2014 que Tahoe Resources “[negó] que Señor Rotondo ordenó el asesinato de manifestantes pero no quiso dar más información sobre este punto dado a que hay un proceso abierto.” El Fondo de Pensión Noruego concluyó su investigación con la recomendación de no invertir más en Tahoe Resources.
Según una declaración presentada por el Vice Presidente de Operaciones, Donald Paul Gray, Tahoe Resources originalmente contrató a Rotondo a través de un acuerdo con International Security and Defense Management, LLC (ISDM), una empresa estadounidense con sede en California y liderado por ex-militares con experiencia en Afganistán y Iraq.
Después, aconsejado por ISDM, Rotondo fue contratado directamente por la subsidiaria de Tahoe Resources, Minera San Rafael. Anteriormente, Rotondo sirvió con la Marina del Perú y, según su página personal de LinkedIn, ha recibido entrenamiento militar en Fort Bragg, Carolina del Norte, EEUU, sobre la guerra psicológica y el contra-terrorismo en conflictos de baja intensidad.
La demanda civil presentada en Canadá por los siete agraviados en contra de Tahoe Resources por sus acciones en el extranjero es la primera en su tipo de ser escuchado en la provincia de Columbia Británica (B.C.). Las transcripciones de las escuchas telefónicas fueron entregadas como parte del proceso. Las audiencias de esta semana giran en torno a una solicitud de Tahoe Resources para desestimar el caso, que debe ser escuchado en B.C. o en Guatemala.
Se incorporó Tahoe Resources bajo el Acta de Corporaciones del B.C. y tiene sus oficinas centrales en Vancouver. Goldcorp, dueño de la Mina Marlin en el noroeste de Guatemala lo cual ha sido un fuente de conflicto con las comunidades indígenas afectadas por más de 10 años, tiene 40% de las acciones de Tahoe Resources y anualmente nombran 3 directores a su junta directiva.
Amnistía Internacional Canadá, Alerta Minera Canadá y la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA) han monitoreado y reportado sobre este caso durante los últimos años.
Copias de las transcripciones de las escuchas telefónicas y la otra declaración mencionado en este boletín están disponibles aquí: evidencia de escuchas y declaración de Donald Paul Gray.
Contactos:
Jen Moore, Alerta Minera Canadá , (613) 569-3439, jen(at)miningwatch.ca
Megan Whelan, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), (011)-502–2288-9504, Megan(at)nisgua.org
Tara Scurr, Amnistía Internacional Canadá, (604 )294-5160 x102, TScurr(at)amnesty.ca
Fuente: Mining Watch Canada