Jesús Rodríguez Montes
Malinaltepec
Segunda parte
En los primeros días de noviembre de 2010, en la comunidad me’phaa de Paraje Montero, Malinaltepec, se llevó a cabo la asamblea donde los indígenas de este núcleo agrario dieron su anuencia a la empresa minera Camsim. En otros núcleos agrarios, de mayor tamaño, la empresa no ha encontrado las mismas facilidades, por el contrario, se ha enfrentado a un grupo de campesinos organizados que, aseguran, realizarán las acciones que les sean posibles para evitar la explotación de sus territorios por los daños que provocarían en el entorno.
Es el caso en Totomixtlahuaca, del municipio de Tlacoapa; en Colombia de Guadalupe y Ojo de Agua, de Malinaltepec; y en los bienes comunales de Iliatenco, donde en asamblea realizada el 6 de noviembre los comuneros en definitiva se negaron a convenir con la empresa, a pesar de que les ofreció dinero.
Melitón Santillán Cantú es un sacerdote de 47 años oriundo de Iliatenco. Actualmente es párroco de Malinaltepec. Desde hace varios años participa activamente en la organización de la gente para la protección de los recursos naturales y ahora se ha enrolado en el movimiento anti mineras que comienza a desplegarse en los pueblos, pues está convencido de que las empresas “no están aquí como para responder a la gente pobre y en mi parte de sacerdote, representante de Jesucristo que es un profeta, que no sólo anuncia las buenas noticias, sino también las malas, no puedo quedarme callado frente a una injusticia que se va a cometer contra el pueblo pobre”.
En una entrevista realizada en las faldas del cerro de la localidad El Tepeyac, Malinaltepec –un entorno colmado de pinos y encinos, el frío se torna intenso apenas cayendo el atardecer– Santillán cuenta que, en calidad de comunero, acudió a la asamblea de los bienes comunales de su pueblo, donde más de mil comuneros, en presencia de enviados de la empresa y de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), votaron a mano alzada en contra de la explotación de la mina. Uno de los primeros reveses para la minera.
En esa asamblea, asegura Santillán, los enviados de la empresa, de apellido Larequi, les confirmaron que días antes en Paraje Montero ya habían aceptado el proyecto y que a cambio, les dieron una serie de compensaciones, incluyendo un millón de pesos “sólo por la exploración”.
En Iliatenco, “la Secretaría de la Reforma Agraria estuvo como queriendo animar a la gente con proyectos productivos que supuestamente mandó la Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) federal; pero la gente dijo que no”, cuenta.
Más allá de la posición asumida por las autoridades que alientan la instauración de las mineras ante los campesinos, algo “normal” entre los funcionarios estatales y federales, a Santillán también le resulta “lógica” la posición que han asumido los empresarios, que mienten en las asambleas comunales y ejidales.
Por ejemplo –sostiene el sacerdote– en Iliatenco los empresarios revelaron que en Paraje Montero dieron un millón de pesos para conseguir la anuencia, pero después, en una reunión con campesinos de este núcleo, negaron su dicho.
Esa situación le ha originado un conflicto a Santillán, pues en Paraje Montero los representantes de los Bienes Comunales le han pedido que vaya a comparecer para aclarar lo del dinero y lo tildan de “mentiroso”, pero él sostiene que se trata de una acción de la empresa y de comuneros aliados con el objeto de desarticular el movimiento de otros campesinos de la zona que ya se están organizando para impedir los proyectos.
Dice que por participar en la organización de las comunidades, ha sido objeto de amenazas en años anteriores. Actualmente, revela que su oposición a las mineras también le ha valido nuevas acciones de amedrentamiento.
“No creo que una minera quiera el bien, no sé si mi ignorancia me hace decir estas cosas, pero a las mineras se les hace fácil desaparecer e intimidar a las personas. Eso es lo que ha pasado en Oaxaca, donde un sacerdote por oponerse está exiliado”, afirma.
Miguel Ángel Mijangos Leal, activista con más de 15 años de experiencia en procesos de desarrollo comunitario en La Montaña y ex integrante del Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos (PAIR), un proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista explica que el procedimiento a seguir para obtener una concesión minera resulta “tan sencillo” como presentarse ante la oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico, llenar un formato burocrático para la solicitud dirigida a la Dirección General de Promoción Industrial, Agroindustrial y Minera, y pagar cierta cantidad de dinero.
La primera etapa es obtener la concesión de exploración, precisa Mijangos. Una vez ubicada el área y los minerales que extraerán, el siguiente paso es cumplir con los criterios de protección al medio ambiente que determina el gobierno mexicano y después, obtener la anuencia de las comunidades para realizar la explotación, es decir, las actas de asambleas agrarias donde se compruebe que, ya sea ante el Ejido o los Bienes Comunales, se sometió a consulta de sus integrantes la petición y que éstos la aprobaron. Luego, las autoridades agrarias del gobierno validan el convenio entre campesinos y empresas.
Es en estos dos últimos procesos donde las cosas suelen manipularse por parte de las empresas, asevera Mijangos. Primero, porque en la mayoría de las concesiones de explotación, con anuencia de las instancias del gobierno, se ignoran las disposiciones vigentes en las de leyes de protección al ambiente.
Después, en la etapa de anuencia de los campesinos, las asambleas suelen ser “amañadas”, controladas por unos cuantos líderes que a espaldas de la comunidad negocian con los empresarios. Lo más grave de todo, dice el activista, es que las autoridades del gobierno se prestan a que las cosas se manejen de esa manera, incluso participan en las asambleas tratando de convencer a los campesinos de las bondades del proyecto, sin mencionar una sola palabra de las afectaciones al entorno.
En el documento Títulos de Concesión Minera Expedidos entre 2000-2009, se especifica respecto a los proyectos Mina San Javier y La Diana que Camsim piensa desarrollar en Malinaltepec e Iliatenco en los lotes San Gabriel y Diana con una superficie de 253 y 14 mil 722 hectáreas respectivamente que los concesionarios son Miguel Joaquín Larequi Radilla y Socios, en San Gabriel, y Diana Rebeca Castillo García, en Diana. Los permisos tienen vigencias de 2005 a 2011, en San Gabriel, y de 2009 a 2059, en Diana.
Tinieblas en La Montaña
En víspera de las fiestas de Año Nuevo, en la cabecera de Zapotitlán Tablas, un municipio me´phaa donde gobierna el PRI, las horas transcurrían con las actividades cotidianas en estas fechas: música por doquier, algunos ebrios en las calles y el Palacio Municipal cerrado por vacaciones.
Charlando con lugareños, el reportero confirma que aquí no se sabe nada de que en 2011 se instaurará el ambicioso proyecto minero denominado Corazón de Tinieblas, un nombre que bien equivale al misterio que hay en torno a él, cuando menos entre los habitantes y las autoridades municipales.
Para llegar a la cabecera de Zapotitlán Tablas, municipio que en la región adquirió fama por el encono violento que hay entre las organizaciones Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) y Antorcha Campesina, hay que atravesar una carretera que a pocos meses de haber sido oficialmente rehabilitada con recursos federales y estatales, ya está en mal estado.
Para llegar a las comunidades los indígenas tienen que atravesar caminos de tierra, algunos sinuosos al extremo. Precisamente en esas comunidades es donde se planea instaurar el proyecto minero, en un área de 43 mil 700 hectáreas, aunque los habitantes aún no lo saben.
Un chofer de transporte público, oriundo de la cabecera, dice al reportero que, a diferencia de lo que ha ocurrido en San Luis Acatlán y Malinaltepec, por Zapotitlán no se han observado sobrevuelos de helicópteros.
La regidora de Seguridad Pública, Aracely Sánchez Espinobarros, se muestra sorprendida ante las preguntas del reportero, sobre todo cuando le dice que precisamente este municipio se considera para el proyecto el perímetro de mayor tamaño.
–¿Qué se saben en el Cabildo sobre el proyecto minero Corazón de Tinieblas?
–Nada señor, al menos ante el
Cabildo no ha llegado información de nada de eso, supongo que si se va a hacer, cuando menos al Cabildo tiene que llegar la información.
En la página oficial del gobierno de Guerrero, en la reseña del municipio, se dice que en Zapotitlán existen veneros de antimonio, cuarzo y cobre. Sin embargo, un joven cuenta que en el cerro Altiapa, ubicado frente a la cabecera, algunas personas afirman que “han encontrado oro”, o cuando menos suponen que de ese mineral se tratan las impregnaciones brillantes que observan en las piedras. “Aquí cerca hay un pueblo que se llama Barranca Oro, ya es en Acatepec (municipio vecino), ahí sí dicen que hay oro, eso dice la gente”.
En el documento Títulos de Concesión Minera Expedidos entre 2000-2009, se especifica respecto al proyecto Corazón de Tinieblas, que la concesión legal está a nombre de la Minera Zalamera S.A. de C.V., que opera otros proyectos en pueblos indígenas de Chiapas y Oaxaca y que es aliada de la británica Hochschild Mining.
Este proyecto contempla los municipios de Malinaltepec, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas y San Luis Acatlán.Territorialmente, el proyecto está dividido en tres partes: Corazón de Tinieblas, en su mayor parte en Zapotitlán, concesionado desde 2005 hasta 2011 para exploración, en un área de 43 mil 700 hectáreas; Corazón de Tinieblas Reducción Sur y Reducción Norte, con una extensión de 2 mil 800 y 3 mil 300 hectáreas respectivamente, concesionadas para reducción de 2009 a 2059.