La Sala Constitucional de la Corte Suprema comenzó a escuchar los alegatos y el análisis de la decisión de la justicia de Atacama, que paralizó el proyecto minero Pascua Lama de la transnacional minera Barrick Gold hasta que cumpla con las medidas de mitigación impuestas por el regulador ambiental.
En julio pasado, la Corte de Apelaciones de Copiapó ratificó la paralización del proyecto minero, luego de realizar una inédita inspección a más de 4 mil metros de altura.
El fallo sostuvo que Barrick no cumplió con las obligaciones medioambientales con las que se comprometió en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y ordena que la empresa proceda al cumplimiento de los compromisos con la autoridad.
Asimismo, determinó que la minera no podrá continuar con el proyecto mientras no se desarrolle íntegramente las obras de mitigación para no dañar el medio ambiente y la vida de la población.
El tribunal acordó “mantener paralizada la construcción del proyecto minero en cuestión hasta que se adopten todas las medidas contempladas (…) para el adecuado funcionamiento del sistema de manejo de aguas, así como las medidas urgentes y transitorias que ha ordenado la Superintendencia del Medio Ambiente”.
El abogado de Barrick Gold, José Antonio Urrutia señaló que “nosotros como empresa venimos a pedir que se confirme el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, porque la empresa ha reconocido que ha cometido infracciones a la Resolución de Calificación Ambiental, y por lo tanto creemos que ese fallo está ajustado a derecho”.
“Como empresa esperamos ahora hacer las cosas bien, estamos cumpliendo con todo lo que nos dice la autoridad, con todos los requerimientos y vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que este proyecto se haga con pleno cumplimiento y apego a la legislación vigente, a las resoluciones administrativas y a lo que disponga la autoridad y las comunidades vecinas”, enfatizó el jurista.
Por su parte, el abogado por un grupo de comunidades diaguitas en la zona, Inti Salamanca, resaltó que la posición de la empresa es una estrategia judicial para que no se critique, ni se pida una nueva evaluación ambiental, como ellos quieren.
Salamanca agregó que pedirán a la Corte Suprema que “consideramos que se debe aplicar el Convenio 169 de la OIT, por cuanto en el año 2006 no hubo consulta alguna a los pueblos originarios diaguitas en la zona, por lo que procede ahora es la revisión total del proyecto, recalificarlo, porque los impactos ambientales que se dan en el lugar ya fueron constatados por la Corte de Apelaciones de Copiapó y estimamos que en esas condiciones el proyecto es inviable por la contaminación subterránea que le provocará a los afluentes del Ríos Huasco”, apuntó el recurrente.
Asimismo, el abogado por la Comisión del Medio Ambiente de Atacama, Edesio Carrasco aseguró que la autoridad ambiental en este caso ha actuado correctamente, añadiendo que “aquí lo que se ha alegado ciertas omisiones por parte de la Comisión de Evaluación en orden de sancionar al proyecto, eso se ha hecho, hay seis procedimientos sancionatorios resueltos ya, hay incluso un procedimiento paralelo a esto ante el Segundo Tribunal Ambiental y por lo tanto lo que nosotros hemos planteado desde el inicio es que la Comisión ha actuado y ha actuado bien, toda vez que ha impuesto seis procesos sancionatorios, dentro del ámbito de su competencia” aseguró el abogado.
Luego de estos alegatos, fuentes judiciales señalan que el fallo final quedará pendiente por al menos unas tres semanas.
El proyecto Pascua Lama contempla la explotación de una mina de oro a rajo abierto, ubicada a más de 4.000 metros.
La fase de producción comenzaría el segundo semestre de 2014, según estimaciones de Barrick, tras una primera inversión de 8.000 millones de dólares y otra de 8.500 millones.