La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia da la razón a la asociación vecinal Oro No, que había denunciado la actuación ilegal de la canadiense por el incumplimiento en la autorización de horarios y la falta de control en los vertidos realizados durante sus tareas de prospección en Tapia de Casariego.
En la sentencia, a la que ha podido acceder la Plataforma Salvemos Cabana, la autoridad judicial certifica que la actuación del colectivo asturiano tuvo lugar tras la impugnación de la resolución del 17 de marzo de 2014 de la Consejería de Economía y Empleo del Principado tras el acuerdo de no iniciación del expediente sancionador derivado de los presuntos incumplimientos de la mercantil Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) de las condiciones impuestas en la autorización ambiental en su «Proyecto de campaña de sondeos de cierre de malla» en el paraje de las lagunas de Salave.
Tras la revisión del caso, el Tribunal considera probado que «no cabe duda de que existían indicios claros de la comisión por parte de la empresa denunciada de actuaciones que pudieran suponer incmplimientos de los condicionantes impuestos en la autorización que le permitía realizar los sondeos, con un grado de suficiencia tal como para que fuera necesaria la incoacción del procedimiento sancionador».
En base al hecho, el TSJ ha resuelto, en sentencia fechada el 14 de septiembre que la Administración demandada debe «incoar y resolver el procedimiento sancionador correspondiente por los hechos objeto de denuncia por la entidad actora».
La minería del oro en Asturias, en el ojo del huracán
Esta resolución llega en un momento en el que la megaminería en Asturias está siendo cada vez más cuestionada en público. El pasado mes de julio, la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía presentó denuncia de oficio por la contaminación del río Cauxa a consecuencia de los vertidos tóxicos del proyecto aurífero El Valle-Boinás, operado por la también canadiense OroValle, anteriormente denominada Kinbauri España S.L.U.
De las diligencias practicadas por el organismo judicial se desprende que Cauxa, afluente del Narcea, viene soportando a su paso por el proyecto de OroValle en Belmonte de Miranda la emisión de sustancias catalogadas como peligrosas, y que existen pruebas suficientes para atribuir a la minera «la autoría y plena responsabilidad» de los hechos denunciados, certificando una vez más, a la vista de los hechos, que los tan manidos conceptos de sostenibilidad y responsabilidad minera no dejan de ser un mero instrumento de márketing corporativo.