El regulador afirmó que dentro de seis meses espera tener una resolución respecto del caso SQM. Además, dice que la estructura de «cascada» puede generar situaciones controvertidas y que en otros mercados no está permitida
El viernes pasado, cerca de la hora del partido entre la selección de fútbol de Chile y Venezuela, el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, firmó el documento en el que formuló cargos en contra de cuatro ejecutivos ligados a las «sociedades cascada» con las que Julio Ponce controla SQM, por transacciones accionarias de estas firmas realizadas en bolsa entre 2009 y 2011.
El lunes pasado, los involucrados fueron notificados oficialmente por correo, y el martes se divulgó la noticia al mercado. Coloma no podía esperar más tiempo para poner en marcha esta fase del caso, ya que debía viajar al Chile Day en Londres los días siguientes y la próxima semana estará fuera del país en una reunión de reguladores.
Pero lo más importante es que él quiere que este proceso -independiente del resultado final- se defina bajo su mandato, que terminaría en marzo del próximo año, cuando se produzca el cambio de gobierno; es decir, dentro de seis meses, que es el plazo que estima dure la fase de descargos e informes finales.
La entidad estimó que, presuntamente, Julio Ponce, Aldo Motta, Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán Lyon habrían cometido diversas infracciones a las leyes de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas.
La SVS presume la existencia de un esquema, estructurado a base de reiteradas operaciones de inversión y financiamiento en bolsa, que habría llevado a que las «sociedades cascada» proveyeran a las diferentes sociedades relacionadas a Julio Ponce y, en menor medida, a firmas ligadas a Roberto Guzmán, de acciones de Oro Blanco, Calichera-A y SQM-B. Esto, a precios que, en general, pueden ser entendidos como «bajo mercado» y en condiciones que imponían barreras a la participación de un mayor número de inversionistas.
Tiempo después, esas acciones se vendían a valores que, la mayoría de las veces, podrían ser considerados «sobre mercado», siendo las contrapartes, generalmente, las propias «sociedades cascada».
En Londres, y tras participar de las actividades del Chile Day, Fernando Coloma conversó en extenso y a solas con «El Mercurio».
-¿Fue coincidencia que se conociera esta formulación de cargos en el Chile Day? ¿La investigación venía desde hace un año?
«Poco más de un año. Es un proceso largo, porque se analizó información de los años 2009, 2010 y 2011. Fue un duro trabajo, intenso, y es una coincidencia absoluta que haya sido ahora».
-¿Algunos se quejaban que ustedes se estaban demorando mucho en la investigación?
«Esa queja, evidentemente que se hacía pública de diferentes formas. La prensa preguntaba. Pero en realidad, esto tenía que ver con la complejidad y con el rigor del análisis que nos debe caracterizar. Hemos puesto todo nuestro mejor empeño, entendemos las necesidades del mercado, que había una incertidumbre y que era importante aclararlo, pero en términos correctos con la información disponible. Dado lo que obtuvimos, podemos presumir fundadamente que habría habido las infracciones establecidas, las cuales se explicitan en la formulación de cargos».
-En el comunicado, la superintendencia dice que la investigación puede involucrar a otras personas o entidades. ¿En ese segmento caben las corredoras, otros ejecutivos o directores?
«No quiero entrar a especificar y detallar. Sí, esta es la primera etapa del proceso de fiscalización y pueden venir otras etapas a futuro».
-¿Y otros involucrados?
«Otras etapas es una manera genérica de decirlo».
-¿Cuándo se va a determinar eso? ¿Tienen un plazo?
«Es difícil fijarse un plazo concreto. Nuestra idea es que estas cosas se aclaren a la brevedad, entendemos las necesidades de mercado, y eso es precisamente la razón por la cual esto se hizo público. En general, las formulaciones de cargos se mantienen bajo reserva, salvo cuando hay un tema de confianza pública involucrado, y esa es una facultad que tengo yo, y en este caso la he ejercido en vista de las necesidades de mercado que se percibían».
-¿Cuáles fueron las variables que determinaron que este era un tema de interés público?
«Ese es un tema que uno debe interpretar a la luz de distintos elementos. No hay un decálogo exacto. Pero lo que nos ha parecido, es que en esta operación han aparecido públicamente dudas de partes interesadas, las que en juntas de accionistas plantearon reparos a una serie de operaciones y que habían enviado los antecedentes a la superintendencia. Nosotros también, en su momento, antes de todas estas cosas, habíamos hecho unas observaciones a los estados financieros de las «empresas cascada» en 2012, en virtud de las cuales se les obligó a revertir ciertas operaciones (…) Había una inquietud de mercado palpable por lo que estábamos diciendo, porque preguntaban de la demora».
-¿Les han pedido igualmente información a las corredoras?
«Hemos pedido mucha información. Sí, sin duda alguna. Hemos reconstruido una cantidad importante de operaciones».
-Moneda ha sido una de las principales firmas que han cuestionado las operaciones de las «cascada», pero desde el círculo cercano a Julio Ponce, también la entidad financiera ha sido cuestionada por seguir operando con acciones en medio de estos enjuiciamientos. ¿Cuál es la situación de Moneda?
«No voy a entrar a dar detalles de las cosas generales y públicas, porque estoy sujeto a un deber de reserva que lo voy a cumplir cabalmente».
Acciones penales
-¿Qué es lo que viene luego de la formulación de cargos?
«Esto es una presunción fundada de infracciones a determinados artículos a la Ley de Sociedad Anónimas y a la Ley de Valores. Son distintos artículos y se aplican de manera diferente a las diferentes personas formuladas de cargo».
-¿Pero podría derivar en sanciones penales?
«Nosotros vemos solo la parte administrativa. Dentro de la formulación de cargos hay algunos artículos que podrían tener una connotación penal, pero son otras las instancias que deben resolver sobre lo mismo».
-¿Pero esta parte administrativa puede ser la base de un juicio en tribunales ordinarios?
«Evidentemente, en relación a los pronunciamientos que la superintendencia va haciendo, a través del tiempo y respecto de procesos sancionatorios estos son esgrimidos. No en este caso, que está en etapa embrionaria, pero sí en otros casos son esgrimidos en juicios en otras instancias de juicios civiles o así lo han sido».
-¿Por qué ocurren estos casos? ¿La institucionalidad permite que las empresas se «aprovechen» de ella, hay alguna debilidad en el sistema que se debería cambiar? La institucionalidad funciona en detectar, ¿pero hay debilidades que permiten «triquiñuelas»?
«No quiero hacer un juicio, hay una presunción fundada. Uno podrá decir que las estructuras de «cascada» son un tema que uno pudiese revisar. En otros países no están permitidas, es un tema que hay que analizarlo en su propio mérito. Pero no quiero confundirlo con esta situación, porque en ningún caso se trata en un juicio previo o implícito. No es mi intención, y no está dentro de lo que me corresponde hacer».
-Si tuviéramos que separarlo, ¿no hay una preocupación por las estructuras «cascada» en general?
«En términos generales, es un tema digno de analizarse. Pero yo lo quiero separar».
-¿Pero la «cascada» permite mucho más que exista este tipo de irregularidades?
«Da espacio a situaciones que pueden ser controvertibles, y como tal amerita una mirada en frío, descontextualizando, porque no quiero juntar este tema a este caso, pero es un tema que en otras partes se regula de otra manera o no está permitido».
-¿Se debería suspender, como lo pidieron las AFP, las próximas juntas de accionistas de las «sociedades cascada» donde se aprobaran aumentos de capital?
«Ese es un tema sobre el cual no me quiero pronunciar por ahora. Hay algunas peticiones de suspensión, tendrá que ponderarse adecuadamente la información que se nos ha entregado».
-¿Están siendo analizadas algunas corredoras de bolsa en específico?
«No voy a entrar en detalles de otros actores que pueden haber intervenido. Lo único que refuerzo es que estamos en una primera etapa del proceso y podrían venir otras».
-¿Pero no tienen plazos determinados cada una de las etapas?
«Nosotros tenemos ejemplos, en el caso La Polar hubo una fase de los directores al principio con los ejecutivos principales, luego clasificadoras de riesgo. Los plazos están determinados. Lo que uno desea es que fuera todo lo más coordinado y rápido en el tiempo por una necesidad de aclarar las cosas. Pero no se puede renunciar al rigor del análisis».
-Son seis meses para que avance este proceso de formulación de cargos. Quizás cuando se conozca la resolución usted no será superintendente por el cambio de gobierno. ¿Qué sensación le da?
«Técnicamente tengo el plazo para poder hacerlo y es lo que yo quisiera por un sentido de responsabilidad. Uno debería resolverlo por un tema institucional y de responsabilidad; si por distintas razones no puede cumplirse, quedaría para el próximo período. Pero es parte de cómo están organizados los procesos e instituciones, pero hoy existe la posibilidad de que al menos esta primera parte se pueda culminar en uno u otro sentido. Se podría cerrar el proceso sin ninguna sanción, pero es probable que existan sanciones. Técnicamente está el espacio para que pueda ocurrir bajo mi mandato, sería lo deseable».
Gobiernos corporativos
-El seminario de Chile Day «Luces y Sombras del Gobierno Corporativo en Chile», el gerente general de Habitat, Cristián Rodríguez, hizo una crítica respecto del rol que están desempeñando los directores, que no hay independientes. Además, que la normativa se ha ido parchando en el tiempo. ¿Comparte eso?
«Yo lo he planteado también. Los directores independientes es un punto que admite mejoramiento o perfeccionamiento (…) El tema que uno debiera privilegiar es la independencia de juicio por sobre la independencia formal y hay algunos artículos o disposiciones que inhabilitan».
-Hemos visto casos en que directores de empresas son ejecutivos o dueños de corredoras de bolsa. ¿No se ha avanzado mucho en eso? ¿Es un caldo de cultivo para situaciones que pueden ser anómalas?
«La ley establece disposiciones claras al respecto. Hay cosas que están permitidas y otras no. Hace algún tiempo lo comenté, velando por la calidad de los gobiernos corporativos tal vez. Hay muchos análisis introspectivos que las partes o personas deberían hacerse y dentro de la buena calidad de gobierno corporativo, el mundo de la bolsa, para poder tener una mirada más distante. Más que persiga la integridad de la bolsa de valores (…), debería la autorregulación decir cómo garantizamos que esto, que es lo deseable, se resguardara. Lo que no significa que no puede haber un director de la bolsa como director de empresas, eso existe en otras partes del mundo, pero con ciertas mayorías (…) Son fórmulas dignas de analizar, pero ellos mismos en sus propios reglamentos pudieran establecerlos».
Formulación de cargos podría extenderse a otros agentes
Previo a la entrevista con «El Mercurio», el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, entregó en Londres sus primeras impresiones luego que el mercado conociera la formulación de cargos contra los cuatro ejecutivos ligados a las «sociedades cascada» con las que Julio Ponce controla SQM.
Al ser consultado por si las acusaciones podrían extenderse a otros agentes de mercado -por ejemplo, corredoras de bolsa-, la autoridad no descartó dicha opción. «Podría ser. No me voy a anticipar, pero la primera etapa tiene una connotación de ese tipo y pueden venir otras», dijo.
Además, aclaró que si se llegase a sancionar a alguno de los involucrados por un cargo que tenga algún carácter penal, la SVS traspasará todos los antecedentes al Ministerio Público para que inicie una investigación. «Pero hay muchas cosas que deben pasar para eso», agregó. Coloma aseguró que no se escogió Chile Day para informar los cargos y que esperan en un plazo de seis meses resolver el caso.
Finalmente, precisó que por ahora todos los antecedentes de la investigación quedan bajo reserva.