Desde el reconocido proyecto Pascua Lama hasta el Parque Huilo Huilo han sido sancionados por el organismo que inició sus funciones durante este año.
La Superintendencia del Medio Ambiente, que debutó en sus funciones durante este año, ha iniciado procesos sancionatorios en contra de 49 proyectos pertenecientes a grandes grupos empresariales, de acuerdo a lo publicado por La Segunda.
Uno de los casos más reconocidos es el de Pascua Lama, de la internacional Barrick Gold, que tuvo que paralizar sus faenas y pagar una multa de $ 7.781.000.000, entre otros puntos, por no separar las aguas contaminadas de las limpias.
Sin embargo, en otros casos existe la posibilidad de que las empresas inviertan en una reformulación de sus proyectos, por lo que las multas que se han aplicado van desde los $ 2.900.000 hasta los $ 64.000.000.
Además, cada una de estas compañías tiene una hoja de vida pública, en la cual las infracciones y multas van quedando registradas, lo que significa un desprestigio y la exigencia mucho más estricta en cuanto al cumplimiento de sus programas de acuerdo a la normativa.
En el sector minero, las empresas sancionadas fueron:
– Teck Quebrada Blanca: Se autodenunció por derramar mil litros de petróleo hacia Quebrada Blanca y Quebrada Choja, que finalmente resultó haber sido mayor cantidad y en más de una oportunidad, por lo que tuvo que gastar $ 2.531.000.000 para solucionar estos problemas.
– Compañía Minera Maricunga: No respetó las autorizaciones, construyendo un campamento para más trabajadores de los permitidos y cambió su sistema de combustible, por lo que esta causa se encuentra abierta.
– Pampa Camarones en Salamanqueja: intervino un área arqueológica y no presentó un estudio de impacto posible sobre la fauna, por lo que la causa está abierta.
– Minera Los Pelambres: Perteneciente al grupo Luksic, se les exige un catastro de los restos arqueológicos rescatados.
En cuanto al sector energético, entre las compañías que se encuentran en proceso están ENAP, Endesa y hasta el Parque Huilo Huilo.
Además, la Superintendencia inició acciones en contra del Ministerio de Obras Públicas, empresas alimenticias como Fruna, colegios como el Santiago College y salmoneras que operan sin autorización