De 16 operadoras mineras inspeccionadas entre privadas y estatales, sólo ocho cuentan con licencia ambiental y en muchos de los casos, las que tienen la mencionada licencia, no cumplen con las normas ambientales,
según informe de la Dirección de Medio Ambiente y Madre Tierra del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.
La Dirección de Medio Ambiente, a solicitud de las comunidades afectadas por la contaminación minera agrupadas en la CORIDUP, está realizando inspecciones a todas las operadoras mineras que trabajan en el departamento de Oruro, con el objetivo de verificar si éstas cumplen o no con los requisitos para realizar sus operaciones.
Milton Ochoa, Director de la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Oruro, informó que se inspeccionaron tanto operadoras privadas como estatales. De 16 inspecciones ambientales, ocho no demuestran tener un documento ambiental o, por lo menos, no han respondido si tienen o no la respectiva licencia ambiental, dijo la mencionada autoridad.
En cuanto a las cooperativas mineras, el funcionario sostuvo que aún no comenzaron con la “visita” a estas operadoras, aunque ya se tiene el cronograma. “Entendemos que la Federación Departamental de Cooperativas Mineras, como ente matriz de este sector minero, quiere participar de estas inspecciones ambientales y nosotros vamos a hacerles conocer el cronograma que tenemos elaborado para el efecto”, sostuvo Ochoa.
Según los registros que tiene la gobernación de Oruro, aproximadamente la mitad de las cooperativas cuenta con licencia ambiental. Estos datos muestran que existen 64 cooperativas mineras registradas, de las cuales sólo 14 cuentan con la licencia ambiental, en otros casos con un manifiesto ambiental y, finalmente, otro tanto de cooperativas están el proceso de trámite del documento.
La inspección no significa cierre de la mina
Milton Ochoa aclaró que la única intención de estas visitas es que las operadoras mineras se adecuen a las normas ambientales que rigen nuestro país. “Es algo con lo que continuamente hemos tropezado, lo que hacemos es determinar la situación ambiental de cada operación y de existir irregularidades se debe corregir, de existir infracciones después de las sanciones también se tiene que corregir. Aclarar esto es importante, debido a que los mineros mostraron susceptibilidad al momento de las inspecciones y manifestaron que dichas inspecciones tenían la intención de parar las operaciones, situación que no es así. En realidad ninguna inspección está orientada o va con algo predeterminado, el espíritu de la Secretaría no es ir y cerrar la operación minera”, acotó la autoridad.
La dirigencia de la Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero, Lagos Uru-Uru y Poopó, que agrupa a las comunidades afectadas por la contaminación minera, acompañó las inspecciones como parte representativa de la sociedad civil.
Franz W. Zunagua Gonzales
Unidad de Justicia Socio Ambiental – CEPA