25 de Julio 2011
Es importante que empresarios y organizaciones indígenas alcancen un consenso para nuevas inversiones destinadas a la exploración y explotación minera, porque así se garantiza el trabajo de las empresas sin que existan avasallamientos que implica inseguridad jurídica para los empresarios, manifestó el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO), Luis Ramiro García.
Foto: Luis Ramiro García, presidente de la FEPO
Dijo que la inversión minera es uno de los aspectos principales para el desarrollo del país y por ende del departamento. Creemos que un solo sector como las agrupaciones indígenas no pueden decidir el futuro de toda una nación, los empresarios están con plena predisposición para dialogar con este sector y juntos buscar beneficios para ambos sectores, explicó García.
Dentro de la Constitución Política del Estado existen normativas que facultan a los pueblos indígenas para decidir sobre las actividades que se realicen dentro de su territorio, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, donde se establece ese derecho, al igual que para los empresarios para invertir con el propósito de generar fuentes de empleo, señaló.
Consultado sobre el pronunciamiento en contra de cualquier actividad minera, tal el caso de los regantes de Challapata que se encuentran en estado de emergencia y señalan que no permitirán realizar ninguna actividad referente a la explotación minera, porque daña el medio ambiente, García indicó que la FEPO propone una instancia de diálogo donde participen personeros de la Gobernación, organizaciones sociales e indígenas y empresarios para que definan qué explotaciones se puede realizar y qué mecanismos utilizar.
En cuanto al tema de la contaminación ambiental que provocan las explotaciones mineras, el presidente de los empresarios, Luis Ramiro García, manifestó que tiene que ser un compromiso para todos los empresarios e industriales tanto públicos como privados, dijo que todos deben cumplir con los alcances en el marco de la Ley Medio Ambiente, que implica la remediación ambiental.
«Es responsabilidad de cada uno cuidar y proteger nuestro medio ambiente» finalizó al indicar que no es lo más recomendable exigir esa protección sólo al sector privado cuando existen otras operaciones que contaminan sin mantener un plan de mitigación ni tener prevista una remediación.
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