03 de Noviembre 2011
Felipe González Roa
Venezuela Medida RSS
Dirigentes políticos del estado Bolívar, acompañados por líderes indígenas, solicitaron anular la norma que reservó para el Estado todas las actividades mineras.
Caracas.- Dirigentes políticos del estado Bolívar, acompañados por líderes de la comunidad indígena de la región, solicitaron este miércoles a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anular el decreto Ley 8.413 dictado por el presidente Hugo Chávez, norma que reservó para el Estado todas las actividades relacionadas con la exploración y explotación minera.
Los recurrentes plantearon ante el máximo juzgado la necesidad de frenar el control militar sobre la extracción y comercialización del oro en la zona, poder que, según señalaron, ahora ejercen completamente gracias a la promulgación de la normativa.
“¿Quién controla ahora a los militares que están en posesión de toda esa zona? porque el decreto crea la figura de un distrito militar que prácticamente militariza toda la zona y deja a un lado a todas las autoridades civiles de la región”, comentó el dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática en Bolívar, Raúl Yusef.
Añadió que la presencia de los efectivos castrenses en Guayana sólo ha servido para “estimular la corrupción, el tráfico de combustible y el maltrato a los indígenas”.
Yusef aseguró que con el decreto dictado por el Ejecutivo no se puede hablar de nacionalización del oro, sino de una estatización más del gobierno.
“Es más intervención del Estado en los asuntos privados, en la vida cotidiana de la gente, en la actividad del trabajo, en el desarrollo normal de la vida de esos pueblos”, apuntó.
Derechos ancestrales
Los recurrentes aseguraron que esta normativa perjudica especialmente a las comunidades indígenas que habitan en la zona, que se sustentan gracias a la minería.
Según alegaron, se ha violado su derecho al trabajo, a la participación y todas las garantías otorgadas por la Constitución para la población autóctona.
“Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas no tienen color político. Somos ancestrales, somos indígenas y reclamamos nuestros derechos”, anotó el dirigente pemón Ricardo Delgado, exalcalde del municipio Gran Sabana de Bolívar.
Anunció que este fin de semana los líderes indígenas se reunirán para analizar las implicaciones del decreto y definir otras acciones a tomar.
Para los demandantes, la política minera no es un tema de decretos ni de decisiones tomadas en un escritorio en Caracas a 900 kilómetros de distancia, sino que debe existir diálogo y voluntad para reactivar la economía de la región.