La Fiscalía costarricense pidió hoy a un tribunal que condene a 12 años de prisión al exministro de Ambiente y Energía Roberto Dobles, por firmar resoluciones ilegales para la construcción de una mina de oro a cielo abierto a cargo de una empresa canadiense.
El Ministerio Público indicó en un comunicado que la solicitud es por dos delitos de prevaricato (firma de resoluciones contrarias a la ley) «para favorecer los procedimientos administrativos del proyecto minero Crucitas, en favor de la empresa Industrias Infinito», filial de la canadiense Infinito Gold.
La Fiscalía también pidió una inhabilitación por 12 años en el ejercicio de cargos públicos para Dobles, quien fue ministro de Ambiente y Energía en el Gobierno de Óscar Arias (2006-2010).
El Tribunal Contencioso Administrativo declaró en 2010 como nulas las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), con las que se otorgó la viabilidad ambiental y la concesión minera, así como aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo.
Por esta razón, el Ministerio Público acusó a Dobles y a otros seis funcionarios públicos de menor rango de apellidos Cruz Ramírez, Corrales Arias, Lezama Fernández, Boza Quesada, Cavallini Chinchilla y Espinoza Valverde.
Para esos seis funcionarios los fiscales pidieron hoy seis años de cárcel.
El juicio por este caso, que se encuentra en la etapa de conclusiones, inició el 27 de octubre pasado en el Tribunal Penal de Hacienda, en San José, y se espera que concluya en las próximas dos semanas.
La empresa minera, que esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro durante los 10 años que preveía la concesión, inició la construcción de la mina pero nunca pudo finalizarla ni extraer oro.
Durante varios años, grupos ambientalistas denunciaron ante los tribunales las irregularidades en el otorgamiento de permisos y los riesgos para el medioambiente que, a su juicio, suponía el proyecto.
El Gobierno de Nicaragua también se oponía al proyecto minero, pues se encontraba a pocos kilómetros de la frontera y del río San Juan, de soberanía nicaragüense.
El año pasado, Infinito Gold presentó una demanda por 94 millones de dólares contra Costa Rica, tras la cancelación del proyecto ubicado en la localidad de Las Crucitas, en la zona norte del país.
La demanda fue interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano adscrito al Banco Mundial, con el fin de lograr una indemnización por las inversiones realizadas.