En el transcurso de las últimas semanas el movimiento social en Cajamarca a venido siendo víctima de una serie de ataques difamatorios por parte del trabajador de la minera Yanacocha, Miguel Santillana. Estos ataques han sido dirigidos a través del Grupo El Comercio, brazo desinformativo de Yanacocha que ahora ostenta el monopolio mediático en el Perú. Con esto se demuestra una vez más que este monopolio utiliza sus medios de comunicación para promover intereses económicos de sus empresas constructoras que tienen contratos con distintas empresas mineras en el Perú. (Ver aquí, aquí y aquí)
Yanacocha en su afán de imponer el Proyecto Conga ha establecido una estrecha alianza con el Gobierno y quieren mostrar las manifestaciones legítimas de los pueblos de Celendín y Bamabamarca como actos delincuenciales, terroristas y es El Grupo El Comercio su instrumento para lograr sus objetivos.
El pasado 16 de enero las comunidades de Celendín, Bambamarca y Cajamarca retornaron a las lagunas amenazadas, este acto constituyó una respuesta contundente al Gobierno de Ollanta Humala, sus ministros y a Vladimiro Huaroc, quienes salieron anunciando que existiría condiciones para reanudar el proyecto minero Conga, incluso Huaroc declaró que habría 32 comunidades que está pidiendo su ejecución. Sólo en la provincia de Celendín que hizo su llegada a la Laguna El Perol en señal de rechazo a Yanacocha y el Proyecto Conga, se concentraron 48 comunidades que serán afectadas por este proyecto, en similar número de manifestantes la provincia de Hualgayoc llegó a la Laguna Mamacocha. Así se demostró una vez más que Conga no tiene licencia social. Entonces ¿quiénes son los que reclaman la ejecución de Conga? Son un pequeño número de personas que vendieron algunos terrenos a Yanacocha, la empresa les prometió que serían los nuevos empresarios de Conga; estas personas formaron cerca de 180 empresas, algunos individuos y familias cuentan con empresas por cada hijo. Ellos se endeudaron comprando camionetas, combis y volquetes para trabajar en la mina y se quedaron sin usarlas cuando se detuvo el proyecto minero. Son estas personas que usadas por Yanacocha los trasladan a Lima a reunirse con los ministros y tienen acceso directo a radio programas del Perú y a los medios del Grupo El Comercio y televisión Nacional del Perú. Sin embargo son un grupo reducido de algunas zonas aledañas a Conga que saben que si el proyecto minero se realiza no podrán vivir en el lugar, pero manifiestan que tendrían el suficiente dinero para ir a vivir en otro lugar.
Hace algunas semanas Anonymous (Ver aquí) filtró archivos del Ministerio del Interior en la que se encuentran informes del reglaje que se viene realizando a dirigentes que junto a su pueblo se oponen a este irracional proyecto minero Conga. En los documentos filtrados también se encuentra un archivo que muestra que el Gobierno de Ollanta Humala planifica toda una estrategia de militarización de las zonas adyacentes al proyecto minero Conga, incluso plantean la construcción de plataformas de aterrizaje de helicópteros para imponer a la fuerza el proyecto minero.
Pero militarizar la zona para imponer el proyecto Conga sería un escándalo. Para ello trazaron una coartada a los compañeros de Bambamarca, acusándolos de haber quemado el día 16 una caseta de telefonía móvil y un puesto de seguridad de la mina. Este echo es de ocurrencia improbable, los puestos de seguridad se encuentran fuertemente custodiados por numeroso contingentes de DINOES, así mismo informaron que habrían encontrado a personas armadas, pero no dijeron que a quién intervinieron fue a la seguridad del Alcalde de Hualgayoc que al igual que la seguridad del presidente Ollanta Humala y Roque Benavides portan armas. Esta era la coartada perfecta y así lo difundió EL Grupo El Comercio, al que se sumó los reportes difamatorios de los corresponsales de Cajamarca para el diario República en Cajamarca. Ellos tomaron como fuente de información a la misma empresa Yanacocha y a la Policía Nacional del Perú que se encontraba en el lugar contratada por la minera para “prestarles seguridad”. Como era de prever los titulares fueron como ellos nos llaman, radicales: “Antimineros siembran el Terror en Conga” “Disturbios en Conga” Ver aquí, aquí, aquí y los periodistas y congresistas que defienden la inversión de Yanacocha reclamaban exaltados, casi vociferando “el Gobierno debe poner mano dura en Cajamarca”, “se debe restablecer el estado de derecho”, palabra de moda dos semanas antes del 16 de enero para los ministros, funcionarios de Yanacocha, confiep y periodistas asalariados; hasta el ex primer ministro Oscar Valdés, responsable de la represión en Celendín y Bambamarca se pronunció “el Estado peruano debe demostrar más firmeza y seriedad para terminar con este tipo de manifestaciones”, “Estos antimineros le están causando daño al país, han retrasado inversiones. Necesitamos que las inversiones se den”, “es vital que el ministro del Interior, el titular de la PCM e incluso el presidente de la República vayan a la zona y desenmascaren a estas personas que perjudican a miles de peruanos”, “Se necesita una actitud valiente del gobierno” sentenció (Ver Aquí). Del lado del Gobierno el ministro de Energía y Minas Jorge Merino que se encuentra muy presionado por las empresas mineras y la confiep que en algún momento pidieron su reemplazo se pronunció justamente en el tono que Yanacocha de acuerdo a su plan requería: ante los recientes hechos de violencia registrados en las instalaciones de la empresa Yanacocha en Cajamarca, inversiones en el país tendrán protección del Estado, afirma ministro Merino. “Apoyamos a la inversión privada; nuestra función como gobierno es darle un marco legal a las inversiones que se hacen en el país no solo en Cajamarca sino en todo el país”, dijo. (Ver aquí) Ahí está, justo lo que quería Yanacocha.
Dos días antes de las manifestaciones en las lagunas Vladimiro Huaron se fue de boca, revelenado las intensiones y la coartada de Yanacocha, el manifestó para un diario: “Si no se restablece el estado de derecho en Cajamarca, puede devenir el descontrol” quién probablemente ya sabía que el 16 de enero se iban a generar “desmanes” por los “rojos ultra radicales que se oponen al progreso de nuestro país”. (Ver aquí)
Lo mas indignante son las declaraciones de la La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal de Cajamarca, Esperanza León Deza, ella informó el día de ayer 02 de febrero para Perú 21, diario del Grupo El Comercio, que el Ministerio Público implementará una serie de acciones preventivas con el propósito de evitar desmanes en el marco de las protestas contra el proyecto minero Conga. Esto es una sentencia para los manifestantes, pues sobre los hechos que nos acusan haber causado el 16 se encuentran en investigación, sin embargo la fiscal adelanta juicio al respecto. (Ver aquí)
En la misma nota de Perú 21 anuncian que el proyecto conga se reiniciaría el día de hoy 03 de febrero, por lo que las comunidades de Sorochuco y Huasmín el día de hoy nuevamente han regresado a inspeccionar, cuidar y vigilar nuestras lagunas; ellos se enfrentan a un peligro latente pues la base militar en San Nicolás de Chaillhuagón que anunciaron su construcción ya se encuentra funcionando la misma que cuenta con plataformas de aterrizaje de helicópteros. Esta es la nueva forma de imposición de los proyectos que no tienen licencia social. Este peligro se fundamenta más aún con la promulgación por parte del Gobierno de la Ley 30151 (Ver aquí y aquí) que otorga inmunidad al terrorismo que viene del estado y que da licencia para reprimir o matar a los manifestantes. (Manifestantes para El Grupo El Comercio significa: rojos ultra radicales que se oponen al progreso del país)
Mientras los ministros del Gobierno y Vladimiro Huaroc a través del monopolio mediático El Comercio anuncian que Yanacocha ha cambiado de actitud y ha recuperado la confianza de los cajamarquinos (ver, aquí, Aquí) esta empresa fue nuevamente denunciada por otra familia aledaña al proyecto Conga de despojo y apropiación arbitraria o mejor dicho de robo de sus terrenos (Ver enlace de Audio). Se suma a ello la nueva denuncia que realiza la familia Chaupe de amenazas de muerte e invasión por la policía a sus terrenos pidiéndoles que se retiren de las supuestas propiedades de Yanacocha (Ver aquí); como sabemos la familia Chaupe se negaron vender sus tierras a la minera, sus terrenos se ubican frente a la Laguna Azul y se han constituído en el mayor obstáculo para el Proyecto Conga pues esta laguna es el Corazón mismo del proyecto y se convertiría en el botadero de desechos tóxicos de este proyecto. Así mismo un trabajador de la empresa minera Yanacocha denunció haber sido víctima de contaminación con mercurio en la sangre y que la empresa no se responsabiliza de su caso (Ver video).
Otro hecho de importancia durante estas semanas que pasaron ha sido el archivamiento por parte del Fiscal Víctor Pinillos Padilla, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo de los asesinatos que ocasionaron las represiones a manifestantes que mostraban su rechazo al proyecto Conga. Estas muertes fueron causadas por disparos de parte de fuerzas conjuntas de policías y militares el pasado 3 y 4 de julio en Celendín y Bambamarca, incluso reconocen que los disparos podían haber provenido de los helicópteros que sobrevolaba en la ciudad de Celendín (Ver aquí y aquí). El fiscal Pinillos alude que la justificación para el archivamiento del caso es la imposibilidad de determinar quienes dispararon; sin embargo creemos que alguien ha tenido que ordenar la utilización no sólo armamento de disuasión (bombas lacrimógenas, perdigones, balas de goma), sino también de armas letales como fusiles Galil, AKMs, etc. que fue lo que al final causó la muerte a 5 ciudadanos peruanos y no las piedras que se tiraron entre ellos como anunció el Ministerio del Interior en comunicado en su página web que luego retiraron.
Conclusiones:
- El proyecto Conga no tiene licencia social por lo que quieren imponerlo a la fuerza, utilizando las fuerzas especiales de la Policía y modificando las leyes para bañarlas de impunidad en caso asesinen a los manifestantes.
- Yanacocha goza del total rechazo de la población y nunca ha recuperado la confianza de los Cajamarquinos.
- Que los monopolios mediáticos son una amenaza para la población pues anteponen sus intereses económicos antes de informar con la verdad.
- Vladimiro Huaroc no cumple su función, la oficina de “Diálogo” que el tienen a su cargo en la PCM no resuelve los conflicto, los aviva, los agrava. Por ello este señor debe renunciar.
- Es inminente el peligro de la población Cajamarquina, pues al reclamar sus derechos y hacer escuchar su voz podría causarles la muerte por parte de la policía que goza de la impunidade de la ley que otorga licencia para matar.
- Es inminente el peligro que corre la familia Chaupe por las amenazas de muerte y el constante hostigamiento de parte de la Policía Nacional del Perú al servicio ya no de la población, sino de la empresa minera Yanacocha.
- Se hace necesario la intervención urgente de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para garantizar los derechos de la población cajamarquina, puesto que en el Perú su Gobierno y algunas de sus instituciones están sumamente parcializadas y en un franco apoyo a las mineras.
Existen más conclusiones que podríamos obtener de este análisis, sin embargo en este momento se me escapa de la mente.