Ottawa, Canadá – 09/12/2010. El sindicato NUPGE, siglas del Sindicato Nacional de Empleados Públicos y Generales, es una de las organizaciones laborales más grandes de Canadá, con más de 340.000 miembros. Nuestra misión es mejorar la vida de las familias trabajadoras y construir un Canadá más fuerte, asegurándose que nuestra riqueza común se utiliza para el bien común, difundió entre sus miembros la siguiente nota.
La carta ha sido firmada por 36 organizaciones de la sociedad civil que condena el fracaso del gobierno de Harper para pasar la ley C-300, una ley que de haberse pasado podría llevar a las empresas mineras canadienses hacerse responsables de violaciones en el extranjero de los derechos humanos y las normas ambientales.
La Ley sobre Responsabilidad Corporativa de Minería, Petróleo y gas en los países en desarrollo fue presentada por el diputado liberal John McKay, en febrero de 2009.
Hace aproximadamente un mes – el 27 de octubre – el proyecto de ley fue derrotado en la Cámara de los Comunes, por un margen de 140 a 134. Si hubiera pasado, el proyecto de ley habría exigido la retirada de fondos públicos y el apoyo político a las empresas canadienses por violar los derechos humanos y las normas ambientales en el extranjero.
Aproximadamente el 75% de las compañías mineras de exploración del mundo tienen su sede en Canadá. Un informe encargado por la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá señala que algunos de los peores delincuentes a nivel internacional son las empresas canadienses.
A finales de noviembre, un equipo de delegados de Canadá del Consejo de Canadienses, el Instituto Polaris y la Alianza de Servicios Públicos de Canadá tienen previsto entregar una copia de la carta a una comunidad de San Luis Potosí en México, donde los residentes se han visto afectados por las acciones de la empresa minera canadiense New Gold Inc.
La carta también se ha enviado a otras comunidades internacionales afectadas a través de diversas organizaciones. Las copias de la Carta también se han entregado a los parlamentarios canadienses.
La carta está dirigida a «las comunidades afectadas por las operaciones de explotación minera canadienses.» En él se destacan los repetidos fracasos de Canadá «para unirse a otros países en la promoción internacional de los derechos humanos y las normas ambientales.»