Defensores del territorio y del ambiente en riesgo de ser condenados a más de 20 años de cárcel
Entre noviembre del 2011 y febrero del 2012, pobladores de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, a través de sus organizaciones sociales como el Frente de Defensa de los Intereses de LLusco, el Frente de Defensa de Chumbivilcas, las comunidades campesinas del distrito de Llusco, La Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC), entre otras, ejercieron su derecho de libertad de expresión, opinión y de reunión, exigiendo diálogo con el Estado por la visible contaminación ambiental en la cuenca del río Yahuarmayo, conocido como Molino, y por las afectaciones negativas causadas por el paso de camiones mineros de gran tonelaje generada por la empresa minera ANABI SAC.
Pese a múltiples pedidos ante las instancias del Estado, los dirigentes y las comunidades no fueron escuchadas, sin embargo a partir de las medidas de movilización y protesta social en el mes de enero de 2012 se instaló una mesa de diálogo integrada por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, Autoridades locales y regionales; y representantes de la empresa minera ANABI SAC. Uno de los compromisos acordados en este espacio de diálogo, fue la realización de un monitoreo ambiental, cuyos resultados debían presentarse públicamente ante la población, dicho acuerdo que no fue cumplido.
Lamentablemente el conflicto social se desbordó en distintos momentos, siendo uno de los hechos más graves el incendio del campamento minero ocurrido el 05 de febrero de 2012, por lo cual la empresa minera ANABI SAC denunció a varios dirigentes de organizaciones sociales por diversos delitos. Sin hacer mayor investigación penal, la fiscalía formalizo la denuncia penal contra nueve varones y una mujer, defensores del territorio y del medio ambiente, de Llusco, Chumbivilcas y Cusco, por delitos de secuestro, robo agravado, disturbios, daños agravados a la propiedad privada, entre otros.
El juicio contra dirigentes sociales está en las últimas etapas, y se estima que en las siguientes semanas de enero del 2020, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial B de Cusco se pronuncie con una sentencia condenatoria.
Lxs defensorxs están en grave peligro de ser encarcelados por 20 años, o más, considerando que esta es la pena mínima por el delito de secuestro, y la fiscalía ha pedido 30 años de cárcel. El elemento común entre los acusados es su condición de dirigentes de organizaciones sociales y/o autoridades, pues no existe evidencia confirmando su participación en los actos. Igualmente, las acusaciones están basadas únicamente en testimonios de ex-trabajadores de la empresa minera ANABI SAC.
La sentencia de 20 años o más de los 10 acusados no solo significaría que ellos pasaran el resto de sus vidas adultas encarcelados por defender su territorio y medio ambiente, también marcaría un precedente para procesos judiciales contra hombres y mujeres que deciden ejercer su derecho constitucional de denunciar contaminación ambiental y demás vulneraciones de sus derechos por empresas extractivas.
Por tanto, desde la sociedad civil solicitamos al “Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial B de Cusco” encargado de este caso, que:
– Desarrolle el juicio de manera imparcial, acorde a la Carta Magna en la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. En este sentido, la sentencia del colegiado tiene que fundamentarse en el derecho a una decisión justa como elemento esencial de un proceso justo y sano.
– La decisión final debe versar en derechos fundamentales tal cual la Carta Magna hace mención “…gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” y no basándose meramente en lo que la empresa contaminadora minera alega. Hubo protestas porque los territorios de las comunidades están siendo depredados de manera irreversible.
(Puedes leer el contenido completo del petitorio aquí)
Trayectoria en la empresa minera ANABI SAC
La empresa minera ANABI SAC no es reconocida por tener buenas prácticas ambientales y que en diversas ocasiones ha sido sancionada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por contaminación generada por los proyectos mineros que viene ejecutando en distintas partes del país. En el caso de Llusco, Cusco, habría sido sancionada en el año 2011, antes de que los pobladores se levanten y denuncien las afectaciones negativas en su territorio.. Información que se puede encontrar en la página web de OEFA (https://www.oefa.gob.pe/?s=anabi).
Los defensores del territorio que podrían recibir una pena de cárcel tan alta son: Jaime Mantilla Chancuaña, en ese entonces Alcalde de LLusco; Julian Alejo Ataucuri, ex Secretario General del Frente de Defensa de los intereses de Llusco; Victoria Quispesivana Corrales, ex Secretaria General del Frente de Defensa de los intereses de Chumbivilcas; Luciano Ataucuri Chavez , quien era Presidente del Comité de Lucha del Distrito de Llusco; Samuel Acero Hurtado, representante de la FARTAC en ese entonces; Urbano Cjulca Caceres ex Secretario General de los Intereses de Quiñota; Esteban Alvis Cahuana, ex Presidente de la comunidad campesina de San Sebatian Llusco; Wilber Garcia Huaycani, en ese entonces Presidente de la Liga Agraria provincial de Santo Tomás de Chumbivilcas; Grimaldo Asto Puma en ese entonces chofer de la Municipalidad Distrital de LLusco; y finalmente Edgardo Aguirre Pacheco, ex Secretario de actas del Frente Único de Defensa e Intereses de Chumbivilcas.
Petitorio ante el Sistema de Justicia Peruano
Petitorio Defensores Ambientales de Cusco by Derechos Humanos Cusco on Scribd
Fuente:https://derechosinfronteras.pe/sindefensorxsnohaydemocracia-firma-peticion-por-defensorxs-del-territorio-en-cusco/?fbclid=IwAR2vS7BMmHHGOWI_QKVcpNheyqoeDPGyoHO7Xv1HvAqZq8DbRwftTi8iYeo