Pese a que evadió hacer la consulta pública, previa e informada, a la que la Secretaría del Medio Ambientes y Recursos Naturales (SEMARNAT) condicionó la aprobación de la tercera fase de exploración de la Minera Frisco en el Cerro de Espejeras en Tetela de Ocampo, empleados de la empresa regresaron al municipio, provocando desconcierto e inconformidad entre los pobladores.
Lo anterior fue dado a conocer por Germán Romero González, dirigente de Tetela Hacia el Futuro, quien apuntó que este jueves llegaron a la cabecera municipal dos camionetas de la minera propiedad de Carlos Slim Helú y se encaminaron hacia la montaña donde están los manantiales que abastecen de agua a por lo menos nueve comunidades.
Indicó que los mineros no dieron a conocer el motivo de su presencia, pues la SEMARNAT suspendió los trabajos de la empresa hasta que preguntara a los habitantes si aprueban o no el desarrollo de su proyecto de exploración de oro y plata en el Cerro de Espejeras.
De acuerdo con los pobladores, durante el periodo en que debía realizarse la consulta, no recibieron ninguna comunicación de la empresa o de las autoridades estatales o federales respecto a la realización del referendo al que estaba obligada la minera antes de continuar con la barrenación de la montaña ubicada en la comunidad de La Cañada, a unos 2 kilómetros de Tetela.
Según la Gaceta Ecológica número 44 del año 2013, la dependencia del gobierno federal aceptó –destaca el expediente 21PU2012MD070- que la empresa propiedad de Carlos Slim Helú barrenará el cerro de Espejeras por un periodo de dos años contados a partir del 1 de octubre de 2013, siempre y cuando la propia minera “presentara un convenio en el que los pobladores manifiesten su conformidad”.
El documento que la minera debía presentar ante la SEMARNAT era la expresión de una consulta –previa, informada y libre-, a los habitantes de este municipio serrano, realizada en términos de lo establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Oit) y organizada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
La SEMARNAT, la BUAP, Profepa, Conagua, Conabio y Vida Silvestre fueron los organismos que señalaron posibles afectaciones al agua y especies de flora y fauna endémicas y en peligro de extinción en el área a explorar, pese a ello se entregó el permiso a la minera, aunque de manera condicionada.
La dependencia federal, indicó que los argumentos vertidos por los habitantes de Tetela que se oponen a la minería no fueron “técnicos ni ambientales” y también desechó las observaciones realizadas por la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT) del gobierno del estado de Puebla y el ayuntamiento de Tetela, “pues las fundamentaron en leyes estatales”.
Entre los posibles daños enumerados por los tetelenses están la erosión hídrica y el desplazamiento del suelo, daños al bosque con la introducción de maquinaria pesada, ruido, daños en la flora y fauna; afectaciones económicas, sociales y culturales además de las consecuencias de la minería a cielo abierto.
La minera, en cambio, aseguró que el impacto ambiental con la realización de su proyecto “no será significativo” y que lo desarrollará en un área dañada previamente que no cuenta con un programa de ordenamiento territorial, no es reserva ecológica estatal o municipal y tampoco área natural protegida.
La empresa de Slim recibió en concesión más de 10 mil hectáreas de terreno en la zona de La Cañada donde están los mantos acuíferos que abastecen a unas 30 mil personas tanto de la cabecera, como de las comunidades de La Cañada, La Soledad, Zoyatitla, Tlamuanco y Tlacomulco.
