Cuando se trata de vender la idea de que la minería a gran escala no causará mayores impactos ambientales y sociales, los empresarios mineros y el Gobierno recurren a los mitos de la «minería responsable». Este discurso ha sido diseñado por las grandes transnacionales mineras, en el marco de la Iniciativa Minera Global (Global Mining Initiative), hace más de 10 años. Es un paquete publicitario que incluye la noción de que todos los problemas que la gran minería genera son estrictamente técnicos, y que se pueden resolver con «tecnología de punta». Asimismo, se quiere vender la idea de que la gran minería moderna -con sus pretendidos altos estándares- rompe con las taras de la minería de «antaño» (y las de la pequeña minería) en cuanto a sus impactos sociales y ambientales.
Tanto las empresas como nuestros gobiernos invierten millones de dólares en vídeos, spots televisivos, publicidad impresa, foros, entre otros, para promover esta visión de la «minería responsable». A esta se asocian los imperativos del «progreso» y del «desarrollo», cuyas aplicaciones han hecho tanto daño a los pueblos del Sur global, particularmente en América Latina. Con esta narrativa, se quiere convencer al público de que la gran minería no impactará a las comunidades ni al medio ambiente de forma significativa. En el Ecuador, estamos bombardeados por estos discursos. El Gobierno del presidente Rafael Correa, mucho más que en los gobiernos neoliberales, ha sido de los más dedicados a difundir los mitos de la «minería responsable». El mismo presidente, afirmó por ejemplo que «con la minería responsable se puede recuperar el 95% de los impactos». (2) La empresa minera transnacional ECSA y altos funcionarios del Ministerio de Recursos No Renovables, llegaron incluso a afirmar que el agua usada para extraer el cobre de la mina a cielo abierto del proyecto Mirador será devuelta al medio ambiente «en mejores o iguales condiciones que fue captada» (3). Desde su portal de internet, la empresa minera estatal, la ENAMI, irónicamente se compromete por su lado a promover «la minería para el buen vivir», caminando «juntos por una minería responsable» (4).
El mito de la minería «responsable» se basa -entre otras características- sobre la premisa que la técnica moderna y la ciencia actual son capaces de diagnosticar, prever y controlar todos los impactos que la minería a gran escala puede provocar. La creencia ciega en la capacidad de la ciencia y la tecnología están muy arraigadas en el imaginario moderno.
A esta creencia ingenua, basta oponer la historia reciente de la megaminería en el mundo, que demuestra hasta la saciedad cuáles son sus enormes y nocivas huellas. Una amplia documentación que circula a nivel internacional evidencia los múltiples impactos sociales, ambientales, económicos y políticos que provocan las grandes empresas mineras: contaminaciones crónicas y accidentales de las aguas, del suelo y aire; destrucción irreversible del paisaje; afectaciones graves a la salud pública; pérdida de soberanía alimentaria; destrucción de economías basadas en actividades productivas sustentables; despojos y militarización de territorios; violencias físicas y simbólicas; tráficos ilícitos y explotación de seres humanos; asesinatos; evasión fiscal y violaciones de leyes, derechos humanos y constitucionales; debilitamiento de la democracia; ataques a la soberanía nacional, entre otros.
La minería a cielo abierto, como la que se quiere implantar en Ecuador en la zona de Íntag o en la Cordillera del Cóndor, supone la excavación de un tajo de cientos de metros de profundidad y varios kilómetros de diámetro. Esta intervención destruye de forma permanente la capa vegetal, no solamente del área de la mina en sí, sino también de miles de hectáreas alrededor, las cuales muchas veces son utilizadas como botaderos de desechos sólidos, piscinas de relave y para otras instalaciones sin las cuales las minas no pudieran funcionar. El simple hecho de traer rocas sulfurosas que contienen metales pesados desde el subsuelo hasta la superficie donde están expuestas al aire y las aguas de lluvia, desencadena procesos de contaminación ambiental que perduran siglos. Hay evidencias, por ejemplo, de minas operadas en el tiempo del imperio romano que siguen contaminando fuentes de agua.
¿Una minería social y ambientalmente «responsable»?
Si es que algún día existiera una verdadera responsabilidad, esta debería partir por respetar ciertos principios fundamentales, como el derecho de las comunidades y gobiernos locales a decidir sobre la instrumentación de cualquier actividad que represente un riesgo para su bienestar presente o futuro. Sin el respeto de este derecho, simplemente no hay minería responsable. La «consulta» tal como la suelen manejar los gobiernos dedicados a la promoción de la megaminería, no tiene mucho sentido. Las decisiones de las comunidades nunca son vinculantes. Es, lastimosamente, en estas condiciones que se realizaron las consultas en los territorios afectados por los proyectos mineros en el Ecuador. Vale recordar la parodia que fueron las recientes consultas realizadas en la Amazonía Sur del Ecuador en el marco de la Décimo Primera Ronda Petrolera. (5) En lugar de estas mascaradas, y como lo exige el convenio 169 de la OIT (ratificado por Ecuador en el 1998), se debería exigir el consentimiento previo libre e informado de las comunidades.
Por otra parte, una minería realmente responsable debería reconocer, en ciertas situaciones y áreas, que la extracción no puede representar el mejor uso del suelo o de emprendimiento económico. Sobre todo en territorios sensibles como son:
– el bosque nublado y páramos que protegen las cuencas hidrográficas y almacenan agua;
– las lagunas y ríos, así como manglares y humedales;
– donde exista un excepcional potencial turístico, agropecuario, o riqueza arqueológica;
– que albergan especies en peligro de extinción;
– donde exista grandes riesgos sísmicos;
– de alta pluviosidad (lo que exacerba los riesgos de contaminación del agua);
– donde la roca tiene altas concentraciones en compuestos sulfurosos (que generan contaminación por drenaje ácido de mina), entre otras. Preguntamos: ¿qué sentido tiene destruir el patrimonio cultural milenario, impactar a las actividades económicas auténticamente sustentables, contaminar de manera irreversible el agua, el aire y la tierra, así como transformar el clima que le da vida a miles de campesinos, pueblos ancestrales, pescadores y recolectores de mariscos, para sustentar una actividad minera altamente destructiva y cuya duración es de apenas un par de décadas?
Además, una minería «responsable» con el ambiente reconocería que antes de iniciar actividades con tan fuerte impacto ambiental, es absolutamente indispensable contar con largas series de datos históricos (al menos décadas) confiables sobre la hidrometeorología y la sismicidad del área a ser intervenida. En Ecuador, con muy pocas excepciones, estos datos no existen.
Por último, la minería «responsable» es imposible si no existen instituciones públicas sólidas e independientes del sector minero, capaces de evaluar y monitorear la actividad. Por ejemplo, no se puede hablar de minería responsable si la gestión minera está a cargo de instituciones que aprueban Estudios de Impacto Ambiental que carecen de rigor científico, como muchos de los que se han elaborado y aprobado en el Ecuador. No se puede hablar de minería responsable cuando una mayoría de las empresas transnacionales presentes en el país usan paraísos fiscales y bancarios como Las Islas Vírgenes, Bermuda, Barbados, Panamá, entre otros, lo que presumiblemente les permite evadir sus obligaciones en términos fiscales en el Ecuador.
La minería que se está desarrollando en la actualidad en el país no cumple con todas las características que acabamos de mencionar cuando de responsabilidad se habla, más bien da paso a la peor actividad productiva posible, en los lugares lo menos apropiados, como son las Cordilleras del Toisán y del Cóndor, e incluso en los páramos como en la zona de las lagunas de Quimsacocha.
Es así como podemos anticipar que en Ecuador, dadas las condiciones políticas, ambientales y geológicas del país, la minería «responsable» y la recuperación del medio ambiente en las proporciones anunciadas en los discursos oficiales nunca se llevarán a cabo. Menos aún en un país donde no se cumple con la Constitución y tampoco con el Mandato Minero, aprobado en abril de 2008 en la Asamblea Constituyente de Montecristi, con el que se pretendía al menos normar la situación de caos en la minería a gran escala, heredada del modelo neoliberal.
En síntesis, ¿es posible creer en una minería bien hecha y responsable, que no ocasione severos impactos ambientales y sociales y que, además, se constituya en la senda para el Buen Vivir?
Por supuesto que no. La realidad contradice esta afirmación, que no pasa de ser una burda manipulación.
La explotación minera industrial moderna implica la extracción masiva -y en un tiempo muy corto-, de la mayor cantidad posible de recursos minerales; recursos que se han formado en procesos de muy larga duración, a escalas tectónicas. En la actualidad, los sitios de alta concentración mineral se van agotando, sin embargo, los elevados precios del mercado mundial permiten que la explotación minera sea rentable aún en los yacimientos en donde el mineral es escaso. Para hacer producir estos yacimientos, es necesario aplicar una minería industrial de gran escala, con uso masivo de químicos a veces sumamenteóxicos, el consumo abundante de agua y la acumulación de grandes cantidades de desechos. El examen de la minería industrial alrededor del planeta evidencia un sinnúmero de daños y destrucciones múltiples e irreversibles de la Naturaleza. Por igual son incontables las tragedias humanas, tanto como la destrucción de las potencialidades y riquezas culturales de muchos pueblos. En el ámbito económico la situación tampoco es mejor. Los países de América Latina, África y Asia, cuyas economías dependen fundamentalmente de recursos minerales o petroleros, nunca saldrán de la pobreza.
El capital global, en contubernio con gobiernos liberales y «progresistas», una vez más está ganando la partida, y la única forma de parar es con el fortalecimiento de la resistencia pacífica a nivel local y generando alianzas para que cada vez más gente sea conciente de la realidad de la minería y de sus terribles consecuencias.
– Carlos Zorrilla: Activista. Cofundador de la DECOIN, de la Asociación de Caficultores de Íntag y de la Red Nacional de Bosques Privados. Residente de la zona de Íntag desde 1978. Autodidacta en impactos de la minería a gran escala.
– William Sacher: PhD en ciencias atmosféricas y oceánicas. Candidato a doctor en economía en la FLACSO-Ecuador.
– Alberto Acosta: Profesor e investigador de la FLACSO-Ecuador. Exministro de Energía y Minas. Expresidente de la Asamblea Constituyente. Excandidato a la Presidencia de la República.
Notas
1) Sabatina, 29.10.2011.
2) El Ciudadano, 9.12.2011.
3) Declaración de Federico Auquilla, viceministro de Recursos Naturales No Renovables en el Enlace Ciudadano número 249, 10.12.2011.
5) Véase, por ejemplo el documental «La consulta inconsulta» de Tania
Laurini y Julián Larrea Arias, 2013.
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