El Código Minero que el Gobierno elaboró para guiar la locomotora minera se cayó en 2011 porque no fue consultado con indígenas y afros. A tres semanas de vencerse el plazo de dos años que le dio la Corte Constitucional al Gobierno, esa consulta no se ha hecho aún y podría volver a entrar en vigencia el de 2001.
Dentro de tres semanas, a menos que la Corte Constitucional decida lo contrario, Colombia tendrá que volver a su antiguo Código Minero.
Este escenario, que tiene en vilo a casi todos los sectores que están de alguna manera relacionados con la minería, es el resultado de una situación casi novelesca que ahora sólo puede resolver la Corte pese a que fue quien precisamente intentó evitarla hace dos años.
En mayo de 2011 la Corte tumbó el nuevo Código de Minas que fue tramitado en el último año de gobierno de Álvaro Uribe porque no fue consultado con las comunidades indígenas y afro. Este código, que reformaba el de 2001, había sido hecho a la medida de las ambiciones de la locomotora minera pero como también traía medidas fuertes de protección al medio ambiente que antes no existían, decidió darle un plazo al Gobierno de dos años para someterlo a consulta previa.
Esta decisión de la Corte de diferir la entrada en vigor del Código permitió que, aunque oficialmente estaba suspendido, en la práctica sirviera de sustento para reglamentar temas como el programa de formalización de mineros informales o las áreas de reserva minera.
Ese plazo se vence el 11 de mayo, pero el Gobierno no ha hecho la consulta aún. Ya en febrero, el Ministro del Interior Fernando Carrillo reconoció que los tiempos no les daban y le pidió a la Corte una nueva prórroga de cinco meses.
Hasta el momento, la Corte ha guardado silencio sobre lo que sería el primer aplazamiento de una sentencia diferida en la historia constitucional del país. Pero entre los magistrados hay un intenso debate al respecto.
El nuevo magistrado Luis Guillermo Guerrero y en general, el ala más conservadora de la Corte, están abogando por la posibilidad de ampliar el plazo, algo inédito dado que normalmente se ha entendido que la Corte pierde competencia una vez emite su fallo. Esto, además, abriría la compuerta para que se entraran a discutir los plazos de otras sentencias diferidas, incluida la del matrimonio igualitario que le dio dos años al Congreso para sacar una ley y que también vence próximamente.
En todo caso, la posibilidad, cada vez más real, de que resucite el Código Minero de 2001 tiene con los pelos de punta a todo el mundo. Como contó La Silla, los pequeños mineros y los ambientalistas están buscando enviar todo tipo de señales a la Corte para que esto no suceda. Hasta ha dado pie a una enorme paradoja: los indígenas le están pidiendo a la Corte una prórroga que salve una ley que fue tumbada precisamente por no haberlos consultado.
La Silla examinó los dos códigos mineros y encontró estas siete reformas que podrían quedar en el aire si la Corte no le da otra mano al Gobierno.
1 Se caerían medidas que dificultan obtener títulos
Hasta hace tres años, para solicitar un título minero sólo había que presentarse con la cédula para hacer el trámite. La situación se volvió tan caótica que en los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe, se otorgaron casi 9.000 títulos mineros y su superficie de hectáreas pasó de 1,13 millones a 8,53 millones.
A raíz de esta avalancha de solicitudes, se congeló hace dos años la expedición de nuevos títulos y el nuevo Código Minero hizo mucho más exigentes las condiciones necesarias para pedirlos. Ahora la persona tiene que probar que tiene la capacidad técnica y económica para explotarlo.
Además, el código nuevo tiene una serie de medidas que buscan evitar que se pidan títulos mineros para luego no explotarlos, dejarlos engordar y eventualmente venderlos más caros. El canon superficiario, un pago que debe hacer el dueño del título como contraprestación por el derecho que le otorga el Estado para explorar un área, se debe abonar ahora de manera anticipada. Y puede causar la cancelación del título en caso de no pagarse. Antes sólo se cobraba tras la firma de un contrato.
2
El Gobierno pierde margen de decisión en prórrogas y renovaciones
Con el nuevo Código Minero cambiaron las reglas de juego para conceder prórrogas y renovaciones de concesiones, que antes eran prácticamente automáticas y ahora le dan al Gobierno dientes para negociar condiciones más beneficiosas para el país. Ahora están sujetas a la presentación de estudios técnicos, económicos, ambientales y sociales, y a que la compañía esté a paz y salvo con impuestos y regalías. Además, debe demostrar que la prórroga resulta benéfica para el Estado.
Las renovación del contrato de Cerro Matoso el año pasado es un buen ejemplo. Para negociarlo, la Agencia Nacional de Minería le hizo varias exigencias a la multinacional angloaustraliana, incluyendo una cláusula de gestión social obligatoria, la obligación de crear mecanismos de rendición de cuentas a la comunidad, de hacer estudios para determinar la línea base de salud y medio ambiente en la región donde opera, la integración de todas las licencias ambientales del proyecto y la caducidad del contrato en caso de fallos ambientales graves.
Además se negoció con Cerro Matoso el incremento en las regalías del 12 al 13 por ciento, con 0,5 por ciento adicional cuando comiencen a explotar el níquel en nuevas zonas y otro 0,5 si entra en vigor la prórroga en 2029. Esto sumado a una prima contractual de 35 mil millones de pesos ahora y otra de 75 mil millones eventualmente con la prórroga.
De caerse el nuevo código, las compañías podrían solicitar las prórrogas dos años antes de finalizar sus contratos y luego argumentar que lo hicieron en un momento en que regía el código viejo. También podrían solicitar prórrogas de 30 años, que el código nuevo reducía a máximo 20. Drummond ya solicitó este año la extensión de su concesión en Cesar, que vence en 2019.
3
Los mineros informales serían los grandes damnificados
La mayoría de mineros tradicionales y de asociaciones que trabajan con ellos han venido denunciando que el gran vacío del Código Minero nuevo es que la minería a pequeña escala no aparece casi en el código y que no soluciona ninguno de los problemas que la afectan.
Sin embargo, su caída puede tener dos efectos graves en los mineros informales. En primer lugar, es muy posible que también se caería el decreto que organiza el proceso de formalización de pequeños mineros -una de las grandes promesas de Santos al sector- y muchos de los que se inscribieron en el programa quedarían en un limbo.
Pero más grave aún, quedarían expuestos a ser procesados penalmente. El Plan Nacional de Desarrollo estipula que mientras un minero se encuentre en proceso de formalización, no se le puede imputar el delito de minería ilegal hasta que no se le resuelva esa solicitud. Con ese decreto y el programa entero en el aire, se abre la puerta para que eso suceda y el Gobierno podría perder no sólo el proceso que ha comenzado sino la confianza de los mineros que están explotando sin título.
Esto hace que, aunque la mayoría considera que el proceso de formalización tiene serias fallas, la caída del código los llevaría de regreso a una situación peor.
Y también se caerían algunas medidas que intentan poner algún orden al sector de la minería artesanal y la informal, incluyendo el que define los límites del barequeo y el que restringe el uso de dragas.
4
Los páramos y humedales podrían quedar expuestos
Cuando el gobierno hizo la reforma al Código de Minas hace dos años, las amenazas mineras sobre el medio ambiente eran preocupantes. Como ha documentado La Silla, se otorgaron títulos en áreas protegidas como 12 parques naturales, había títulos sobre casi la mitad del área de los seis humedales colombianos protegidos internacionalmente por la Convención Ramsar y en la mitad de las zonas de reserva forestal.
Por eso, el nuevo código prohibía cualquier actividad minera en páramos y humedales con categoría de sitio Ramsar. Aunque el Plan Nacional de Desarrollo de Santos también incluye esa prohibición, la posibilidad de que muchos de ellos no estén suficientemente blindados y de que los títulos encontrados en ellos sigan vigentes tiene a los ambientalistas muy preocupados.
Hay hasta el momento casi dos millones de hectáreas de páramo reconocidas oficialmente. Pero, como reveló La Silla, existen otras 900 mil hectáreas -casi la tercera parte del total- que no están protegidas ya que aparecieron por primera vez en una cartografía elaborada a escala de 1 : 100 mil que aún no ha sido adoptada oficialmente por el Ministerio de Ambiente. Aunque el Plan ordena delimitarlos a una escala más precisa de 1 : 25 mil, la adopción de estos mapas podría blindar estos ‘nuevos’ páramos mientras está lista la definitiva.
A un problema diferente se enfrentan los humedales Ramsar, protegidos por su valor hídrico mediante esta figura internacional, y los nuevos parques naturales. Como también contó La Silla, el Ministerio de Minas se demoró dos años en emitir un concepto previo no vinculante pero obligatorio para proteger la estrella fluvial del Inírida, uno de los complejos de humedales más importantes del país. El hecho de que ese trámite demorara dos años y que al final MinMinas se declarara opuesto a la protección del sexto humedal Ramsar colombiano -rico en coltán- dejó un sabor amargo en muchos sectores.
Y genera dudas sobre el trámite de otros ambiciosos proyectos ambientales como la ampliación del Parque Nacional Chiribiquete, que lo duplicaría en tamaño y lo convertiría en el segundo más grande del Amazonas. Ese proyecto acaba de entrar a MinMinas y está a la espera de su concepto.
5
Se pueden caer reglas para áreas de reserva minera
Las áreas de reserva estratégica como el Amazonas fueron reglamentadas de acuerdo al nuevo código y no existían cuando se redactó el código viejo.
Estas reservas apuntan a escoger áreas donde puede haber minerales de interés estratégico para el país y excluirlas de la entrega de títulos o firma de concesiones hasta que no se definan unas reglas más estrictas de selección de empresas y unas condiciones exigentes de explotación.
La más importante es la del Amazonas, que tiene unas 17 millones de héctareas. Gracias a una resolución del año pasado, se limitó cualquier actividad minera en casi todo el territorio amazónico hasta que el Ministerio de Ambiente haga un ordenamiento ambiental de toda la región, que fije las áreas para protección y las áreas que podrán ser aprovechadas económicamente.
La caída del código no sólo compromete la exclusión de estas reservas, sino que ha generado también el temor de que se pierda la obligación de regularlas mediante un proceso de discusión con los grupos indígenas y afro, que son quienes generalmente habitan en ellas.
6
Se perdería el mayor castigo para mineras que contraten menores de edad
Una de las banderas del Ministerio de Trabajo que dirige Rafael Pardo ha sido la lucha contra el trabajo infantil. Y para reducirla en un sector donde es un problema real -especialmente en la informalidad-, el nuevo Código Minero incluyó la contratación de menores de edad entre las causales que pueden llevar a la cancelación de un contrato. Caído el código, se perdería también esta cláusula.
7
Volvería a darle voz a MinMinas en licencias ambientales
El viejo código minero incluía una lista de razones taxativas por las cuales se podía negar una licencia ambiental, que desapareció en el nuevo. Dos fuentes consultadas por La Silla temen que esta lista, que en principio suena inocente, permita que las autoridades mineras tengan voz en la decisión sobre licencias ambientales, algo que precisamente se intentó evitar con la creación de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que lidera Luz Helena Sarmiento.
Y dicen que no hay claridad sobre qué sucedería, por ejemplo, en caso de que la Anla tuviese argumentos técnicos y jurídicos para negar una licencia, pero que éstos no figuren dentro de las causales del código viejo.