Las empresas extractivas son una mafia organizada para saquear los territorios y en ese afán han violado la totalidad de los derechos humanos de los pueblos, aseguró FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación A.C., durante el Foro por el Derecho a la Vida y el Territorio en la Sierra Norte de Puebla. También responsabilizó al gobierno del estado de la integridad de los defensores y defensoras del territorio que han constituido un movimiento de resistencia.
En la región, se dijo, se han otorgado 440 concesiones mineras y aunque algunas han sido canceladas representan el 66 por ciento de su territorio, además de los permisos para la instalación de hidroeléctricas y la entrega de diversas áreas para la explotación petrolera, donde se usa la fractura hidráulica o fracking.
Durante el encuentro en el que participaron académicos, estudiantes, defensores del territorio, se indicó que el fenómeno del despojo a causa de estos proyectos que han sido considerados como de muerte, “se ensaña” especialmente en contra de las comunidades otomíes, tepehuas, totonacas y nahuas
“Los proyectos extractivos ambicionan invadir la totalidad de la fisiografía serrana. En las zonas altas se han concesionado más de 160 mil hectáreas a la minería. En las zonas de mediana altura, se ha detectado la intensión de establecer más de 10 proyectos hidroeléctricos. Las zonas bajas han sido focalizadas para la extracción de hidrocarburos, a donde ya se ubican más de 230 puntos de fracturación hidráulica, fenómeno que irá avanzando conforme evolucionen las rondas de licitación”, argumentaron.
Los proyectos se impulsan y se imponen mediante la violación sistemática de los derechos humanos, que se evidencia en atentados contra la libre asociación, la libertad de expresión, a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, al uso preferente de los recursos naturales. Además del derecho humano al agua, entre otros, señalaron.
En el pronunciamiento final, firmado por el Consejo Tiyat Tlali, el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación A.C., denunciaron que las empresas mineras y energéticas nacionales y extranjeras como Almaden Minerals, Autlán, Grupo México y Deselec, han propiciado además la confrontación comunitaria
Además de que en este momento se vive la profundización de un ambiente de hostigamiento, intimidación y agresión física, verbal y psicológica, hacia defensores y defensoras del territorio en el estado de Puebla.
Los participantes se solidarizaron con el caminar de los pueblos del estado y de la Sierra Norte, que han construido un movimiento colectivo para la toma de decisiones en el uso, disfrute y conservación de su entorno, “espacios que han sido negados por las políticas gubernamentales y por el olvido histórico de las necesidades de los pueblos originarios”.
Además hicieron responsable al gobierno del estado del bienestar físico, psicológico y comunitario de los defensores y defensoras del territorio en las comunidades y organizaciones acompañantes de Cuetzalan, San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán e Ixtacamaxtitlan, por considerarlas movimientos pacíficos y legítimos, en el marco del derecho a la vida y al territorio.
Se pronunciaron a favor del derecho legítimo de las comunidades para decidir y preservar sobre su cultura, sus formas de organizarse y de relacionarse con su entorno, desde la cosmovisión totonaca, náhuatl y otomí, frente a un tipo de desarrollo que no concuerda con sus modos de vida.
Los participantes reconocieron que la vida de las comunidades indígenas y campesinas, aportan al país el patrimonio biocultural “que nos dan identidad como pueblo” y manifestaron su solidaridad con sus luchas.