Sierra Leona atrae flujos significativos de Inversión Extranjera Directa (IED); esto es, capitales foráneos para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, principalmente. Este fenómeno comenzó hace años, pero en 2014 se detuvo cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia de ébola. Ahora, tras superarse esa crisis, de nuevo se ha acentuado. En el pequeño país de África Occidental estás operaciones están orientadas, mayoritariamente, a la minería y a la agroindustria para la exportación y suelen involucrar acuerdos de tierras a gran escala facilitados y negociados por funcionarios gubernamentales, políticos locales y jefes tradicionales.
Las personas y comunidades afectadas por la expropiación forzosa de tierras que acompañan a estos proyectos suponían que iban a recibir compensaciones justas que les permitirían mejorar sus vidas y, además, esperaban encontrar oportunidades de empleo remunerado con las empresas multinacionales beneficiarias de estos acuerdos. Pero la realidad dista mucho de esas expectativas y promesas. Esto ha creado una frustración que se traduce en un aumento de la tensión social en el país.
Entre 2009 y 2012, al menos 1.154.770 hectáreas, cerca del 21.4% del total de la tierra cultivable de Sierra Leona fueron cedidas para proyectos de agroalimentación, estimaba el informe Who is benefiting? elaborado por la coalición de ONG Action for Large-Scale Land Acquisition Transparency (ALLAT) en 2013. Estas cifras no contabilizan las concesiones realizadas en el sector minero.
Desde que se publicó aquel estudio no se cuenta con nuevos datos fiables sobre el total de tierra usurpada por compañías extranjeras en Sierra Leona. Sin embargo, activistas medioambientales y de derechos humanos apuntan a que el porcentaje ha seguido en aumento una vez que la epidemia de ébola se declaró oficialmente terminada en marzo de 2016.
Uno de los sectores que más inversiones ha recibido en Sierra Leona es el de la bioenergía. Addax Bioenergy, una filial de Addax and Oryx Group, con sede en Suiza, es el mayor inversor en este campo. Su caso sirve para analizar este tipo de proyectos. La apuesta de la compañía en el norte de Sierra Leona fue aprobada como un Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en conformidad con el artículo 12 del Protocolo de Kioto. Esta norma permite a los gobiernos de los países industrializados y a las empresas suscribir acuerdos para cumplir con las metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI). No cabe duda de que fue una buena noticia al tratarse del primer proyecto de generación de energía a base de caña de azúcar para la producción de etanol que adquiría el sello de MDL en África, como anunció en su día el periódico Awoko.
Desde un principio, la empresa, además de dejar claro que su objetivo principal es la exportación, declaró que iba a generar 120 GWh al año destinados a la red eléctrica sierraleonesa. Esto le generó grandes elogios por parte del presidente Ernest Bai Koroma durante un discurso en el Parlamento nacional. El problema de la electricidad es uno de los muchos que acucian al Gobierno del país que no termina de cumplir su promesa de conducir la energía a las principales ciudades. Además, en aquellas partes donde llega los cortes son frecuentes.
A pesar de todo esto, Addax Bioenergy ha sido criticada por ONG locales e internacionales (basta ver el informe de ALLAT como ejemplo de ello). Estas organizaciones alegan que esta inversión ha tenido importantes impactos negativos en las comunidades locales afectadas: compensaciones insuficientes a los dueños de la tierra, desplazamiento de poblaciones, bajos salarios e incumplimiento de las expectativas de generación de empleo. Además, los privilegios y exenciones de impuestos otorgadas a esta, y otras compañías, pueden suponer pérdidas de millones de euros para el Estado sierraleonés, denuncia ALLAT.
Este caso sirve para entender las incertidumbres y ambigüedades que acompañan a la entrada de IED en la minería y la agroindustria de Sierra Leona, y de muchos otros países africanos. Los donantes internacionales, los inversores, el Gobierno y también muchos sierraleoneses de clase alta y media (profesionales, empresarios, elites…) resaltan las perspectivas de desarrollo asociadas a las IED. Sin embargo, la mayoría de los sierraleoneses todavía luchan por poder sobrevivir en una nación donde, a pesar de estas inversiones millonarias, más de la mitad de la población vive por debajo de la línea de la pobreza y el país ocupa el puesto 179 (de 188) en el último Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas.
Podríamos también haber elegido como ejemplo a una de las empresas que han conseguido concesiones en el sector minero. Este es el caso de African Minerals Limited, recogido por Human Right Watch (HRW) en el informe Whose Development? Human Rights Abuses in Sierra Leone’s Mining Boom, y que en noviembre de 2015 fue denunciada ante un tribunal londinense por los residentes de las aldeas cercanas a la explotación a la que acusan de desalojarlos de sus comunidades y tierras con métodos violentos.
En el sector de la minería es donde se han producido los mayores abusos y violaciones de los derechos de los trabajadores. Aquellos que han conseguido un empleo se quejan de la prohibición de afiliarse a los sindicatos, de los bajos salarios, de la falta de seguridad en el trabajo y del tratamiento racista que reciben por parte de los expatriados. Esto ha originado algunas huelgas que han sido reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad sierraleonesas, como bien recoge el informe de HRW.
Independientemente de los elogios que estas compañías puedan recibir, la realidad es que la usurpación de tierras está teniendo un efecto negativo en la lucha contra la pobreza. Ni siquiera los que consiguen ser empleados por las nuevas compañías pueden sentirse privilegiados en su nueva situación.
Desde hace tiempo, algunos periodistas sierraleoneses denuncian que, a pesar de los argumentos utilizados por el Gobierno para seguir apoyándolas, estas inversiones extranjeras a gran escala no están reduciendo la alta tasa de desempleo que tiene el país. Afirman que muchas de las empresas detrás de estas operaciones, como es el caso de Addax o Socofim, han realizado muchas promesas que son difíciles de verificar ya que los acuerdos firmados no son transparentes. Además, dudan de que las tierras estén siendo tasadas de acuerdo con el verdadero precio de mercado. También en este punto existe mucha opacidad. Y advierten de que de mantenerse el actual ritmo de concesiones, el país se quedará sin tierra cultivable en un futuro no muy lejano.
“En realidad, los agricultores se han visto obligados a vender sus tierras por una miseria. La mayoría de las esperanzas de mejores medios de vida, más empleos y mejores escuelas para los hijos no se han hecho realidad. Los acuerdos de tierras a gran escala han hecho que miles de pequeños agricultores sean hoy mucho más pobres”, afirma Elijah Grega en un artículo publicado en Development and Cooperation.
Fruto de todos estos abusos, la tensión social está creciendo en el país. La gente está enojada porque los inversores, que se llenan la boca de palabras como Responsabilidad Social Corporativa (RSC), no están respetando las promesas hechas. Sin embargo, el Gobierno sí les ofrece importantes recortes de impuestos y utiliza las fuerzas de seguridad para reprimir las protestas y resistencia de los agricultores que se ven expulsados de sus tierras o de los mineros que reclaman mejoras laborales. Al mismo tiempo, los activistas por los derechos de la tierra están siendo criminalizados y algunos han sido condenados a prisión por los tribunales, afirma Grega.
Lo único positivo de esta situación es que los agricultores han comenzado a organizarse y a alinearse con los defensores de derechos humanos. Tras varios años sin poder ejercer ninguna presión debido a los toques de queda impuestos por el Gobierno para prevenir la expansión del ébola, finalmente retomaron sus acciones. Esto ha empujado al Ejecutivo a aprobar una nueva ley de Propiedad de la tierra, que fue firmada por el presidente el pasado 23 de marzo.
Algunos activistas que consultados afirman que no es un mal documento y que puede significar el principio de algunos cambios. Pero dudan de la voluntad del Gobierno para desarrollarlo e implementar sus propias disposiciones. De todas formas, han decidido darle un voto de confianza hasta ver qué sucede realmente. A cambio piden, como gesto de buena voluntad, que no se otorguen nuevas concesiones de tierra, o al menos se disminuya su ritmo, hasta que se pongan en marcha las nuevas reformas. Por ahora, todo indica a que no se está teniendo en cuenta esta petición, por lo que es posible que la tensión social siga en aumento en Sierra Leona y desemboque en actos violentos en los próximos meses, indican las mismas fuentes.
Fuente:https://elpais.com/elpais/2017/06/29/africa_no_es_un_pais/1498745194_340675.html