La empresa Minera Yanacocha SRL ha sido notificada con la Resolución Directoral N°018-2014-OEFA/DS, de fecha 16 de diciembre de 2014. Entre otras cosas, el documento informa a la compañía que durante las acciones de supervisión que ha llevado a cabo el OEFA, se constató que por el lado sureste del depósito de desmonte San José – Parte Sur, existen filtraciones que eran descargadas directamente al suelo natural, con un pH de 4,12, de carácter ácido, que está en más de un 200% fuera de rango de los límites máximos permisibles, aprobado mediante Decreto Supremo N°010-2010-MINAM. Dichas filtraciones discurren sobre suelo natural, hasta llegar a la quebrada Quishuar, San José, cuya agua es captada por el canal San José Río Grande.
En el plan de cierre de minas elaborado por la empresa minera, y aprobado mediante Resolución Directoral N°013-2009-MEM-AAM, Yanacocha declaró que el depósito de desmonte San José – Parte Sur, estaba cerrado y no tenía potencial para generar drenaje ácido de roca, por lo que no requería tratamiento de agua. Consecuentemente, sus medidas de cierre fueron la reconformación y revegetación. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que las declaraciones de la compañía no fueron exactas y que el citado depósito sí contiene desmonte que genera drenaje ácido y, por lo tanto, requiere un tratamiento especial de agua. Quizás la empresa procura ahorrar costos aún a costa de la salud de las personas.
Independientemente de la indignación que este hecho puede generar, el reconocimiento oficial de la contaminación que viene ocasionando Minera Yanacocha es motivo de profunda reflexión sobre qué tipo de minería se está permitiendo en el Perú, cuáles son los niveles de responsabilidad exigidos a las empresas que se dedican a actividades extractivas, qué mecanismos existen para garantizar que se cumpla el principio de internalización de costos contemplado en la Ley General del Ambiente y sobre cuáles son las garantías que nos ofrece el Estado para salvaguardar nuestro derecho constitucional a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la vida.
Si bien existen los mandatos particulares que el OEFA ha dado a Minera Yanacocha, entre los que se encuentran, realizar un estudio técnico que determine si se está produciendo infiltraciones en el depósito de desmonte San José – Parte Sur hacia el agua subterránea, incluyendo las medidas para evitar la migración de dichas infiltraciones (si existieran), aún no hay evidencia de que se hayan adoptado medidas urgentes y extraordinarias para garantizar el cese de la contaminación y la protección de la salud de la población. La pregunta es: ¿Quién dicta esas medidas? ¿Qué pasa si Yanacocha incumple los mandatos particulares del OEFA?
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional Cajamarca hizo de conocimiento de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental el problema de las filtraciones que ha corroborado el OEFA, lo que ha dado lugar al caso N°182-2014, por el presunto delito de contaminación del ambiente en agravio del Estado peruano. Considerando la contundencia de la Resolución Directoral N°018-2014-OEFA/DS esperamos que el Ministerio Público, encargado de la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, cumpla con su rol de defender el interés social de todos los cajamarquinos y formalice la denuncia correspondiente.
Asimismo, es preciso que el Ministerio de Energía y Minas redefina las reglas de juego con las empresas mineras. En uno de los desayunos de trabajo promovidos por la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), que se llevó a cabo en la ciudad de Lima y en la que tuve la oportunidad de participar, como también lo hicieron los representantes (siempre altivos) del Ministerio de Energía y Minas, los funcionarios señalaron que la minería moderna no dejaba pasivos ambientales, porque sus instrumentos de gestión ambiental incluyen un plan de cierre de minas que, por supuesto, ellos aprueban. Sin embargo, si los planes de cierre de minas se van a realizar del mismo modo como se hizo el de San José, y al cabo de unos años van a filtrar aguas ácidas, tenemos que empezar a preocuparnos, porque la lista de pasivos ambientales incrementará considerablemente y ¿quién va a asumir la responsabilidad por esos cierres de minas deficientes y engañosos?
Vista la situación, el OEFA ya fiscalizó, ya emitió su resolución con un par de mandatos particulares, ya notificó a la empresa. Por su parte, el Ministerio Público continúa investigando y Yanacocha ya sabe que contamina. ¿Y la gente qué? Esa gente que hizo público el caso de las filtraciones existe, vive lejos, muy lejos de la comodidad de las oficinas de los ministerios. Existe y ha sufrido, no sólo el daño de la contaminación a su ambiente, sino también un atentado directo a su salud, porque, como determina el informe del OEFA, las filtraciones discurren hasta la Quebrada Quishuar San José, cuya agua es captada por el canal San José de Río Grande, que usan los pobladores para el desarrollo de sus actividades diarias (incluida la alimentación).
Conviene reflexionar sobre cuál es el costo de la minería en el Perú y evaluar si el Estado está dispuesto a asumir ese altísimo precio que está significando el desarrollo de las actividades extractivas, incluidos el bienestar y quizá hasta la vida de las personas.