01/11/2010. La audiencia pública por el proyecto minero San Jorge fue mucho más que un conglomerado de vecinos de Uspallata intercambiando opiniones antagónicas y sordas sobre la actividad minera en Mendoza. Fue, para el Gobierno, una demostración de poder ciudadano; a tal punto, que el futuro de la explotación del yacimiento de cobre y oro en la zona quedó bajo un gran signo de interrogación.
A la negativa al proyecto mostrada por más del 75 por ciento de los vecinos que estuvieron en los galpones de Vialidad Nacional, se sumó una serie de informes agregados recientemente al expediente. Se trata de dos datos relevantes para el futuro del proyecto, con nuevos cuestionamientos que la empresa no quiso o no supo responder en público.
Primero: el proyecto quedó atrapado en la última resolución de Irrigación. Ese organismo desacreditó los fundamentos técnicas con los que la empresa intentó explicar que no existen riesgos de filtraciones en los diques de cola. Para los especialistas de Irrigación, el proyecto sólo será viable si se impermeabilizan casi mil hectáreas. De lo contrario, no habrá visto bueno, al menos desde esa dependencia.
El segundo punto se centra en la discusión histórica sobre el estado de la cuenca hídrica subterránea en la zona de explotación. Los técnicos de San Jorge presentaron pruebas científicas que confirmaban la presencia de una cuenca cerrada, con ningún tipo de contacto con el resto de los cauces que nutren a gran parte de la provincia.
Para demostrar esta hipótesis, Minera San Jorge (subsidiaria local de la canadiense Coro Minig) aportó estudios sobre el terreno realizados por el científico argentino José María Cortés, basados en una segunda y superadora teoría que demuestra que la cuenca afectada es cerrada.
Sin embaro, la sorpresa para las autoridades de la Secretaría de Ambiente la dio el mismo José María Cortés. El docente de la Universidad de Buenos Aires envió una nota para ser agregada al expediente del proyecto San Jorge, donde explicó que las conclusiones de sus trabajos diferían de las enunciadas por la empresa y que fueron puestas a su nombre.
La complicada situación que enfrenta San Jorge comenzó a vislumbrarse en la audiencia pública. Algunos funcionarios reconocieron que la actitud mostrada por la minera para responder las dudas planteadas careció de pedagogía. Y lejos de buscar la empatía con los vecinos, pareció desafiarlos.
La última señal la dio el intendente de La Heras, Rubén Miranda. Esperó hasta último momento y, después de 13 horas de audiencia –la más grande en la historia de la provincia-, y cuando entendió que el rechazo al proyecto minero era mayoría, se borró de la lista de oradores para evitar nuevos cuestionamientos.
Cuando el 22 de noviembre (fecha tentativa) se reúna la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (Ceiam), estos serán los principales temas de análisis antes de la redacción del informe final único.
La Ceiam está conformada por la UTN, UNCuyo, miembros del Conicet, Dirección de Patrimonio, Dirección de Hidraúlica, Dirección de Recursos Naturales y Consejo Provincial de Ambiente, entre otros organismos. Mucho de ellos, con una explícita oposición a la puesta en marcha del proyecto. Una tendencia que puede ser la clave a la hora de tener la última palabra.