Cuando se habla de la crisis en este departamento, al Gobierno colombiano se le olvida mencionar que los problemas no son causados por la ausencia de lluvia, sino por el abandono estatal y la entrega del territorio a multinacionales.
La gravedad de la situación en La Guajira ha llevado a que sus comunidades exijan la intervención del Estado para superar la ausencia de agua potable con la construcción de acueductos, zonas de distribución del recurso hídrico, mayor inversión social con relación a una estrategia de seguridad alimentaria y que se regule la explotación de los recursos naturales.
Pero, mientras se continúa a la espera de una solución, la crisis humanitaria toca fondo. Según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, entre 2008 y 2013 murieron 4.151 infantes, 278 por desnutrición, 2.671 a causa de enfermedades curables y 1.202 que no alcanzaron a nacer.
Algunas cifras
Es inconcebible pensar que en un departamento con las condiciones de riqueza natural y diversidad cultural como éste, que pueden llevar a la región a alcanzar niveles satisfactorios de desarrollo sostenible y equitativo para sus comunidades, impere una política de extracción mineral, se hable de estrategias de explotación, de intervención de multinacionales y empresas privadas que en nada o poco benefician a las comunidades. Además, no se cuenta con una estrategia para la provisión del recurso hídrico, la atención a la salud pública, seguridad alimentaria y la superación de la pobreza, entre otros.
El departamento cuenta con una población de 846.609 personas, de las cuales 463.942, 54,8%, se encuentran en la parte urbana y 382.667, 45,2%, en las áreas rurales. El 44,9% de su población es indígena, el 20,2% del total de la población indígena del país.
La Secretaría de Desarrollo Económico del departamento, a través de la Universidad de La Guajira, hizo una investigación sobre el desempleo. El resultado es alarmante: un índice del 46,87% de desempleo. De esta manera el departamento se ubica por encima del 300% de la media nacional en desocupación.
El ojo inversionista
Lo único que impera son las políticas inversionistas extranjeras y de empresas privadas, que contrario a estimular el desarrollo profundizan su condición de vulnerabilidad por el despojo, deterioro del medio ambiente, privatización de los territorios y de los recursos hídricos.
El Cerrejón, por ejemplo, es la reserva de carbón explotada a cielo abierto más grande en el mundo. Se ubica en el cauce del río Ranchería, produce anualmente 32 millones de toneladas de carbón, y su explotación supone un amplio nivel de impuestos al país. Además de la zona de explotación, el consorcio transporta el mineral a través de un ferrocarril de unos 150 Km de largo y posee un puerto marítimo para el cargue directo, con una capacidad de recibir buques de hasta 180 mil toneladas.
Ante la magnitud de este proyecto, lo que se veía como una esperanza para subsanar el desempleo en la región se convirtió en un campo de explotación humana. Empresas de carbón como el Cerrejón han sido denunciadas por los mineros por no cumplir con los mínimos laborales. Hablan de largas jornadas de trabajo bajo altas temperaturas, del no reconocimiento de enfermedades profesionales como son la silicoantracosis y los problemas artromusculares, deshidratación de la piel, problemas auditivos, sin mencionar los largos días expuestos al polvo de la tierra y a la ceniza del carbón, entre otros.
Las comunidades wayús
Estas comunidades, igualmente, han denunciado el impacto ambiental y humanitario que ha generado la explotación a cielo abierto. Así lo expresaron desde 2008 en el Tribunal Permanente de los Pueblos. «Desde que comenzó la explotación las comunidades hemos perdido miles de hectáreas hasta el punto que ya los wayús no tenemos acceso al río desde Albania, porque las tierras aledañas las ha privatizado El Cerrejón. El resguardo está a menos de 500 metros de la mina, comiendo polvillo de carbón, durmiendo con las vibraciones del botadero de desperdicio y de las detonaciones; el resguardo de San Francisco lo atraviesa la vía férrea y una carretera de acceso en la mitad del resguardo».
También se han presentado accidentes de niños, y cuando han denunciado, «nos dicen que fue por descuido de no leer las advertencias. Pero, ¿y qué vamos a leer? No entendemos mucho español, ¿cómo vamos a entender inglés?».
Además de estas denuncias señalan al Cerrejón como el principal culpable de la sequía de cerca de nueve pozos de agua que funcionaban como garantía del mínimo vital, y que por la explosión con dinamita a cielo abierto se producen movimientos en la tierra que crean grietas y poco a poco secan los pozos, sin mencionar las cenizas de carbón que caen a las aguas.
Tabaco, una comunidad eliminada
Tabaco es una comunidad afro de la que poco se habla, que pertenecía al municipio de Hato Nuevo. Padece la llegada de la megaminería y actualmente cumple más de 10 años reclamando la desaparición de su pueblo.
En agosto del 2001, los habitantes de Tabaco sufrieron un desalojo forzoso, donde participaron miembros de la seguridad privada de las empresas Carbocol – Intercor, transnacional que estaba a cargo del Cerrejón, y miembros de la Fuerza Pública. Más de 700 personas fueron superadas por maquinas aplanadoras que acabaron con los ranchos de bareque y barro. Desafortunadamente, Tabaco se ubicaba en un área importante para la expansión del complejo minero.
La comunidad vivió por años la presión de las multinacionales y cuando se inició la compra de predios, privatizaron zonas y vías de acceso al pueblo. Líderes de la zona comentaron a los medios que en complicidad con la Administración municipal les cortaron los servicios de agua, desmantelaron el centro de salud, cerraron Telecom, hasta la iglesia cerró. Muchos de sus pobladores se vieron obligados a vender sus predios, bajo las condiciones de los abogados de las empresas, 10 mil pesos por hectárea. Años más adelante el pueblo desapareció.
En el 2002, la comunidad entabló una tutela que falló a favor reconociendo sus derechos. Entre otros, se exige la reconstrucción del pueblo y su infraestructura. Sin embargo, hasta el momento el proceso está inconcluso.