El representante del ministerio de Minería indicó que el tema del proyecto Río Blanco tiene tintes políticos por la cercanía de las elecciones seccionales (2019).
La sentencia de la audiencia pública de apelación sobre la suspensión de las actividades del proyecto minero Río Blanco, en Cuenca, provincia de Azuay, estaría lista en una semana, de acuerdo con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Según la disposición legal, el fallo deberá conocerse en ocho días contados a partir del 23 de julio, fecha en la que se realizó la audiencia, por lo que restarían siete días.
«Sin embargo, éste período de tiempo podría extenderse sin ninguna consecuencia jurídica», señaló el Ministerio de Minería en una nota de prensa.
El ministro de Minería subrogante, Henry Troya, acompañado de otras autoridades estatales, sostuvo en la diligencia que como Estado se garantiza que «no hay actividad minera en el Parque Nacional de El Cajas, ni ningún tipo de actividad minera que afecte las fuentes de agua”.
“Confiamos como Estado que tenemos la razón en derecho. Pero nos preocupa que este proceso tiene tintes políticos, considerando la cercanía de las elecciones seccionales”, afirmó por su parte el equipo jurídico del Ministerio de Minería.
El Estado ecuatoriano demostró que el proceso de Consulta Previa, libre e informada, que nace del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ha sido recogido por la Constitución de la República, establece cuatro requisitos concurrentes para determinar la existencia de pueblos y nacionalidades indígenas y la obligatoriedad del proceso de consulta previa.
Entre estos, están la autoidentificación de los sujetos, la posesión ancestral sobre un determinado territorio (a través del tiempo), la pertenencia a la comunidad (reconocimiento de la comunidad) y el mantener usos, costumbres y tradiciones propias.
Sin embargo, el Estado señaló que estos requisitos concurrentes no se cumplen en el caso de las comunidades mestizo-campesinasubicadas en el área de influencia del proyecto Río Blanco.
El último censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) demuestra que las comunidades se autodefinen mayoritariamente como mestizos, hecho testimoniado por los representantes legítimos de las comunidades, al tiempo que no existe evidencia alguna de que se haya solicitado algún trámite para la declaratoria de tierras ancestrales legalmente reconocidas por el Estado.
Según la nota del Ministerio de Minería, durante la audiencia, en los exteriores de la Corte Provincial de Cuenca, se registraron actos violentos en contra de ciudadanos que apoyan la actividad minera responsable en la zona, pero la actuación de la Policía Nacional logró evitar mayores enfrentamientos.
En abril de este año, el Subgerente del proyecto Río Blanco, Xavier Sánchez, indicó a Andes que el proyecto minero se desarrolla fuera del Parque Nacional Cajas, a unos 5 kilómetros de esa reserva.
“No estamos dentro de áreas protegidas el proyecto de desarrolla bajo un plan de manejo que tiene como especial cuidado el agua que es una de las principales preocupaciones y observaciones que tenían las comunidades, la parroquia y la ciudadanía de Cuenca”, apuntó en esa fecha.
En este proyecto de mediana minería, ubicado en la parroquia Molleturo, la empresa concesionaria Ecuagoldmining S.A., de China, invierte en Ecuador 78 millones de dólares, aunque la inversión total se estima en 89 millones de dólares.
Fuente:https://www.andes.info.ec/es/noticias/economia/16/sentencia-rio-blanco