El 20 y 21 de octubre de 2016 se llevó a cabo el Seminario Internacional “Hacia una política pública de protección integral de defensores de derechos humanos”, organizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, con la participación de organizaciones nacionales e internacionales para un intercambio de experiencias en la construcción de una política pública de protección a defensores/as de derechos humanos en el Perú.
La mesa sobre la situación de criminalización de defensores/as de derechos humanos en Perú, inició presentación con Mar Pérez, representante de la CNDDHH, quien proporcionó datos de las víctimas a nivel nacional, indicando que Perú está en el 4° lugar en asesinatos de defensores/as en el mundo. Entre los perpetradores están al 70% policías y militares, y al 30% civiles vinculados a intereses económicos. Hay una falta de regulación del uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y armadas que aporta a la criminalización de la defensa de derechos.
David Velazco, de Fedepaz, profundizó en la estigmatización de líderes, lideresas y organizaciones en el contexto socio ambiental, con campañas de demolición de honras que perjudican el honor y la dignidad de las personas, a través de infamias y calumnias, en colusión con medios de comunicación o periodistas sin ética. Esto se da con un afán de desmovilizar y bloquear la lucha por la defensa de derechos, de manera que desmoralizan y desmotivan a dirigentes y futuros líderes. Compartió algunos mecanismos legales y constitucionales útiles como las querellas a periodistas que, aunque supongan una larga espera, evitan mayores desencuentros o episodios violentos.
Ana Leyva, de Cooperacción, habló del conflicto por el proyecto minero Las Bambas en Apurímac, indicando que el origen de la molestia de las comunidades surge a raíz de las modificaciones que sufrió el Estudio de Impacto Ambiental – EIA, sin su participación. Ante esto se generó una serie de temores respecto de los beneficios concertados y de las afectaciones que pudieran sufrir. También ejemplificó impactos diferenciados en el caso de lideresas, cuya firme defensa del ambiente llega a ponerlas en conflicto con sus propias familias, lo cual suma al debilitamiento de su lucha.
Jerry Yauri, representante de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central – ARPI, presentó testimonios de líderes indígenas que han sido denunciados e incluso atacados por grupos vinculados a empresas madereras y vendedores de tierras, que tienen títulos de propiedad aun cuando son territorios comunales. Representa un riesgo constante seguir vigilando y haciendo respetar sus propiedades y derechos colectivos. Además, vienen haciendo una revisión interna de estatutos comunales para adaptarlos a su situación real.
El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – OCM comparte positivamente la realización de este evento y la discusión propiciada para articular luchas y trabajo entre nuestras organizaciones, para la construcción de una política pública de protección a defensores de derechos en el Perú.
27 de octubre de 2016
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN
Fuente: www.conflictosmineros.org.pe