En agosto se conocerá si la explotación de níquel por parte de la empresa Cerro Matoso en el departamento de Córdoba ha causado serias afectaciones de salud a las comunidades aledañas a la mina. Actualmente Medicina Legal realiza exámenes a 1.890 personas, en su mayoría de comunidades indígenas, que habitan en las poblaciones de Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador para determinar si las enfermedades que se han denunciado, son causadas por la actividad minera.
“En Pueblo Flechas, una población que está a escasos 300 metros de los cerros o los botaderos como los llaman, la tasa de abortos es altísima, allí tenemos un pueblo que no pasa de 90 familias y hay años en los que tenemos documentados hasta 36 abortos”, dice Javier De La Hoz, representante legal de las víctimas.
Actualmente hay un proceso activo por una tutela presentada por la comunidad indígena zenú, y ya la Corte Constitucional ordenó los exámenes; el abogado De La Hoz asegura que “somos unos convencidos de que la decisión será favorable a estas comunidades porque es un clamor que está hace 40 años, porque vienen siendo explotadas y afectadas por la contaminación que genera Cerro Matoso”.
Dice también que Israel Aguilar, cacique de la comunidad zenú, se muestra dispuesto a convivir con la mina, pero “piden que se les respete su derecho al desarrollo étnico, a que no se siga exterminando este pueblo, a un ambiente sano y al derecho de la vida”.
Domingo Hernández, presidente de Sintracerromatoso habló de la advertencia que hizo el sindicato hace cuatro años sobre las dificultades en salud que estarían generando las labores mineras, no solo en los trabajadores, sino también en la comunidad vecina.
“En el año 2012, cuando se renegoció el contrato de concesión, que fue adjudicado a Cerro Matoso, denunciamos la afectación de salud de la comunidad que está en el área de influencia. Problemas de dermatitis, en la vista, entre otros”, dice Domingo.
El sindicato celebra las decisiones que se vienen tomando para poder tomar correctivos y evitar más afectaciones a la comunidad, “aunque la compañía niegue cualquier problemática causada por ellos”.
Cerro Matoso responderá
Por medio de un comunicado, Ricardo Gaviria, presidente de la empresa, afirmó que “se está prestando toda la colaboración que el Instituto de Medicina Legal requiere para adelantar los exámenes dentro del plazo fijado por la Corte Constitucional”.
El directivo también confirmó que Cerro Matoso correrá con los gastos del procedimiento e incluso señala que estos fueron “solicitados en visita de inspección que tuvo lugar los días 4 y 5 de diciembre de 2014, dado que los tutelantes reclamaban afectaciones a su salud sin ninguna prueba de las mismas o que se relacionaran con las actividades de la compañía”.
En el comunicado, esa compañía aclara “que las enfermedades que se presentan en esa región son las mismas de las que adolece el resto del departamento de Córdoba, presentando sus mismas morbilidades que no tienen asociación alguna con la compañía sino con las condiciones de vida del general de la población”.
Daños del níquel
El doctor Ubier Gómez, toxicólogo clínico del Hospital San Vicente Fundación, explica los daños a la salud que podría generar la actividad con ese tipo de metal.
“Cuando se aumentan las concentraciones de este metal en el organismo va a llevar a que produzca toxicidad en muchos tejidos, incluidos próstata, pulmón, hígado y sistema nervioso”; también advierte sobre el riesgo de aborto, “porque se pueden producir malformaciones y la manera como el organismo se defiende de una malformación es eliminando el feto”.