En México hay al menos 30 focos rojos por la disputa de terrenos entre comunidades indígenas y empresas mineras extranjeras que pueden representar un brote de “inestabilidad social” para algunas regiones del país, advirtió el comisionado nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz.
Indicó que los puntos de conflictividad y atención se tienen ubicados en Oaxaca, con el caso de la mina de plata de origen canadiense San José El Progreso, así como en Baja California, Puebla, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Morelos, Tlaxcala y Chihuahua, donde también operan firmas extranjeras.
El comisionado mencionó que con la ley de consulta indígena, que fue parte de una recomendación de la Organización de las Naciones Unidas, se busca generar protocolos de diálogo entre las comunidades afectadas para evitar la confrontación, cediendo los terrenos a los concesionarios de explotación de recursos naturales, previa consulta de los pueblos y el compromiso para preservar el medio ambiente.
En algunos casos, expresó, se agota la vía legal, valiéndose de amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revocar los permisos de uso de suelo en poder de las empresas y para que les devuelvan a los verdaderos poseedores de la tierra su territorio, haciendo valer una jurisprudencia resuelta y emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre el derecho de las tierras de los pueblo.
“Lo que estamos construyendo ahora con la ley de consulta indígena es que nunca más un presidente entregue a extranjeros lo que pertenece a los pueblos indígenas de México”.
Denunció que durante los últimos tres sexenios (en los tiempos de los ex mandatarios Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón) se entregaron como “estampitas navideñas” un total de 96 millones de hectáreas a diferentes empresas trasnacionales para ejecutar la explotación de recursos naturales, principalmente operar minas de plata y oro.
“Sabemos que algunas de las concesiones ya han hecho uso de los terrenos para operar las factorías, otros están en vía, pero lo cierto es que en cada sitio donde se otorgó hay visos de conflictividad social.”
Jaime Martínez detalló que el país existen registrados hasta el año pasado 857 proyectos de explotación y extracción minerales distribuidos en 16 estados, donde destaca Sonora con 206; Chihuahua, 120; Durango, 97; Sinaloa, 85, y Zacatecas, 66.
“El principal problema es que estas empresas no ven como socios a los pueblos indígenas, los ven como un estorbo, y por el otro lado realizan una explotación irracionales de los recursos naturales, ya que utilizan métodos que dañan el ecosistema.
También hay quejas por rentas de terrenos a pago de miserables cuotas, lo que es considerado como un exceso y un abuso, aseveró el comisionado.
Martínez dijo que su compromiso es buscar que los pueblos indígenas sean respetados e incluso considerados socios en varios de los proyectos operados por las empresas extranjeras, además de que haya compromisos previos por generar una sustentabilidad, cuidado del medio ambiente, generación de empleos y obras de infraestructura, como caminos y carreteras para los pueblos involucrados.
“Es necesario dignificar a los pueblos indígenas para que tengan beneficios de la extracción de minerales que se hacen en sus territorios, porque en la mayoría de los casos las mineras solo saquean la riqueza natural, y dividen a nuestros pueblos”.
Afirmó que se busca construir un país donde todos ganen: “Ya no podemos tener un país pisoteando, ni lastimando los derechos de los pueblos indígenas”.
De acuerdo con el “Estudio de la minería en México, elaborado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de la Segob”, “Desde 1993 (año en que comenzaron las negociaciones para la apertura comercial del país) hasta finales del 2012 (última cifra publicada) se han otorgado 43 mil 675 concesiones mineras que representan una superficie territorial de 95 millones, 765 mil 800 hectáreas, lo que significa casi la mitad del país”, dice el estudio de la dependencia del gobierno federal.