El senador Andrés Villca que representa al sector cooperativo mencionó que en la socialización del borrador del proyecto de Ley Minera se pudo constatar que los cooperativistas tienen mínimas observaciones a la nueva norma.
Señaló que el sector minero cooperativo acepta esta ley, no obstante como ninguna norma es perfecta existieron algunas discrepancias, pero de forma no de fondo, las cuales serán presentadas al Poder Ejecutivo para que puedan ser subsanadas y de una vez se apruebe la ley minera que es de vital importancia para todos los operadores del subsuelo.
Indicó que una vez que se concluyó el borrador del proyecto de ley minera, los diferentes operadores mineros comenzaron con la socialización en todos los departamentos para que la norma pueda ser modificada si así se requiere.
Manifestó que, en el marco de esta disposición, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) realizó las socializaciones en todos los departamentos donde se pudo recoger algunas observaciones que no inciden al fondo del proyecto de ley.
Mencionó que, una vez que los diferentes sectores concluyan con la etapa de socialización, el Poder Ejecutivo deberá subsanar las observaciones que se tenga de acuerdo a lo que establezcan las normas, para que luego se remita a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Sostuvo que uno de los temas que trataron las cooperativas se refiere al factor impositivo, señaló que de forma unánime los cooperativistas decidieron pagar el 1 % del total de lo que se entrega a las comercializadoras, lo cual será un aporte a la economía del Estado.
Aseveró que esta norma debía estar concluida en julio pero se alargó la revisión porque es necesario que los tres sectores que son la empresa privada, estatal y cooperativa, hagan conocer sus criterios para que sea una ley consensuada.
Explicó que, mientras no se tenga esta nueva ley, se trabaja en base al Código Minero que está en vigencia, manifestó que existe preocupación por parte del sector privado porque las inversiones son inciertas mientras no se tenga una norma que rija la actividad minera; además de otros problemas con los comunarios que rechazan esta actividad porque contamina al medio ambiente.