La comunidad La Maraña, enmarañada entre caminos serpenteados, tramos de asfalto y tramos de piedra, la encontramos escondida en el municipio de Ilobasco, Cabañas, a 65 kilómetros de San Salvador. Ahí se conmemoraba con una misa el quinto aniversario de la muerte de tres ambientalistas de comunidades aledañas, quienes se opusieron a la operación de la empresa minera canadiense Pacific Rim/Oceana Gold, quien actualmente ha demandado a El Salvador ante instancias internacionales por más de $300 millones de dólares por negarle actividad minera en “El Dorado” en la zona norte de Cabañas.
Pacific Rim, ahora llamada Oceana Gold, comenzó operaciones mineras en El Salvador en 2002 en El Dorado. La empresa no ha suspendido operaciones, aunque únicamente puede realizar exploración y no explotación minera.
Gato Encerrado le presenta la crónica de los hechos, y las dudas en torno a las medidas de protección que Derechos Humanos y Amnistía Internacional exigían para los ecologistas masacrados y sus familias, y que no funcionaron.
Dora Sorto
Era el 20 de diciembre de 2009, faltaban cuatro días para Nochebuena y la familia Santos Sorto planificaba la comida y celebración navideña en su vivienda ubicada en el cantón Trinidad en Sensuntepeque, Cabañas. El año estaba por terminar; año en el que la lucha por la defensa del agua, las tierras y el medio ambiente local se intensificaron a raíz de la instalación de una empresa dedicada a la actividad minera metálica. Pacific Rim llegó a la ciudad.
En esa confabulación navideña estaba Dora Alicia Sorto, y algunos de sus siete hijos. Dora, de 32 años, tenía ocho meses de embarazo. Durante esa planificación recibieron una de las peores noticias que auguraba el triste final de quienes luchaban por sus derechos ambientales. Ese día le notificaron que Ramiro Rivera, compañero de lucha de Dora, había sido asesinado. Su esposo José Santos Rodríguez acompañaba a Ramiro pero logró escapar.
Ante esa mala noticia, y por temor a represalias, se decidió cancelar la Navidad en la familia Santos Sorto. Meses antes el esposo de Dora había perdido dos dedos de su mano derecha a manos de un presunto empleado de Pacific Rim.
Seis días después de esa trágica noticia, el sábado 26 de diciembre de 2009, José Santos discutía con algunos vecinos y líderes comunales sobre la importancia de tomar medidas de seguridad en la comunidad cuando escuchó cinco disparos cerca de su vivienda. “Quizá mataron a mi esposa” pensó. Corrió a su casa y constató su mal presentimiento. Ahí estaba ese hombre a quien le habían matado una parte de su vida. “Me buscaban a mi pero al no encontrarme mataron a Dora” gritó antes de explotar en llanto. La minería cobraba sus víctimas.
Dora había ido a una quebrada cercana a lavar, y la acompañaba su hijo de dos años quien resultó con lesiones. Dora cayó fulminada en esa vereda por donde tantas veces había caminado, no cayó sola, su hijo de ocho meses de gestación cayó con ella.
Ramiro Rivera
Un dirigente comunitario. Agricultor de oficio y padre de dos hijos. Se dirigía en su vehículo cuando según la versión de testigos, varios sujetos los emboscaron usando fusiles M-16. Junto a Ramiro murió la señora y también ambientalista, Felicita Echeverría.
Lo raro de este ataque es que Ramiro se conducía con dos agentes policiales que estaban para protegerlo por medidas cautelares, que poco o nada supieron hacer para evitar su muerte y la de su acompañante.
Marcelo Rivera
Promotor cultural, director de la Casa de la Cultura del municipio de San Isidro en Cabañas. Fue también pionero de la resistencia comunitaria contra la minería metálica. Fue secuestrado el jueves 18 de junio de 2009. Su familia y amigos lo buscaron por 20 días. Fue encontrado por forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) el 7 de julio, y tres días después confirmaron su identidad. Era Marcelo Rivero, asesinado con señales de tortura.
Juan Francisco Durán
La agencia internacional de noticias BBC Mundo, documenta la muerte de un cuarto ambientalista de la zona asesinado presuntamente por la misma causa. Juan Francisco Durán de 30 años de edad, participó una mañana en una movilización contra proyectos mineros. Ese día pasó un vehículo con vidrios polarizado. El miércoles 3 de junio de 2011 Juan regresaba de la universidad donde estudiaba idiomas desde San Salvador, hacia Ilobasco, Cabañas, pero nunca llegó a su destino. Su cuerpo fue encontrado con tres disparos en la cabeza.
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Los asesinatos de dichos ambientalistas tienen más preguntas que respuestas. Y es que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Policía Nacional Civil (PNC), plantearon como hipótesis inicial que estos hechos respondían a rencillas familiares o personales de las víctimas, y los agregaban a homicidios comunes, sin tomar en cuenta las amenazas y hechos previos en donde ya se habían visto involucrados empleados de Pacific Rim, y vecinos que apoyaban la minería.
De hecho, el economista y ex vicepresidente de Pacific Rim en 2009, Rodrigo Chávez Palacios, es actualmente acusado por el asesinato de un exempleado de la Alcaldía de Santa Tecla; no obstante, la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas), solicitó en septiembre de 2014, se amplíe la acusación como autor intelectual de la muerte de los ecologistas.
Según Yanira Cortez, procuradora adjunta para los derechos ambientales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (P.D.D.H), el hecho de ser un protector del medio ambiente, los convierte en protectores de los derechos humanos, y por ende tenían medidas cautelares de protección para ellos y sus familias.
-Preguntamos: si los ambientalistas tenían medidas cautelares de protección, y los asesinaron ¿qué falló? – “Nosotros como Procuraduría nos preguntamos lo mismo en ese momento, y cuestionamos cuál fue la falla en ese proceso. Cuando estas medidas de protección no funcionan, es cuando entran ciertas dudas en la investigación de los hechos, y esas dudas aún persisten por lo tanto creemos que no haber investigado y no saber la verdad, ha dejado lesiones abiertas en esta comunidad” responde la procuradora Cortez.
Desde 2009, año en que sucedieron estos tres asesinatos, la PDDH condenó los hechos y exhortó a la FGR a investigar en base la sospecha de haberlos asesinado por la defensa de los territorios asediados por la actividad minera de Pacific Rim/Oceana Gold. No obstante, la línea de investigación que supondría la muerte de los ambientalistas por temas ecológicos y de defensa de terrenos nunca fue agotada según Cortez.
La PDDH solicitó las medidas cautelares de protección sobre las víctimas en el momento en que fueron amenazadas, y sobre las víctimas indirectas en este caso. Además cada ecologista de la zona tiene dichas medidas de protección. En 2010 presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La misma CIDH emitió medidas cautelares a favor de quienes defienden los derechos mediomabientales, y de sus familiares.
Extraoficialmente, Gato Encerrado supo que el testigo criteriado con el que contaba la Fiscalía para sus investigaciones fue asesinado, por lo que los presuntos autores materiales quedaron en libertad, frecuentando la zona y amenazando a familiares de las víctimas.
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Don Alejandro Guevara es un señor corpulento, arriba de los 55 años, con apariencia amable. Su vestuario dice que es un agricultor experimentado. Su sombrero café lo protege del sol, pero se lo acomodó para hablar con Gato Encerrado.
Él es familiar de Dora Soto y Ramiro Rivera. Comenta sobre el cambio que generó hace cinco años la muerte de su sobrina y tío respectivamente. “Esta es una comunidad sencilla, honesta. Antes del 2009 vivíamos hermanados y no hubo ningún conflicto. Con la entrada de la minera Pacific Rim/Oceana Gold, se hizo este desorden social”.
Afirma que un día supo que sus familiares decidieron luchar por mantener intactos sus fuentes de alimentación y agua, ya que las técnicas utilizadas por la minera, empezaban a contaminar el agua y suelos. “Ellos decidieron luchar por su comunidad casi con sabiduría espiritual porque nadie tenía conocimientos de contaminación ni afectación del medio ambiente, y luego cuando vienen los técnicos y expertos, nos dieron la razón”.
Dice que él ha sido víctima de distintos atentados en su contra, y que incluso tiene a familiares viviendo fuera del país por temor a ser asesinados. “Hemos sido amenazados de diferentes formas. El 3 de octubre 2014 a mi me hicieron un atentado, y gracias a Dios aquí estoy contando la historia” recuerda.
El golpe familiar por la pérdida de dos de sus familiares el mismo mes no fue fácil. “Por familia me sentí demasiado adolorido por cómo murieron. Uno se conmueve y queda destrozado. Pero al mismo tiempo nos daba fuerza para continuar con esta causa, y seguir luchando contra las empresas extractivistas que vienen a robarnos y a violar los derechos humanos”.
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La historia de don Alejandro contrasta con lo que Derechos Humanos afirma, ya que según la procuradora Cortez, por el momento no tienen reportes de amenazas ni afectaciones a familiares ni ecologistas. Tanto la CIDH como Amnistía Internacional ha ordenando al Estado salvadoreño proteger a las víctimas directas e indirectas.
-Y preguntamos ¿Las medidas cautelares protegen también a los familiares de los ecologistas? Porque presuntamente asesinaron al testigo criteriado que colaboraba con la investigación, y a quienes se acusaban de estos delitos estarían en libertad, y amenazando a familiares de Dora Sorto.
-“Por eso repito, si se hubiese conocido la verdad en su momento, no hubiese habido una escalada de violencia, y la familia de Dora no viviera en clandestinidad. Sabemos que no están viviendo en una situación muy digna. Estas víctimas indirectas no han tenido la atención por parte de las autoridades, y eso es lo que demandamos como PDDH.” expresó la procuradora Cortez.
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A mediados de 2011 la FGR presentó la información de sus hipótesis, confirmando que sus muertes no tenían nada que ver con el tema minero. Por este caso ya guardan prisión seis de los nueve acusados. Una vez cerrado el caso, en noviembre de 2012, el Comité Ambiental de Cabañas solicitó reabrir los casos de Dora Sorto y Ramiro Rivera. A la fecha, no han tenido respuesta.
¿Porqué oponerse a la minería?
De acuerdo al estudio “Impactos de la minería aurífera en El Salvador” realizado por Cáritas El Salvador y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), en antiguos proyectos mineros ejecutados en el país en los años 1970, todavía se puede medir concentraciones de cianuro de 2 a 6 mg/l, de arsénico de 0.5 a 0.7 mg/l y de plomo de 0.3 a 0.5 mg/l.
El mismo estudio, incluso publicado por agencias de noticias internacionales, asegura que el uso de agua para la lixiviación, que es el proceso con el cual se obtiene un sólido mediante el uso de un disolvente líquido, sería de unos 10 litros por segundo, equivalente a unos 900.000 litros por día en cada mina.
Cinco años han pasado de la muerte de Dora, Ramiro y Marcelo. No son los únicos que han perdido la vida en su causa pues la lista es extensa. La justicia salvadoreña aún no esclarece del todo el caso, y tampoco garantiza la seguridad de quienes siguen en oposición a la minería metálica en La Maraña. Su pueblo ya los considera mártires, y en su conmemoración gritan consignas referentes a no callar, a continuar con la oposición a la minería.
Fuente: Gatoencerrado