Pese a incumplimientos en manejo de residuos, minas siguen abiertas.
La segunda deuda con la salud de los colombianos y el medioambiente está en el cumplimiento del proyecto para acabar con el uso del mercurio.
Desde el 2013, en el país se creó un Plan Nacional de Mercurio con el fin de reducirlo y eliminarlo gradualmente, y según el cual el mercurio será erradicado de la minería el 5 de julio de este año, y de toda la industria en el 2023. No obstante esas metas, es poco lo que se ha cumplido de esa ley, que ya ajusta cinco años.
Un ejemplo de ello es que aunque en abril del 2016 debía estar implementado el registro de usuarios de mercurio, con el fin de conocer quiénes son los emisores y poderlos controlar, esa inscripción solo llega al 4 por ciento. En las principales regiones mineras (Antioquia, Nariño, Urabá y Chocó) se han identificado 318 puntos de emisiones de mercurio, pero las minas, entables o compraventas que figuran en el registro son solo 13.
Uno de los casos más dramáticos es el de Antioquia, que tiene el 46,6 por ciento de la participación en la minería aurífera del país, pero en el que solo una mina está registrada. La Contraloría también encontró que hasta agosto del año pasado, en ese departamento se habían entregado 16 licencias ambientales a mineros de oro que usan mercurio. Aunque hay casos de graves incumplimientos en el manejo de los residuos, la Corporación Ambiental no ha avanzado en el cierre definitivo de ninguna de esas minas.
La eliminación de este mineral es clave, ya que contamina la cadena trófica (peces, fauna, flora y seres humanos), destruye hábitats y fuentes hídricas. En las personas causa daños en el desarrollo intrauterino, el cerebro, el sistema nervioso, e incluso puede causar la muerte.
Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, asegura que la minería formal de oro en Colombia “no utiliza mercurio en sus procesos” y que “las empresas afiliadas a la ACM han venido trabajando desde hace años en la sustitución de esa sustancia”.
Sin embargo, dijo que este no es el mismo panorama en la minería ilegal, “en la cual la regla general es el uso de esta contaminante sustancia”. Por eso, la asociación le ha pedido al Congreso que avance en la aprobación del proyecto de ley 169 de 2016 –que está en curso– contra la extracción ilícita de minerales.
Aunque en el país se redujo la importación de mercurio en los últimos años de 100 a 2 toneladas anuales, el presidente de la ACM afirma que una de las dificultades para controlar el mercurio es que “no existe un registro único de importación y/o compra”.
La Contraloría dice que las autoridades ambientales no han realizado una evaluación completa de las emisiones de mercurio. Aunque el Gobierno ha identificado las fuentes de liberación en el agua, “no se han realizado estudios de liberaciones al suelo ni al aire, pese a que la fuente de mercurio más contaminante son las emisiones al aire”, dice el informe.
Otra de las irregularidades consiste en que hace 17 años, en el país no se cambian los límites de emisiones atmosféricas de mercurio, aunque las condiciones ambientales han cambiado y, a la fecha, no hay normas sobre el límite de mercurio permitido en el suelo.
Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, asegura que la minería formal de oro en Colombia “no utiliza mercurio en sus procesos” y que “las empresas afiliadas a la ACM han venido trabajando desde hace años en la sustitución de esa sustancia”.
Sin embargo, dijo que este no es el mismo panorama en la minería ilegal, “en la cual la regla general es el uso de esta contaminante sustancia”. Por eso, la asociación le ha pedido al Congreso que avance en la aprobación del proyecto de ley 169 de 2016 –que está en curso– contra la extracción ilícita de minerales.
Aunque en el país se redujo la importación de mercurio en los últimos años de 100 a 2 toneladas anuales, el presidente de la ACM afirma que una de las dificultades para controlar el mercurio es que “no existe un registro único de importación y/o compra”.
La Contraloría dice que las autoridades ambientales no han realizado una evaluación completa de las emisiones de mercurio. Aunque el Gobierno ha identificado las fuentes de liberación en el agua, “no se han realizado estudios de liberaciones al suelo ni al aire, pese a que la fuente de mercurio más contaminante son las emisiones al aire”, dice el informe.
Otra de las irregularidades consiste en que hace 17 años, en el país no se cambian los límites de emisiones atmosféricas de mercurio, aunque las condiciones ambientales han cambiado y, a la fecha, no hay normas sobre el límite de mercurio permitido en el suelo.