En histórico resolutivo y cumpliendo sorpresivamente con lo que establece la ley, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó, con fecha 5 de junio, la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto de minería a tajo abierto con contenidos de oro y plata en el cerro de El Jumil, municipio de Temixco, Morelos, promovido por la empresa Esperanza Silver de México, SA de CV.
Esta decisión representa un triunfo del amplio y diverso movimiento de la sociedad civil y de los pueblos morelenses que con admirable constancia, dedicación y valentía afrontó a una compañía minera canadiense que durante años había tejido una red clientelar de lealtades y complicidades entre habitantes de la zona, autoridades locales y funcionarios de diversas dependencias para inclinar a su favor autorizaciones y factibilidades para la apertura de la mina en una de las concesiones –que suman más de 15 mil hectáreas– otorgadas por la Secretaría de Economía, que incluyen nada menos que la totalidad del sitio arqueológico de Xochicalco, considerado por la Unesco, patrimonio de la humanidad.
Esta victoria del movimiento contra la megaminería tóxica fue posible no sólo por la justa y legítima argumentación contra la iniciativa minera, expuesta inteligentemente y en corto tiempo, sino por la multiplicidad de actores que se manifestaron y actuaron contra el proyecto: en primerísimo lugar, los pueblos de los municipios que se verían directamente afectados por los daños a la vida humana y el medio ambiente, agua, flora, fauna, biodiversidad, incluyendo quienes en Tetlama han sido amenazados y sufren el acoso de personeros de la Esperanza que no toleran ni respetan los derechos de los opositores, y han causado un desgarramiento social que deberá ser atendido con prontitud. En segundo término, los y las activistas de un conjunto de organizaciones y colectivos sociales de muy diversa naturaleza, gremiales, ambientales, incluso empresariales, que con encomiable entereza se dieron a la tarea de informar y concientizar a la sociedad morelense sobre la maldición minera.
En tercer sitio, los académicos de un amplio espectro que va de la biología, la geología y la medicina a la sociología, la antropología y la arqueología, quienes documentaron –ante diversas autoridades de todos los niveles, foros y medios de comunicación–, la irracionalidad de todo el proyecto y los irreversibles daños que éste traería a Morelos. En cuarto lugar, las diversas autoridades, como el gobernador del estado, las máximas autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quienes manifestaron en sendos documentos dirigidos a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) sus opiniones técnicas en las materias de sus respectivas competencias sobre la inviabilidad extractivista.
En este sentido fue crucial el cambio notable de la posición mantenida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que los especialistas en ingeniería de conflictos de la corporación minera habían clasificado –de acuerdo con la misma manifestación de impacto ambiental de la Esperanza Silver– como institución favorable a sus propósitos.
Con la llegada de Sergio Raúl Arroyo a la dirección general del INAH y de Bolfy Cottom a su secretaría técnica, fue posible la apertura de un diálogo entre investigadores y autoridades, que permitió replantear de manera integral la defensa que por ley obliga al instituto a descartar los elementos de la actividad minera que podrían afectar a Xochicalco, su poligonal y sus zonas adyacentes. En el oficio 03865 de la SGPA/DGIRA/DG, en el que da a conocer el rechazo de la manifestación de impacto ambiental de la mina, queda claramente asentado que: El INAH concluye que la explotación minera es incompatible con la conservación del patrimonio arqueológico, con fundamento en diversos artículos de su Ley Orgánica, de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y de la Ley Federal de Patrimonio Arqueológico.
Este pertinente cambio rehabilitó el prestigio del instituto y constituyó en los hechos una llamada de atención a las direcciones, consejos y coordinaciones de Arqueología y del departamento jurídico del INAH, que habían prácticamente liberado la zona de El Jumil, haciendo caso omiso de la opinión fundada de arqueólogos del centro regional, desconociendo que la urbe prehispánica de Xochicalco se encuentra dentro de una concesión (la denominada Esperanza V) y sin tomar en cuenta la relevancia de las estructuras arqueológicas en el cerro de El Jumil, ni que el uso de explosivos y las vibraciones que se generarían pudieran afectar las estructuras patrimoniales y las grandes cavernas de techos inestables al norte de la zona. Aquí hay que reconocer que la DGIRA fue sensible y coincidente con los efectos al paisaje y al patrimonio cultural que ocasionaría la explotación de metales, considerando a la zona arqueológica, además de parte del paisaje, como un elemento inducido por el hombre, acorde a la definición de ambiente consignada en el artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Además de las cercanías de la planeada mina con Xochicalco, con el aeropuerto de Cuernavaca y el basurero de Tetlama, la carencia de agua fue argumento estructural para el rechazo del proyecto, ya que el consumo anual requerido de 760 mil metros cúbicos corresponde nada menos que a 51.14 por ciento de la disponibilidad existente de acuerdo con la Conagua, por lo que se afectaría el suministro del líquido vital de las comunidades colindantes.
Por el momento, se ha ganado esta batalla por la vida en esta guerra prolongada contra la minería tóxica y contra el entreguismo de los gobiernos de traición nacional que Carlos Marx identifica como aquellos que sacrifican el deber nacional por el interés de clase.