Santa Cruz es otra de las provincias sobre la cual se prepara una batería de empresas que acudirán por las riquezas del subsuelo sin ningún tipo de escrúpulos ni de control.
De hecho se promociona con grandes letras de molde, que ya existen 80 proyectos listos para avanzar sobre el macizo del Deseado, donde – vaya paradoja – recientemente se descubrió una enorme riqueza arqueológica que implicarían bosques petrificados y fósiles de enormes animales que existieron en eras pasadas. Debido a que la minería es «una cuestión de Estado», hecho que quedó demostrado cuando Cristina Fernández enarboló en un mismo acto la bandera argentina y la de la Barrick Gold, todas las provincias tienen la obligación de adecuar sus recursos a los negocios que vienen a realizar las multinacionales y ello implica, obviamente, la salida de los minerales en su mayor cantidad, en el menor tiempo posible.
Sin embargo, desde hace unos años a esta parte, tanto los gobiernos como las empresas tienen un problema hasta hace poco inesperado: la reacción social. En
Santa Cruz aún la sociedad parece estar ajena y dormida, pero en Chubut hay mayor conciencia social y existe una apertura mental a la hora de evaluar lo que las empresas prometen, lo que en realidad dejan, cuánto se llevan y en qué condiciones se retiran. La ecuación es absolutamente negativa para las poblaciones impactadas, por lo tanto la resistencia pública a la megaminería es cada vez mayor.
La única herramienta que posee el ciudadano común son los medios de difusión pública y hoy, las redes sociales y los medios masivos de mayor injerencia, tanto locales como nacionales, conforman un obstáculo que hasta hace poco no imaginaban. Contra esto deben luchar y para ello cooptan voluntades políticas y empresariales, promoviendo todo tipo de promesas y propaganda de la «minería blanca», cuando en realidad no pagan por lo que se llevan (regalías de 1%), no abonan por lo que consumen (agua dulce, canon irrisorio sin control de consumo), no dejan absolutamente nada en las comunidades que impactan, producen daño ambiental irreparable y se llevan los recursos a un costo ínfimo, en un momento en que la onza de oro supera los 1.700 dólares. (Agencia OPI Santa Cruz)
Contrariamente a la pasividad santacruceña, Chubut rechaza la minería a cielo abierto, el cianuro y los políticos que la impulsan.
Los habitantes de Esquel se movilizaron el día sábado para reafirmar la voluntad pública de oponerse a la megaminería ya la utilización del cianuro, dado que la erradicación del uso de este tóxico fue una conquista popular de movilizaciones similares ocurridas en el 2003. La avanzada de proyectos mineros es alentada, propiciada e impulsada por todo el arco político dasnevista, pero necesitan (por razones políticas) concentrar el consenso popular a su favor.
Tal como lo informáramos en nuestra nota del 03 de agosto «El discurso funcional de Martín Buzzi, preparando el terreno para el saqueo minero», la orientación general del dasnevismo y el kirchnerismo en Chubut, es sustentar la introducción de la megaminería (a cielo abierto) y la utilización del cianuro para el proceso de lixiviación (prohibido por ley) en el territorio chubutense, estrategia que tiene su llave en un solo sector: la opinión pública.
Martín Buzzi, flamante gobernador electo por pocos votos su adversario político, haciendo abstracción de ideologías y enfrentamientos partidarios, es punta de lanza en esta campaña ordenada desde el gobierno nacional que impulsa la minería a valores irrisorios pero a un costo ambiental y social, altísimo.
Por este motivo el día sábado en la ciudad de Esquel se realizó una manifestación popular contra el ingreso de la minería en la provincia, tratando de lograr una convocatoria suficientemente amplia y modificante, como aquella que se realizó en el 2003 cuando el pueblo chubutense logró que se prohibiera por ley la utilización del cianuro para el proceso de obtención de minerales. Precisamente las empresas mientras que esperan la bandera de largada, para avanzar sobre la meseta central, encesitan imperiosamente que el cianuro sea «des-demonizado» y que la gente se convenza de que la minería traerá la prosperidad que hoy se les niega por la prácticamente total reducción de la actividad ganadera a raíz de las cenizas.
Entre quienes impulsan esta campaña de «concientización» que precede a la introducción minera en temas específicos de su actividad, se encuenta el Intendente de Esquel Rafael Williams; el propio gobernador Mario Das Neves; el Secretario Provincial de Medio Ambiente, Juan Garitano y (obviamente) el gobernador electo e intendente de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi.
Es precisamente sobre los dichos de Buzzi que este fin de semana se activaron las alertas sociales y aparecieron los rechazos a esta campaña «pro-minera» impulsada desde el gobierno provincial. En este marco hubo una asamblea en el salón de la Cooperativa 16 de Octubre donde se puso bajo análisis «La situación con el nuevo embate minero, la invasión en el corazón de la provincia, la ley 5001 y la campaña de ayuda a los pobladores de la meseta», según lo refleja hoy el diario El Patagónico.
Corina Milán, vocera de los vecinos del No a la Mina, cuestionó: «esta semana vivimos una tormenta de declaraciones nefastas de funcionarios. Formaron filas para abrir los micrófonos para decir lo que ya veníamos estimando, pero no deja de sorprender la impunidad, el desenfado con el que se sacaron la careta».
Luego afirmó que del trabajo en las calles realizado durante las últimas semanas y en los recorridos por la meseta: «pudimos conocer el malestar enorme que produce esta burla que se está haciendo con la voluntad del pueblo chubutense, porque Esquel hizo punta, pero el mensaje es el mismo. Lo que es malo para los esquelenses es malo para todos», dijo.
En la asamblea realizada el sábado se llegó a la conclusión de que «hay un abuso de poder de la situación de comunidades más pequeñas, más vulnerables. Sabemos que en los pueblos donde ya desembarcaron y donde están terminados los procesos de exploración la información es nula. Pero creemos que hay un plan armado con acuerdo con las mineras», expresa El Patagónico.