· Campesinos de La Sierrita exigen suspender operaciones de Excellon Resources. Incumplió medidas preventivas y de mitigación de impacto, explica Proyecto de Derechos.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reconvino a la empresa canadiense Excellon Resources por provocar «daño ambiental» en la mina La Platosa, ubicada en Durango, y comenzó un proceso para determinar la sanción que le aplicará.
La organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que asesora a los trabajadores de la mina y a los ejidatarios de La Sierrita, informó lo anterior y sostuvo que los campesinos están pidiendo no sólo sancionar a la compañía, sino suspender las operaciones de esa unidad.
Explicó que la delegación de la Profepa en dicho estado notificó –el 27 de noviembre– al ejido La Sierrita de Galeana que durante la visita de inspección a la mina La Platosa encontró múltiples «irregularidades de carácter ambiental que podrían ser sancionadas administrativamente», según el oficio PFPA/16.7.453/2012.
Dicha revisión se efectuó tras una denuncia que presentó el ejido La Sierrita contra la minera el pasado 8 de octubre. En ésta se encontró que, de acuerdo con las leyes de Equilibrio Ecológico y de Protección al Medio Ambiente, Excellon debió cumplir las medidas preventivas y de mitigación de impacto ambiental estipuladas en la manifestación de impacto ambiental que presentó el 11 de marzo de 2004 ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la puesta en marcha de La Platosa.
Sin embargo, hasta el momento no ha cumplido con dichas acciones, entre ellas el desarrollo de un programa para tratar residuos sólidos, líquidos, domésticos y peligrosos, por lo cual violó el artículo 88 bis de la Ley Nacional de Aguas.
Al respecto, el presidente del comisariado de ese ejido, David Espinoza, pidió a las autoridades suspender las operaciones de La Platosa de manera definitiva, debido a que Excellon se ha negado a construir la planta tratadora para evitar la contaminación ambiental, aun cuando está obligada a hacerlo, de acuerdo con el contrato de arrendamiento de las tierras de uso común que firmó en 2008. El convenio ha sido violado en reiteradas ocasiones por la empresa, razón por la cual el ejido presentó también una demanda ante el tribunal unitario agrario para rescindirlo.