Por David Pérez
La destrucción y la contaminación se han globalizado, y ya no respetan las fronteras. De esto se han convencido los habitantes del departamento de Santa Ana, El Salvador y de Jutiapa, Guatemala, quienes protestaron unidos contra el proyecto minero transfronterizo “Cerro Blanco”, que contamina las reservas acuíferas de ambos países.
La subsidiaria Entre Mares S.A., de la empresa transnacional minera Gold Corp, de capital canadiense, hace los trabajos de exploración, con graves repercusiones ambientales, ante el drenaje ácido que provocará la contaminación del Río Ostúa y Lago Güija. Este es último tributario del Río Lempa.
David Pereira, del Centro de Investigación Sobre Inversión y Comercio (CEICOM), argumentó que la exploración minera en Cerro Blanco es ilegal, ya que El Plan Trifinio la prohibe por ser un acuerdo para proteger recursos naturales de Guatemala, Honduras y El Salvador. El acuerdo califica de “zona de protección ecológica indivisible”, los territorios de trabajo minero.
Los lugares afectados del lado salvadoreño serán: Metapán, Santa Ana, Jujutla, Guaymango, y las personas que viven en los alrededores del lago Güija y del Lempa. Mientras, del lado guatemalteco se pueden mencionar: Las Ánimas, San Rafael, Trapiche Vargas, Asunción Mita, entre otros.
Gold Corp pretende extraer del territorio guatemalteco cerca de 1 millón 579,959 onzas de oro y 4 millones 486.632 onzas de plata. No obstante, tienen el problema de haber encontrado aguas termales con altas concentraciones de arsénico durante las excavaciones, las que están siendo descargadas en el Río Ostúa.
Armando Orellana, habitante de Trapiche Vargas expresó “estamos conscientes del problemas que significa para nosotros la mina cerro blanco, estamos en peligro de muerte con este proyecto”.
Orellana considera que no basta con protestar sin ningún efecto positivo. “Hay que llamar la atención de las autoridades guatemaltecas y salvadoreñas. Nosotros en nuestra aldea no somos escuchados, pero a través de la unión con los compatriotas salvadoreños podemos obtener la atención de los gobernantes” dijo.
Hace un año, organizaciones sociales entregaron un informe con el impacto ambiental que traerá la mina Cerro Blanco, a las autoridades pertinentes guatemaltecas, sin embargo, no fueron tomadas en cuenta ya que no vieron daños en el presente, y decidieron obviar el futuro.
Octavio Gasparico, miembro de la Comisión de Justicia y Paz de Jutiapa, explicó: “nosotros ya les expusimos los riesgos por contaminación que corremos las comunidades aledañas a la mina, y respondieron que no hay contaminación; ahora no, porque eso es a la largo plazo”.
Las poblaciones que pierden sus fuentes de ingreso por causa de la contaminación de los ríos, tienen que migrar hacia nuevos lugares donde encuentren agua, pierden su fuente de ingreso, pues ya no habrá peces para alimentarse ni vender. Cerro Blanco podría, como ya se mencionó, contaminar el Río Lempa, perdiendo el derecho al agua más de 3 millones de salvadoreños.