20 de abril 2011
La primera Sala Penal de la Corte de Justicia de Áncash declaró nula la acusación de la fiscalía contra los 18 campesinos que protestaron contra la actividad de la minera Barrick Misquichilca, en el cerro Condorhuain.
La Sala Penal indicó que los cargos no están individualizados, la acusación carece de argumentos técnicos y no está sustentada con pruebas. En el expediente, la fiscalía había pedido pena de 30 años de prisión para los campesinos.
El expediente fue devuelto al Fiscal Superior de la primera Fiscalía Superior Mixta del Ministerio Público en Ancash, Mario de la Cruz Espejo, para su corrección o, de lo contrario, para que desista de su acusación.
En el expediente se acusa a Carmen Shuan, Basilio Lázaro Teodoro Rodríguez, Alejandro Vargas, Luciano Caushi, Antonio Flores, Paula Macedo y Eustaquia Miranda por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud- por lesiones graves en agravio de Victoriano Sánchez.
Además, Raúl Ángeles, Vicente Castromonte, Antonio Carrillo, Américo Sánchez, Eugenio Gonzales, Alejandro Coral, Cosme Haro, Macario Santos, entre otros, son imputados por el delito contra la libertad –secuestro, en agravio de Victoriano Sánchez, y Emiliano Cochachín.
También son acusados por delito contra el patrimonio – daños agravados, en perjuicio de la Comunidad Campesina Santiago Antúnez de Mayolo de Paccha y de la Corporación de Comuneros Unidos Miguel Grau de Seqta; además por el delito contra el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por el bloqueo de la carretera.
Los hechos se remontan a abril del 2003, cuando un grupo de cerca 300 personas arribaron al cerro Condorhuain –que es considerado sagrado por las comunidades campesinas de la zona– para protestar contra la instalación de la Minera Barrick Misquichilca.
Durante la protesta destruyeron casetas de vigilancia de la Corporación de Comuneros Unidos Miguel Grau de Seqta y se bloqueó la carretera Palmira-Santo Toribio, a la altura del centro Poblado de Pongor.