El Subsecretario de Medio Ambiente anuncia que la nueva normativa de evaluación ambiental estará vigente a partir del próximo 24 de diciembre. Sobre los pueblos originarios, dijo: «Al momento de redactar el reglamento se tomaron en cuenta los fallos de la Corte Suprema».
Es uno de los abogados con mayor experiencia en legislación medio ambiental en el país. Rodrigo Benítez asumió recientemente la subsecretaría de Medio Ambiente en el último tramo del gobierno de Sebastián Piñera.
Sin descuidar ningún detalle, el académico de la Universidad Católica monitorea cada día las tareas pendientes que restan por cumplir: presentar la propuesta para el Comité de Ministros por Hidroaysén (que tiene cerca de un 80% de avance, dice) e implementar el nuevo reglamento del SEIA y su vinculación con el Convenio 169 sobre pueblos originarios.
Con un perfil eminentemente técnico, el nuevo subsecretario sale al paso de las críticas que hablan de una excesiva demora en la convocatoria para revisar Hidroaysén. Benitez justifica los plazos: «El Comité de ministros no se puede reunir por presiones de terceros».
Todos se preguntan cuándo se reúne el Comité de Ministros por Hidroaysén.
-Hay una importante cantidad de observaciones y hay que hacer una propuesta para que los ministros resuelvan. Trabajamos de manera incesante para hacer una propuesta al Comité de Ministros por Hidroaysén y así sigue siendo. El SEIA se encuentra evaluando los recursos, los asesores de los ministros siguen trabajando y cuándo exista la posibilidad de reunirse se hará.
¿Pero, por qué hay tanta demora?
-Son en total más de 900 planteamientos que se hicieron, casi mil; todo eso requiere un estudio acucioso. Acá no se puede resolver sin análisis serio y sin fundamento, y eso requiere tiempo. Este es un proyecto muy grande, el cual ha tenido muchas reclamaciones, se escapa a cualquier tipo de reclamaciones que ha tenido históricamente otro proyecto, por lo tanto, requiere un análisis distinto, mucho más largo.
¿Cuál es la dinámica de trabajo?
-Se comienza con el análisis del servicio y luego hay un trabajo con el ministerio, y eso toma su tiempo. Los ministros tampoco pueden resolver sin tener todos los antecedentes, aunque parezca que el plazo que nos hemos tomado parezca excesivo, viendo la cantidad de observaciones que se presentaron, el trabajo ha sido continuado y serio.
Otro cuestionamiento que surgió en el caso de Punta Alcalde es si el Comité de Ministros tiene la potestad para intervenir otros proyectos. ¿Cuál es su opinión?
-El SEIA nunca ha estado impedido para intervenir en otros proyectos. Pongo un ejemplo claro: en el plan de descontaminación de Santiago, los distintos emisores deben compensar sus emisiones, y la única manera de compensar emisiones en el mundo es en terceros proyectos; es claro que debe ser en otras fuentes.
¿Las críticas dicen que no se puede intervenir en empresas?
-Lo que hizo el Comité de Ministros ni siquiera fue poner de acuerdo a ambas empresas. Lo que dijo esa instancia ministerial es que si no se hace esa intervención, simplemente el proyecto no se puede desarrollar. Es a costa del titular lograr esa medida, y si Endesa no lo puede hacer simplemente no se hace. Acá lo importante es el efecto, no quien sea el dueño del proyecto.
¿Considera injusta la juidicialización de Punta Alcalde?
-Esta fue una decisión con muchos fundamentos, por eso extraña que la gente resista una decisión como la del Comité de Ministros que buscó mejorar la calidad del aire en Huasco.
Mientras exista el espacio constitucional para presentar un recurso de protección, es evidente que los proyectos se van a judicializar. ¿Cuál fue el sentido de crear tribunales especializados?
– Yo creo que es cuestión de tiempo. Se va a producir una migración, pero siempre estará vigente la instancia constitucional.
Un revés que tuvieron que enfrentar fue la judicialización del reglamento del SEIA. ¿En qué estatus está eso?
-Fue una tarea larga para el ministerio y ya llegó a su fin. El requerimiento que se presentó frente al Tribunal Constitucional fue declarado inadmisible, los recursos de protección presentados contra el reglamento también fueron declarados de la misma forma; después presentaron recursos de reposición y de queja los cuales fueron rechazados. Podemos decir que en la arista judicial estamos tranquilos.
¿Ahora que viene?
-Hay un proceso de difusión y el nuevo reglamento del SEIA comienza a funcionar en propiedad el 24 de diciembre; se aplican a todos los proyectos que a partir de esa fecha ingresan. Los proyectos hacia atrás continúan con el reglamento antiguo.
¿Cuáles serán sus focos principales?
-Mejorar definiciones, llevar la evaluación a etapas tempranas porque detectamos que los principales problemas con los proyectos se generaban porque no se entregaba la información relevante desde un principio. Así, en etapas posteriores comenzaban a salir los problemas complejos y se topaba con la fase de participación ciudadana, por lo tanto, la tensión siempre aumenta. La idea es que ahora exista toda la información desde un principio y si hay modificaciones sustanciales se abre nuevamente la etapa de participación ciudadana.
¿Y si falta información esencial en un proyecto éste se elimina?
-Ahora existe una nueva facultad que tiene el director nacional del SEA o el director regional de dar término por anticipado a la evaluación de un proyecto cuando falta información relevante o esencial.
¿Esa facultad qué implica?, ¿las empresas deberán presentar un EIA nuevo?
-Efectivamente, de querer persistir el titular éste deberá presentar un EIA que contenga esta información, o sea, parte totalmente de cero. Acá se busca que ni el titular ni la administración pierdan tiempo, y no se dediquen a evaluar algo que a la postre no tenga sentido
¿Cómo se objetivaban mediciones en la calidad del aire, elemento que jugó en contra del proyecto Huasco de Agrosuper?
-Ahora hay guías para modelar calidad del aire con altos estándares. Lo que ocurría antes era que cada titular tenía que partir convenciendo a la autoridad que su modelo era bueno, pero no había un consenso. Ahora hay una metodología conocida, hay una estandarización.
¿Y cómo aplicarán el convenio de la 169 de la OIT sobre pueblos originarios?, ¿hay muchas críticas?
-Hubo un proceso de participación particular con comunidades indígenas. Ahora hay más de 15 artículos que regulan la consulta indígena. Además, al momento de redactarlo se tomaron en cuenta los fallos de la Corte Suprema.
Independiente que la mesa de desarrollo social no se apruebe, ¿el reglamento cumple?
-El reglamento se hace cargo del espíritu del Convenio 169. Ahora se aplica durante todo el proceso de evaluación, y el reglamento dice claramente que las comunidades pueden influir.