Por Darío Aranda
La minería metalífera a gran escala tuvo un importante revés en Mendoza. En un contexto provincial de sostenido rechazo y movilización popular contra la megaminería, la Legislatura frenó por unanimidad el proyecto de oro y cobre San Jorge, que había tenido vía libre del gobernador y esperaba luz verde de la Cámara de Diputados para comenzar su construcción.
La compañía canadiense Coro Mining recibió el golpe menos esperado: la negativa del sector político, que había sido el principal impulsor de la actividad extractiva en la provincia. “Felicitamos al pueblo mendocino que se expresó manifestándose en la calle y luchando contra la imposición de una actividad económica de saqueo, corrupta y contaminante”, festejó la Asamblea Popular por el Agua.
La canadiense Coro Mining controla 120 mil hectáreas en Uspallata, en el norte mendocino. Allí planea explotar oro y cobre a cielo abierto, con un consumo de agua de 140 litros por segundo, doce millones de litros de agua por día.
El agua fue el punto que unió a las asambleas socioambientales, campesinos e, incluso, grandes fincas. Las asambleas fueron el motor del rechazo minero, que en 2007 habían logrado la aprobación de la Ley 7722, que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en minería y que establece la obligatoriedad de audiencia pública, una Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (Ceiam), aprobación de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte del Poder Ejecutivo y la ratificación legislativa.
La audiencia pública, realizada en octubre de 2010, tuvo rechazo mayoritario de los exponentes de la comunidad. La Comisión Evaluadora (Ceiam) resaltó 140 objeciones. Se sumó el dictamen de la Universidad Nacional de Cuyo: “El informe de Impacto Ambiental presenta gran cantidad de falencias e inexactitudes, las que impedirán garantizar su viabilidad ambiental”.
Aun así, el gobernador Celso Jaque aprobó en febrero la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Las manifestaciones de rechazo se multiplicaron, con hechos históricos para la provincia como la marcha de ocho mil personas que gritó “el agua no se negocia” en la tradicional Fiesta de la Vendimia.
Para la concreción del proyecto sólo restaba la aprobación legislativa, que se esperaba para luego de las elecciones de octubre. El miércoles 17 de agosto las organizaciones nucleadas en las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (Ampap) cortaron el acceso a la capital provincial durante siete horas.
Y la política preelectoral comenzó a incidir. El candidato a gobernador por el justicialismo y ex ministro a cargo del área de Minería Francisco Pérez prometió que –de ser electo– llamaría a consulta popular para decidir sobre el proyecto minero. Pero sus competidores le redoblaron la apuesta: la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Demócrata (PD) llamaron el miércoles a tratar sobre tablas la cajoneada Declaración de Impacto Ambiental.
Entonces, sobrevino lo inesperado. Pérez cambió su histórica posición y llamó a sus legisladores a presentarse en el recinto y votar contra la Declaración de Impacto Ambiental. En la noche del miércoles, por unanimidad, todos los partidos rechazaron el informe de Impacto Ambiental y frenaron el proyecto San Jorge.
“Es un triunfo del pueblo, no de los políticos que reaccionaron ante la presión de la gente en la calle y que instaron a rechazar en la Legislatura lo que antes, en algunos casos, habían impulsado y defendido desde el Poder Ejecutivo”, advirtió en un comunicado la Asamblea por el Agua. Francisco Pérez era ministro de Infraestrucura cuando acompañó, con su firma, la misma Declaración de Impacto Ambiental que el miércoles llamó a rechazar.
Desde el área de Prensa del gobierno de Mendoza no respondieron los llamados. Pérez tenía el teléfono apagado y con la casilla de mensajes llena. Desde Coro Mining nadie hablaba en on.
“San Jorge, San Jorge, lucha popular, que ningún partido se lo quiera apropiar”, fue el canto que se escuchó en la Legislatura de boca de las asambleas socioambientales mendocinas, que celebraron el freno a San Jorge, pero aclararon que seguirán movilizados hasta que la “última empresa megaminera se haya retirado” y recordaron que el rechazo no es sólo contra un proyecto minero sino “contra todo el modelo extractivo”.