El Consejo de Gobierno Originario del CONAMAQ, reunido en la ciudad de Oruro los días 3 y 4 de septiembre de 2012, con la participación de autoridades originarias Chacha Warmi y ex autoridades representantes de los 16 Suyus, en ocasión del 1er. Encuentro sobre Tierra Territorio y Medio Ambiente y después de haber realizado un análisis sobre la coyuntura nacional, la situación de los territorios, las amenazas frente al desarrollo del proceso autonómico, la aplicación de la justicia indígena originaria, el incremento de la actividad minera en nuestros territorios, determinan.
CONSIDERANDO:
Que las naciones y pueblos indígenas originarios somos actores constitutivos del proceso que vive el país, en el camino de construir una sociedad con plena justicia, descolonizada y armoniosa, bajo el principio del Suma Qamaña, SumajKawsay o Buen Vivir.
Que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene entre sus fines garantizar el bienestar, desarrollo, seguridad, protección, igual y dignidad de las nacionespueblos indígenas originarios y sus comunidades, sustentados en la unidad, igualdad, inclusión,dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad y armonía.
Que, se reconoce la integralidad de los territorios indígenas originarios, el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables, a aplicar sus normas propias, a ser administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza.
Que el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu CONAMAQ, tiene como principio fundamental la reconstitución de los territorios ancestrales, el cuidado y la protección del medio ambiente, la biodiversidad, las áreas protegidas, la Pachamama, el ejercicio de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución Política del Estado y los instrumentos jurídicos de derecho internacional.
Que a la fecha el gobierno nacional a través de los Órganos Ejecutivo y Legislativo, se encuentranen proceso de elaboración de la nueva normativa referida a Minería, Agua, Consulta y la Madre Tierra, de manera unilateral y sin la participación de las naciones y pueblos originarios de las tierras altas del país representados por el Consejo Nacional de Ayllus del Qullasuyu CONAMAQ.
Que esta situación ratifica la consolidación del Estado nación colonial, que define su desarrollo en el modelo extractivo, en desmedro del Estado Plurinacional y de los territorios de las naciones y pueblos indígenas originarios, los cuales han sufrido de forma histórica el saqueo de la Madre Tierra, la desintegración de sus territoriosy el desconocimiento de sus estructuras de gobiernos originario.
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, en uso de legitimasatribuciones, RESUELVE:
PRIMERO.- Exigimos al gobierno la aprobación sin modificaciones de los Anteproyectos de Ley Marco de Consulta Previa Libre e Informada, Ley de la Madre Tierra, Ley de Aguas, propuestas elaboradas por el CONAMAQ y consensuadas con otras organizaciones sociales. Ratificando el rechazo a la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral, aprobada por la Cámara de Diputados, por ser contraria a nuestra cosmovisión.
SEGUNDO.- Desconocer de manera enfática el anteproyecto de Ley de Minería, trabajado por el Ministerio de Minería y Metalurgia, por promover el desarrollo de una minería transnacional, solapada en la utilidad pública, por ser contraria al principio del Buen Vivir, elemento fundamental para el desarrollo sustentable de todas y todos los bolivianos en armonía con la Madre Tierra y por ser atentatoria a los derechos de los pueblos indígenas originarios, reconocidos en la Constitución Política del Estado y las normas internacionales.
Asimismo exigimos la Nacionalización de los yacimientos entregados a las transnacionales y la recuperación de las operaciones mineras bajo contratos de Riesgo Compartido.
TERCERO.- Al ser el acceso al agua un derecho fundamental, manifestamos nuestra preocupación ante la definición del Ministerio de Minería de reconocer y consolidar el derecho al uso de aguas de dominio público, a favor de los titulares de derechos mineros, en desmedro de las comunidades indígenas originarias y de su derecho al acceso al agua y al uso de este componente para el desarrollo de iniciativas agrícolas productivas de las ayllus y markas indígenas originarias y del país en su conjunto. Exigimos que la regulación del aprovechamiento del agua en las industrias mineras, deba estar en función de la prioridad del agua para la vida establecida en la Constitución política del Estado.
CUARTO.- Repudiamos la intención del Ministerio de Minería y Metalurgia, de restringir el ejercicio del derecho a la Consulta Previa Libre e Informada, a los ayllus, Markas y suyus afectados por el desarrollo de actividad minera en su territorio, y reducirlo a una “Consulta Pública Previa”, que limita el alcance de lo reconocido en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, desnaturalizando la libre determinación, las normas y procedimientos propios y las instituciones representativas de las naciones y pueblos indígenas originarios; mediante un proceso en el que una instancia estatal asume el derecho de decidir sobre la vida y el futuro de una comunidad con la excusa de preservarel “interés nacional”.
QUINTO.- Condenamos la intención del Ministerio de Minería y Metalurgia, de constituirse en la autoridad ambiental competente para el desarrollo de actividades mineras, y la instancia administrativa autorizada para la otorgación de licencias y fichas ambientales, situación que expresa una claraintención de no desarrollar una política nacional de gestión ambiental para las actividades mineras en cada una de sus etapas ni de velar por el cuidado de medio ambiente y la preservación de la vida. Siendo que a la fecha los ayllus, Markas y suyus de tierras altas son las víctimas de la contaminación minera y falta de control por parte del Estado.
TIERRA Y TERRITORIO
SEXTO.- Exigimos la convocatoria inmediata a la XVI CITCO (Comisión Interinstitucional de Tierras Comunitarias de Origen) de tierras altas en el mes de noviembre para evaluar estrictamente el avance de los procesos de saneamiento de TCOs y delinear futuras medidas para cumplir con el saneamiento total de los Territorios Indígenas en Tierras Altas.
Exigir al Gobierno Central el cumplimiento del acuerdo con la VIII Marcha indígena Originaria de gestión de recursos ante el TGN y otras organizaciones para la continuidad del proceso de saneamiento de TCOs entre las alternativas.
SEPTIMO.- El INRA no debe permitir, ni direccionar procesos de tipos de saneamiento Simple y CATSAN dentro de los territorios ancestrales, debiendo respetar la decisión de los ASyllus, Markas y Suyus.
OCTAVO.- Exigimos la enmienda de la Ley Nº 3545 de Reducción Comunitaria de la Reforma Agraria, en sus artículos referidos a los plazos perentorios para la conclusión de los procesos de saneamiento y titulación fijados a noviembre de 2013, debiendo rectificarse los mismos para permitir el saneamiento y titulación total de los territorios ancestrales con recursos del TGN. En ese sentido no debe alentarse la redacción de nuevas leyes en temas agrarios que atenten contra los TCOs.
NOVENO.- Denunciamos la marginación y discriminación en el proceso de implementación de las autonomías departamentales, como también la falta de recursos para el fortalecimiento de las estructuras de gobierno y la institucionalidad normativa de las autonomías indigenas originarias. Exigimos la inmediata instalación de Mesas indigenas para la construcción e implementación de las autornomias departamentales.
Exigimos a los Órganos Legislativo y Ejecutivo, trabajar una propuesta conjunta para la modificación a la ley de Deslinde jurisdiccional, Ley marco de Autonomías y Descentralización, con prioridad respecto al procedimiento para acceder a la consolidación de las autonomías indígenas originarias y el respeto a los usos y costumbres en ejercicio de la justicia indígena originaria.
DECIMO.- Ratificamos la decisión del Concejo de Gobierno, de denunciar la vulneración del derecho de las naciones y pueblos indígenas originarios a participar en el diseño de la boleta del Censo de población y Vivienda, y la discriminación, exclusión de la que somos objeto. Exigimos al ministerio de planificación para el Desarrollo, que de manera inmediata, incluya a las naciones y pueblos indígenas originarias de tierras altas, con sus unidades territoriales y como nacionalidades que conforman el Estado Plurinacional, antes de imprimir la boleta censal.
Lo contrario ratificara la intención del gobierno de atentar contra la construcción del estado Plurinacional en el que las naciones indígenas originarias de tierras altas somos pilar fundamental.
ES DADO EN LA 1RA CUMBRE DE TIERRA Y TERRITORIO REALIZADO EN TAYPI ORURO DE LA CAMANA DE LA NACION JACHÁ KARANGAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE AÑOS.