Elsie Florestan integra la organización campesina Tèt Kole Ti Peyizan (Cabezas Unidas Pequeños Campesinos) en la comunidad de Machabyèl en Lembé, en la región norte de Haití y que forma parte de los alrededor de 4,000 km2 —que equivalen a 15% del territorio haitiano— que se encuentran concesionados a empresas extranjeras para la exploración y explotación minera. Los expertos aseguran que las reservas de oro, plata y cobre tienen un valor de US$20 millardos.
Florestan es pobre, tiene 11 hijos y vive en una casa con grandes carencias en Machabyèl. Pero está convencida de que la minería de oro y cobre no será ventajosa para este país de 10 millones de habitantes.
“Si las empresas mineras ingresan, organizaríamos un bloqueo para evitar que accedan al yacimiento”, dijo.
En esta región muchas personas y diversas organizaciones se oponen a la actividad extractiva. Esto ha dado lugar a que exista desde hace algunos años un fuerte movimiento de resistencia para enfrentar a las empresas mineras.
Con la ayuda del Banco Mundial (BM), el tema de la minería está de vuelta en la actualidad de Haití a través de un proyecto de ley cuyo objetivo es hacer atractiva esta actividad para los inversionistas y que cumpla con el lema “Haití abierto a los negocios”, impulsado por el presidente Michel Martelly con miras en la expansión masiva del sector minero.
La iniciativa legislativa, que podría ser aprobada por el nuevo Parlamento elegido el 25 de octubre y que asumirá a inicios del 2016, tiene más de 280 artículos que flexibilizan el otorgamiento de permisos y controles, lo cual allanaría el ingreso de empresas extranjeras interesadas en la explotación minera.
Además de incluir la creación de un nuevo organismo, la Autoridad Minera Nacional, el proyecto de ley incluye los requisitos para la explotación de los recursos minerales, las condiciones generales de elegibilidad de los recursos, las licencias de exploración y de exploración, los permisos de funcionamiento, zonas de minería artesanal de oro, mecanismos de supervisión administrativa de transformación y comercialización de productos minerales, la renovación y ampliación de títulos mineros.
Falta de transparencia
Sin embargo, numerosas organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que este proyecto de ley fue elaborado sin participación de la población y sin transparencia. Según ellas, la iniciativa constituye una amenaza para el medio ambiente y a la institucionalidad del Estado.
De acuerdo con, Phanès Thélusma, activista del Kolektif Jistis Min (Colectivo Justicia Minera), organización que capacita e informa sobre los recursos mineros a las poblaciones que viven en los alrededores de las zonas mineras y comprende más de 20 organizaciones de la sociedad civil haitiana que se oponen al proyecto de ley, “la gente está lista para luchar contra la explotación minera. Diferentes documentales muestran el gran impacto negativo de esta actividad en otros países y eso les permite ver que la minería constituye un gran peligro para ella”.
Inspiradas en experiencias de varios países de América Latina y África, estas organizaciones se resisten a admitir el discurso de que la minería en Haití va a generar crecimiento y empleo. Estas organizaciones de base comunitarias se han movilizado y conformado redes de resistencia a la minería.
El Kolektif Jistis Min, junto con otras organizaciones locales e internacionales, presentó en enero pasado quejas ante el BM y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el proyecto de ley.
La queja, que recibió el apoyo de la Clínica de Justicia Global de la Universidad de Nueva York, fue rechazada por el BM. El documento solicitaba al Panel de Inspección examinar si el apoyo brindado al gobierno haitiano respetaba las directivas sobre transparencia y seguridad ambiental.
Débil gobernabilidad
Instancias nacionales e internacionales coinciden en afirmar que Haití no está listo para la explotación minera aurífera. En el 2013 el Senado consideró que “el momento era inadecuado para llevar a cabo transacciones que autoricen la explotación de nuestros recursos estratégicos”, teniendo en cuenta “la incapacidad actual del país para negociar con calma sus recursos minerales en un contexto de desequilibrio político, de debilitamiento del Estado acentuado por la ocupación militar del territorio nacional por fuerzas multinacionales”, y “dados los graves riesgos ecológicos inherentes a este tipo de actividad y el nivel ya alarmante de degradación de nuestro medio ambiente”.
En agosto, la organización humanitaria británica Oxfam presentó el informe “¿Listo para el oro? Antecedentes de Haití”, que evalúa la gobernabilidad en Haití y la capacidad regulatoria del Estado a la minería a gran escala.
“A pesar de que Haití recibió considerables sumas de dinero en asistencia al desarrollo desde principios de la década de 1990 —que se multiplicó tras el terremoto del 2010— el sistema de gestión fiscal pública (que incluye a sus instituciones, su capacidad humana, técnica y financiera, y sus leyes y políticas) sigue siendo débil, ineficaz, y propenso a la corrupción. Hay pocos indicadores, si es que existen, [que demuestren] que el sistema de gestión fiscal pública de Haití tiene la capacidad para gestionar eficazmente la bonanza anticipada proveniente de la extracción y exportación de minerales del subsuelo de Haití”, señala Oxfam.
“Queda por hacer una importante labor para hacer frente a desafíos de gobernabilidad más grandes, antes que las potencialmente grandes rentas mineras se inyecten al sistema”, sostiene.