El avance de la concentración y extranjerización de la tierra, la expulsión del campo de trabajadores y trabajadoras rurales y productores y productoras familiares, la contaminación y destrucción de bienes comunes y la pérdida de soberanía alimentaria son algunas de las principales amenazas que representa la megaminería, según las miles de personas que realizaron la 3ª Marcha Nacional en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales en el centro de la capital uruguaya, Montevideo, el jueves pasado, 11 de octubre.
La marcha, que viene involucrando más participantes en cada nueva edición, fue organizada por más de 30 organizaciones y colectivos del campo y de la ciudad, provenientes de varios departamentos del país. La variedad entre los grupos era grande, habiendo desde productores familiares y trabajadores rurales hasta colectivos ambientalistas y anarquistas, lo cual fue valorado por los participantes y organizadores como algo positivo, en el sentido de que hubo una gran unidad en la diversidad.
Una amenaza en crecimiento
Radio Mundo Real estuvo presente en la marcha, tomando algunos testimonios de representantes de distintas organizaciones que están defendiendo el territorio uruguayo en contra de megaproyectos mineros. Así, conversamos con Dinorah de la Unión de Vecinos de La Paloma, organización que está resistiendo la construcción de un megapuerto en la zona de la costa este que serviría para sacar del país, entre otras cosas, el mineral de hierro que extraería Aratiri.
En relación con las acciones que están tomando en esa región del país Dinorah cuenta que: “Ya se hizo el tercer encuentro de comunidades costeras. Nos hemos agrupado pobladores de todas las comunidades costeras del departamento de Rocha para plantear que necesitamos soluciones consensuadas, que los pobladores sean decisores en estos temas tan determinantes para nosotros y para el país en definitiva”.
Los vecinos y vecinas de La Paloma también se encuentran resistiendo un proyecto que beneficiaria a la empresa UPM (Ex Botnia), por el cual se está construyendo un camino que conduce hasta el puerto, en donde la empresa acopiaría madera para luego trasladarla a su planta de celulosa en Fray Bentos, departamento de Río Negro. Hace poco más de un mes, fue reprimida una manifestación que intentaba cuestionar las obras de construcción de ese camino en el balneario. Dinorah habla de los escasos beneficios que tendrían estas obras para la localidad: “Lo que va a ocurrir es que van a pasar 22 camiones por día que descargarán en el puerto, en donde hay una barcaza que los está esperando, y esta acción genera solamente 11 puestos de trabajo. Estamos hablando de 3 guardias de seguridad, 2 gruístas (que además no serán de la zona) y personal de carga y descarga. Eso es todo lo que va aportar a La Paloma este transporte de eucaliptos hacia el puerto”.
El proyecto de la multinacional Zamin Ferrous (Aratirí en Uruguay) no es el único proyecto minero transnacional en la actualidad en ese país. La multinacional Orosur Mining tiene pedidos de prospección para realizar minería de oro para unas 53 mil hectáreas en San José, lo que equivale a un 10 % del territorio de ese departamento.
Sobre esto, dialogamos con Reinaldo Martin, perteneciente a la asociación de productores lecheros y queseros artesanales de San José. “Está por instalarse Orosur Mining con una mina de oro en plena cuenca lechera (…) Es un atentado a un desarrollo sustentable de un rubro como lo ha sido la lechería, con población rural afincada y con desarrollo de una actividad totalmente sustentable. Creemos que no puede primar una actividad extractiva y por lo tanto tenemos que alzar la voz para comunicarle esto al pueblo”.
El productor afirmó que en caso de que prosperara la explotación en esas 53 mil hectáreas se podría llegar a afectar a más de mil familias de productores rurales.
«No se vende, la tierra se defiende»
Luego de detenerse frente a la sede de Presidencia de la República, donde se cantaron consignas en contra de la minería, la marcha se dirigió hacia la Plaza Libertad donde se dio lectura a una proclama. Allí se señaló la amenaza que significa el hecho de que ya existan en el país unas 3 millones y medio de hectáreas pedidas por empresas mineras para prospección, principalmente para minería de hierro y oro.
Pero también fueron cuestionadas otras actividades a gran escala que vienen acaparando el territorio uruguayo de forma insustentable y excluyente. Concretamente, fueron criticadas las empresas forestales y de celulosa que ocupan ya más de 1 millón de hectáreas, así como también los monocultivos de soja, y la utilización de agrotóxicos asociada a estas actividades. Asimismo, se criticaron las firmas de tratados de protección de inversiones por parte del Estado a lo largo de los años, ya que “marginan a la Justicia uruguaya” de la resolución de conflictos sobre inversiones extranjeras.
Finalmente, se reivindicó el derecho a que las poblaciones decidan qué modelo de país quieren actualmente y para las generaciones futuras. Los manifestantes cerraron la lectura de la proclama al grito de: «No se vende, la tierra se defiende».