5 de agosto 2010
El Ministerio Público interpuso ayer ante los tribunales un requerimiento fiscal en contra de gerentes de la empresa Entremares de Honduras, por daños al ambiente.
En el mismo documento se acusa a un ex funcionario de Defomin por incumplir los deberes que le impone la ley.
La minera Entremares se ubica en el valle de Siria, municipio de San Ignacio, Francisco Morazán.
La acción penal la interpuso la Fiscalía del Ambiente en contra de Cristian Fabricio Roldán Pineda y Renán Eduardo Chávez Santamaría, gerente de Operaciones y Ambiental de Entremares, respectivamente.
Se les supone responsables del delito de contaminación del agua, informó Lorena Fernández, coordinadora de la Fiscalía del Ambiente.
Asimismo, se interpuso la acusación en contra de Gustavo Adolfo Torres Garay, ex jefe de departamento de Ambiente y Seguridad de la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (Defomin), añadió.
Sobre este la Fiscalía presume que incurrió en el delito de violación a los deberes de los funcionarios. Según la Fiscalía, los delitos se cometieron en perjuicio de la salud de los habitantes de la aldea El Pedernal y del municipio de San Ignacio.
De igual modo, producto de las operaciones de la minera se perjudicó el ambiente del lugar al contaminarse el agua.
En el requerimiento se solicita al Juzgado Penal de Talanga, donde se interpuso la acción, que cite a los imputados para tomarles declaración y que se les dicten medidas sustitutivas.
Hechos
El requerimiento cita que en septiembre de 2008, por actividades propias de la minería, quedó al descubierto parte de un terreno que a causa de la lluvia provocó que aguas ácidas contaminaran la quebrada Casitas, que cruza al menos dos aldeas, detalló.
Puntualmente, este es el hecho que motiva la acusación, tras concluirse la investigación.
Se supone que en Defomin se tenía conocimiento de la contaminación, sin embargo, no remitieron muestras del agua a laboratorios internacionales, conforme a los establecido en las regulaciones nacionales.
La Fiscalía asegura contar con los elementos de prueba para acreditar los delitos y la responsabilidad de los imputados en los mismos.