Tras dos décadas del ingreso de la minería a gran escala no ha sido posible –en su gran mayoría- la convivencia con las poblaciones de las zonas de influencia directa de estos proyectos, cada vez las relaciones se han tornado más conflictivas debido a la defensa del agua y a su modelo de producción local, como es la agricultura y la ganadería, versus un modelo que impulsa a rajatabla las industrias extractivas bajo un crecimiento desordenado y sin una política de ordenamiento territorial. Las concesiones mineras y la aprobación de los proyectos se dan sin medir el impacto social ni ambiental, y el costo de ello viene cobrando muchas vidas.
Entre el gobierno de Alan García y el de Ollanta Humala han muerto 253 personas en conflictos sociales. ¿Son viables los proyectos mineros sin licencia social?
El Perú viene impulsando megaproyectos mineros por 20 mil millones de dólares, según palabras del Premier Pedro Cateriano. El país lidera la producción de oro en Suramérica, y ocupa el sexto lugar a nivel mundial; es el tercer productor de cobre a nivel global y ocupa el segundo lugar en la producción de plata.
En el año 2010 la consultora PriceWaterhouseCoopers denominaba a Perú como uno de los principales centros de inversión minera del mundo. Los gobernantes de turno hablan de cifras y de proyecciones económicas basadas en la extracción de estos recursos, y de la importancia del crecimiento económico que generan las industrias extractivas sin mencionar los costos sociales y ambientales que ello implica.
Tras dos décadas del ingreso de la minería a gran escala no ha sido posible –en su gran mayoría- la convivencia con las poblaciones de las zonas de influencia directa de estos proyectos, cada vez las relaciones se han tornado más conflictivas debido a la defensa del agua y a su modelo de producción local, como es la agricultura y la ganadería, versus un modelo que impulsa a rajatabla las industrias extractivas bajo un crecimiento desordenado y sin una política de ordenamiento territorial. Las concesiones mineras y la aprobación de los proyectos se dan sin medir el impacto social ni ambiental, y el costo de ello viene cobrando muchas vidas.
Durante el gobierno de Alan García (2006-2011) murieron 193 personas en conflictos sociales, 153 civiles.
Mientras que en la gestión del presidente Ollanta Humala, las cifras van en ascenso con el conflicto del proyecto Tía María de Southern Copper. En el lapso de 17 días han fallecido tres personas (dos civiles y un policía) en torno a este conflicto, llegando a 60 muertes durante los casi cuatro años del actual gobierno. 253 personas perdieron la vida en los últimos 9 años, debido a que la criminalización y la represión han sido una alternativa para imponer este modelo de desarrollo.
¿Sin licencia social es viable la explotación de los recursos naturales? Actualmente, Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa) no cuentan con legitimidad social, y proyectos como Tambogrande y Majaz en Piura y Cerro Quilish en Cajamarca no fueron viables por no tener licencia social. Todos estos proyectos impulsados desde el poder Ejecutivo sin diálogo con las poblaciones han dejado como saldo muertos, heridos, defensores ambientales denunciados, secuestro y torturas, como fue el caso de la minera Majaz, donde hubo flagrantes violaciones a los derechos humanos.
Optar por la militarización ha generado una tensa relación y rechazo hacia las fuerzas del orden, en estas disputas han fallecido 41 militares durante ambos gobiernos.
Desde el Poder Ejecutivo se ha ido tejiendo un manto de protección legal a las fuerzas del orden, quienes intervienen mediante represiones violentas en los conflictos. Durante los dos últimos gobiernos –García y Humala- se han aprobado diversas normas legales, como los decretos legislativos: 982, 983, 988, 989, 991 y 1095. Este último fundamenta que las conductas ilícitas atribuibles al personal militar son de jurisdicción y competencia del Fuero Militar Policial. Además se aprobaron leyes como N° 29986 (26 de diciembre de 2012) y N° 30151 del año 2014, que permiten hechos como el levantamiento de cadáveres por efectivos militares y/o policiales sin presencia del fiscal en zonas declaradas en estado de emergencia; exoneración de responsabilidad a policías y militares que maten o hieran en ejercicio de sus funciones.
Cajamarca: una región minada
En el caso concreto de la región Cajamarca, el año 2006, el campesino Isidro Llanos perdió la vida por defender el agua en Combayo. En 2012, el conflicto Conga se cobró la vida de 5 personas, entre ellos un niño. Todas estas muertes se dieron en disputas entre las fuerzas armadas y las poblaciones, ninguno de estos crímenes han sido juzgados, siguen impunes.
En esta región existe un alto índice de criminalización de la protesta y disputas entre los «pro mineros» y los «antimineros». Entre los años 2004 y 2013 se han registrado 11 muertos, 282 heridos y 303 líderes ambientales procesados, según la sistematización realizada por Gran Angular de los Informes Defensoriales del año 2005 a 2014; y reportes de las ONGs como Grufides y la Coordinadora Nacional de DD.HH, y archivos periodísticos.
Los más altos índices de los conflictos también se registran en esta región. En la última década (2005 – 2014) se han reportado cerca a mil conflictos (977), 80% se debieron a conflictos socioambientales (777); de este último indicador, 480 se debieron al agua (61.7%), mientras los conflictos por tierras fueron 104 (13.3%), de acuerdo a los reportes de conflictos de la Defensoría del Pueblo. La sistematización arroja además que alrededor de la minera Yanacocha se han dado los mayores eventos conflictivos: 241, siendo los más frecuentes alrededor del proyecto minero Conga. La minera Coimolache registra 76 conflictos en la última década, seguida de La Zanja (74), Gold Fields (74).
La expansión minera sin límites es otro de los detonantes de los conflictos. El 40% del territorio de Cajamarca está concesionado a la minería, lo que representa casi 1.5 millones de hectáreas. Según el Ministerio de Energía y Minas en la región existen 2,331 concesiones mineras, 24 unidades en producción y 9 unidades en exploración.
La superficie territorial otorgada mediante concesiones a Yanacocha es de 227,153.51 ha, con 302 concesiones acumuladas. Mientras que Chaupiloma Dos tiene 144 concesiones con 124,357.64 ha. Newmont Perú tiene 54 concesiones con una extensión de 45,056.13 ha. Así, el Grupo tiene un acumulado total de 500 concesiones, con una extensión de 396,567.28 ha en la Región Cajamarca. Esta elevada cifra convierte a Yanacocha S.R.L. en la empresa minera con mayor concesión en la región, seguida de Vale explorarion SAC, S.M.R.L. Chaupiloma II de Cajamarca, y Barrick Misquichilca S.A. (CooperAcción/Ingemmet. Oct.2014).
Minería y pobreza
El historiador Antonio Zapata señala que la enorme riqueza minera del Perú contrasta vivamente con la pobreza de las regiones donde se asienta su producción. Así por ejemplo, Cajamarca, Huancavelica y Pasco se hallan entre las regiones más pobres del Perú, no obstante la vigencia y antigüedad de la gran minería en estas localidades. Son pocas las regiones, como Moquegua y Tacna, que han logrado combinar gran minería con desarrollo. En la mayoría de casos, por el contrario, la presencia de la gran minería ha traído pobreza para las regiones y también para para los mismos trabajadores mineros.
Cajamarca, tras 22 años de gran minería, sigue siendo una de las regiones más pobres del país. Esta región, que concentra la mayor producción de oro del Perú, y que debería ser el modelo de desarrollo en el país, es la región con mayores desigualdades, lidera las cifras de pobreza en el país (53.7%) y de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. 154,800 personas de 15 y más años de edad no saben leer ni escribir, siendo la población femenina la que presenta la tasa más elevada, alcanzando el 25,5%. Asimismo, 57 mil niños de 3 a 5 años no acceden al sistema educativo, lo que arroja un déficit de 58.6%.
Si bien es cierto que la distribución de la riqueza en las zonas rurales es una tarea que le compete al Estado y no a las empresas mineras que operan en la zona, los gobiernos de turno no han buscado equidad en la distribución de las riquezas generadas durante dos décadas. Además, no ha fomentado el orden bajo un esquema de responsabilidad ambiental ni legitimidad social, ni han impulsado compensaciones en cuanto a impactos ambientales, sobre las personas y las comunidades.
¿Cuántas décadas más debe esperar Cajamarca para que su población vea los beneficios de la minería? «Más allá de las cifras macroeconómicas y de los millonarios ingresos que genera esta actividad a las arcas del Estado, lo tangible es que Cajamarca es el departamento más pobre del país y las comunidades han visto muy pocos beneficios en estos últimos 20 años», sostiene Keith Slack gerente de Programa de Industrias Extractivas de Oxfam América.
«El problema central es que no hay una mirada de desarrollo compartido, el gobierno central no articula con los gobiernos locales ni regionales, no hay una visión común de desarrollo. La actividad minera es importante, pero en un horizonte de actividades la minería no debe ser lo más importante, sino también la agricultura y la ganadería. La exclusión de otras actividades productivas de las regiones ha arrastrado a que las poblaciones queden sumergidas en la pobreza. La ausencia del Estado a nivel de la diversificación productiva es fuerte. Nosotros hemos propuesto desde el Gobierno Regional diversificar la económica con diferentes actividades, sin embargo no hay interés desde el Ejecutivo», señala Sergio Sánchez, gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Cajamarca.
Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que históricamente la región no ha logrado traducir los períodos de bonanza exportadora de sus recursos en procesos de desarrollo económico de largo plazo. Pues no se trata solo de superar el paradigma extractivista para avanzar hacia una diversificación productiva, sino también de transformar el capital derivado de los recursos no renovables de la región en capital humano -educación y capacitación-, infraestructura física y social, innovación y desarrollo tecnológico con criterios de largo plazo para impulsar el cambio estructural con igualdad.
Slack recomienda que para llevar adelante las inversiones se debe empezar a transparentar las actividades extractivistas, proveer información a las comunidades, escuchar y responder a las preocupaciones que tienen.
«Debe haber procesos de consulta, no se puede avanzar en un proyecto sí o sí pensando que las comunidades son un obstáculo para la inversión, ellos (comunidades) deben ser tratados como socios no como objetos de obstáculos, tampoco se debe quitar legitimidad a las opiniones de las comunidades, las mineras hablan de «pequeñas lagunitas», como si no fueran cosas importantes para las poblaciones, cuando son la base fundamental de su producción agrícola», dice.
Los muertos y heridos en conflictos sociales no pueden seguir siendo considerados como una consecuencia a la oposición de un proyecto extractivo, la discusión no se debe centrar en «minería sí o no». Es falaz presentar estas dos únicas opciones para poder reflexionar sobre la minería o el modelo económico en el país. Hay preocupaciones y demandas reales que deben ser atendidas.